SOBRE ESTA SECCIÓN
Política criminal
Desde hace más de 25 años, la política criminal en la provincia de Buenos Aires constituye una herramienta estatal central para el control de las poblaciones más pobres y vulneradas. Esta orientación no ha variado de manera sustancial bajo ninguno de los gobiernos, incluso aquellos que prometieron reformas estructurales del sistema de seguridad. Tal como viene señalando la CPM, estas políticas se sostienen a pesar de los cambios significativos en gobiernos empeñados en diferenciarse notoriamente en la orientación y perspectiva de otras políticas estatales.
La persecución penal muestra un funcionamiento selectivo y sostenido. En 2024, el Ministerio Público Fiscal inició más de un millón de investigaciones penales preparatorias (1.082.502), el valor más alto de la historia. Esto representa una tasa de 8.268 causas cada 100.000 personas adultas, de las cuales más de un tercio fueron por presuntos delitos contra la propiedad.
Estas investigaciones produjeron 47.066 privaciones de libertad convalidadas judicialmente. Esto equivale a 129 privaciones de libertad por día. La mayor parte de estas privaciones de libertad se basa en sumarios confeccionados por la policía sin intervención judicial previa, lo que constituye una policialización de la actividad fiscal. De todas las privaciones de libertad convalidadas por la justicia en 2024, sólo el 9% fueron detenciones con orden judicial.
Si se miran las estadísticas policiales, se hace aun más evidente el desempeño de esta maquinaria de persecución selectiva. Entre el 2019 y el 2023, la policía aprehendió en promedio a 295.752 personas adultas por año. Apenas el 14% de ellas fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y solo el 6% ingresaron al Servicio Penitenciario Bonaerense por prisión preventiva o condena. Es decir, cuatro de cada cinco detenciones no fueron validadas por el poder judicial, lo que da cuenta de una práctica sostenida de control social territorial.
Así, la política criminal no se orienta a perseguir delitos complejos ni estructuras delictivas articuladas con sectores política o económicamente poderosos, sino a criminalizar la pobreza.
Promoción judicial del encierro
En 2024 se dictaron 21.164 prisiones preventivas, un 7% más que el año anterior, lo que refleja un aumento continuo en el uso de esta medida. Las personas pasan, en promedio, 444 días presas hasta recibir una sentencia de primera instancia. A diciembre de 2024, solo la mitad de las personas detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense tenía condena firme; si se analiza por género, el 61% de las personas trans y el 55% de las mujeres detenidas se encontraban procesadas, frente al 48% de los varones.
La tendencia a una leve disminución proporcional de personas procesadas es producto de una aceleración de las condenas por incremento del juicio abreviado: en el último año, 9 de cada 10 sentencias se dictaron por esta vía. Si se mira la serie histórica, entre 2013 y 2024 las condenas por juicio abreviado aumentaron un 159%.
En el extremo opuesto del sistema penal, el poder judicial aplica excepcionalmente medidas alternativas al encierro desconociendo las reglas de Tokio y otras recomendaciones internacionales y locales. Entre 2017 y 2024, los juzgados de ejecución penal negaron 8 de cada 10 pedidos de acceso a institutos progresivos de la pena.
Encarcelamiento y sobrepoblación
Estas estadísticas dan cuenta de un temperamento de la justicia: fiscales y jueces/zas bonaerenses prefieren la cárcel acelerando el ingreso y retrasando el egreso, lo cual redunda en un crecimiento sostenido de la población detenida: entre 2014 y 2024 se pasó de 34.000 a más de 61.800 personas privadas de libertad en cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico. Esto representa una tasa general de 340 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia bonaerense y una de las más elevadas del país.
A pesar de la construcción de nuevas unidades —como las más de 6.000 plazas que se sumaron entre 2021 y 2023—, la sobrepoblación se mantiene como un problema estructural. A fines de 2024, el SPB registraba un nivel de ocupación del 106%. Cuando se anunció el plan de infraestructura para la construcción de nuevas plazas, la CPM ya había advertido que la decisión no iba a resolver el problema: está demostrado que construir cárceles no mejora las condiciones de detención sino que, al contrario, eleva el piso de encarcelamiento”.
Respecto a las comisarías, la cantidad de personas detenidas disminuyó en los últimos años (de 4.700 en 2020 a 2.314 en 2024), pero aún duplica la capacidad formal reconocida (1.284 plazas). Esta reducción se explica, en parte, por la transferencia de detenidos a cárceles y alcaidías, que a su vez incrementa la sobrepoblación en los lugares de encierro dependientes del SPB.
Las consecuencias de este modelo son claras: vulneración sistemática de derechos, hacinamiento, violencia estatal, deterioro de condiciones de vida y prolongación de las detenciones sin juicio ni condena. A pesar de las mesas de trabajo interinstitucionales creadas tras el fallo Verbitsky, la reapertura de la causa ante la Suprema Corte bonaerense en 2022 y las advertencias de organismos internacionales como la CIDH o el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, las transformaciones estructurales aún no se han concretado.
El diagnóstico es compartido. Lo que falta son decisiones jurisdiccionales urgentes, categóricas, adecuadas y efectivas para desandar esta crisis humanitaria provocada por la política criminal de la provincia de Buenos Aires.
