A 19 a\u00f1os de la promulgaci\u00f3n de la ley 13.298 y de la creaci\u00f3n del Sistema de Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Derechos el antiguo paradigma tutelar a\u00fan coexiste con la perspectiva de derechos. Una convivencia inc\u00f3moda que persiste por la falta de una jerarquizaci\u00f3n pol\u00edtica y presupuestaria del sector y de un cambio radical en el enfoque.<\/p>\n
UNICEF revel\u00f3 hace poco que un mill\u00f3n de chicas y chicos se van a la cama sin cenar, cifra que se eleva a un mill\u00f3n y medio si se incluyen aquellos que se saltean alguna comida durante el d\u00eda.\u00a0\u00a0Esta realidad impacta directamente en las pol\u00edticas de ni\u00f1ez.<\/p>\n
En la provincia de Buenos Aires, durante 2023, el Sistema de Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n intervino sobre 73.200 casos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y jovenes (NNyJ) superando los 68.000 casos en los que intervino en 2022.\u00a0 Los motivos de estas intervenciones fueron: en el 61 % de los casos por\u00a0maltrato f\u00edsico o psicol\u00f3gico y \u201cla negligencia\u201d, criterio que hemos cuestionado por su imprecisi\u00f3n conceptual e interpretativa donde se cuela el paradigma tutelar y sus componentes de clase y que representa el 30 % de los ingresos al sistema.<\/p>\n
Sobre ese universo, en diciembre de 2023, hab\u00eda 4.101 NNyJ institucionalizados, la mayor\u00eda en dispositivos no oficiales (sin convenio o conveniados) con una supervisi\u00f3n estatal limitada lo que evidencia la escasez de recursos estatales y la tercerizaci\u00f3n de la respuesta.<\/p>\n
Esos lugares de alojamiento, por lo general, presentan condiciones materiales y de seguridad con graves deficiencias y se encuentran alejados de los centros de vida de los NNyJ, lo que restringe la revinculaci\u00f3n familiar. En su totalidad, el sistema carece de una perspectiva unificada, lo que resulta en un trato desigual y discrecional dependiendo del dispositivo asignado. As\u00ed la intervenci\u00f3n estatal a menudo replica las mismas violaciones de derechos que intenta prevenir.<\/p>\n
En varios dispositivos convivenciales inspeccionados por la CPM se registraron casos de tortura, malos tratos, agresiones f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas, abusos sexuales y castigos inadecuados, todas pr\u00e1cticas utilizadas como m\u00e9todos de control y castigo dentro de estos espacios.<\/p>\n
Otras pr\u00e1cticas vulneratorias que se identificaron son las restricciones en el acceso a v\u00ednculos familiares significativos, como la separaci\u00f3n de hermanos y la falta de comunicaci\u00f3n familiar o visitas que provocan graves afectaciones emocionales en los NNyJ. Adem\u00e1s quienes quedan alojados en estos dispositivos a menudo carecen de acceso a actividades recreativas, culturales y educativas en la comunidad y la organizaci\u00f3n institucional tiende a priorizar una l\u00f3gica colectiva que no respeta la singularidad y autonom\u00eda de cada NNyJ.<\/p>\n
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil<\/strong><\/p>\nCuando fallan las pol\u00edticas p\u00fablicas de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n, el sistema penal interviene de manera punitiva, agravando la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de los j\u00f3venes en lugar de ofrecer soluciones rehabilitadoras. En lugar de intervenir desde un enfoque de protecci\u00f3n de derechos, el Estado llega tarde, recurriendo a pol\u00edticas represivas que incluyen el encierro de estos ni\u00f1os y ni\u00f1as cada vez a edad m\u00e1s temprana.<\/p>\n
Desde 2006 la CPM denuncia que el sistema penal juvenil presenta cada vez m\u00e1s vasos comunicantes con el sistema penal de adultos a partir de la reproducci\u00f3n de patrones propios de la penalidad de tipo m\u00e1s duro, consolid\u00e1ndose un proceso temprano de carcelizaci\u00f3n sobre los j\u00f3venes.<\/p>\n
A diciembre de 2023, se encontraban privados de libertad 448 j\u00f3venes, el 79% (357) en reg\u00edmenes cerrados y 20% (91) en reg\u00edmenes de semi-libertad. Los centros de detenci\u00f3n juvenil administrados por el Organismo Provincial de la Ni\u00f1ez y Adolescencia (OPNyA) est\u00e1n en un estado de deterioro significativo. Las instalaciones presentan problemas graves, como estructuras en mal estado, falta de mantenimiento, y condiciones de vida inadecuadas que afectan negativamente a los j\u00f3venes detenidos.<\/p>\n
A esto se suman las torturas y malos tratos que incluyen agresiones f\u00edsicas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, alimentaci\u00f3n inadecuada, y situaciones de abuso y negligencia por parte del personal como pr\u00e1cticas recurrentes que forman parte del control cotidiano sobre los j\u00f3venes.<\/p>\n
De los 828 j\u00f3venes que ingresaron durante 2023 a los distintos centros de detenci\u00f3n, 132 (16%) eran ni\u00f1os no punibles, es decir, menores de 16 a\u00f1os. Este dato refleja una tendencia preocupante de intervenci\u00f3n del sistema penal sobre ni\u00f1os y ni\u00f1as a quienes legalmente no se les deber\u00eda aplicar medidas de encierro punitivo. La criminalizaci\u00f3n de los j\u00f3venes no punibles es una consecuencia directa de la falta de acciones preventivas y la tard\u00eda intervenci\u00f3n del Estado, que termina por castigar en lugar de proteger a los chicos y chicas m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n<\/div>
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