La política criminal de la provincia de Buenos Aires se constituyó en los últimos 25 años en un mecanismo estatal de gobierno y control de las poblaciones más pobres y vulneradas a través del sistema penal y las políticas de seguridad. Las llamadas políticas de mano dura son políticas transversales que se sostienen a pesar de los cambios significativos en gobiernos empeñados en diferenciarse notoriamente en la orientación y perspectiva de otras políticas estatales.

La conjunción entre un esquema de control y regulación ilegal del delito por la policía en los territorios y la actuación judicial, que convalida y encierra automáticamente sin controlar estas prácticas policiales violentas, tiene como objetivo la captación selectiva de jóvenes pobres para ingresarlos al sistema penal como modo de gobierno de la excedencia.

Esta política confluye en el aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene casi el doble de personas detenidas que hace 10 años.

El sistema penal provincial se estructura sobre el uso generalizado de la prisión preventiva y del juicio abreviado, procesos judiciales que encarcelan personas inocentes y aceleran los tiempos de las sentencias condenatorias.

Al menos desde 2012, más de un tercio de las privaciones de libertad se convirtieron en prisiones preventivas. Durante 2024 se dictaron 21.164 prisiones preventivas, lo que representa un aumento del 7% respecto a 2023. Según datos del RUD para 2024, en promedio las personas pasaron detenidas 444 días hasta la sentencia de primera instancia sin contar el tiempo hasta la sentencia firme, período durante el cual aún se las considera legalmente inocentes.

A diciembre de 2024 sólo la mitad de las personas detenidas a cargo del SPB tenía condena firme. El uso extendido de la prisión preventiva se profundiza al analizar la situación procesal según el género de las personas detenidas; al finalizar el 2024, el 61% de las personas trans y el 55% de las mujeres estaba detenida en calidad de procesadas, mientras los varones lo estaban en un 48%.

La tendencia a una leve disminución proporcional de personas procesadas es producto de una aceleración de las condenas por incremento del juicio abreviado: entre 2013 y 2024 las condenas por juicio abreviado aumentaron un 159% y las condenas por juicio oral se redujeron un 22%.

El juicio abreviado es un instituto que reduce el tiempo entre la detención y la condena, y afecta las garantías del debido proceso al constituirse en un acuerdo extorsivo tendiente a una rápida condena en detrimento del juicio oral y público.

Este mecanismo, que implica un acuerdo entre fiscal y defensor/a, se despliega en un sistema judicial que destina el doble de personas para acusar (520 agentes fiscales) que para defender (253 defensoras/es), y que cuenta con un/a defensor/a oficial cada 242 personas detenidas.

La prisión preventiva y el juicio abreviado son las herramientas jurídicas principales en el sostenimiento de la política de encierro. Pero al incremento y automaticidad de los ingresos se suma otro problema en el extremo opuesto del proceso penal: la retención, también automática, determinada tanto por condicionantes legales como por prácticas judiciales.

Más aun, si se consideran solamente las personas condenadas, en 2012 el 26% egresó por cumplimiento de pena y en 2024 esta forma de egreso alcanzó el 72%. Menos de un tercio se fueron con libertad condicional o asistida. Esto ratifica que las personas pasan cada vez más tiempo en prisión y cada vez más se van con la pena cumplida.

En cuanto a las personas condenadas, entre 2017 y 2023 los juzgados de ejecución penal rechazaron 8 de cada 10 resoluciones de acceso a institutos progresivos de la pena.

En el marco del Plan de infraestructura penitenciaria 2020-2023, que lanzó la actual gestión de Gobierno bonaerense, se sumaron 6.094 nuevas plazas tanto por construcción de nuevos lugares como por ampliación en establecimientos existentes, lo que representa el 23% de la capacidad total.

La reducción de la sobrepoblación entre 2021 y 2023 se logró con la construcción de esas plazas, suspendida en 2024 debido a la interrupción de fondos provenientes del gobierno nacional. Pero en ese mismo periodo se agregaron casi 13.000 nuevos detenidos al sistema. Es decir que esta política de construcción presentada como un logro histórico no resolvió la sobrepoblación, tal como advirtió la CPM apenas presentado el Plan.

La experiencia histórica demuestra que a cada ampliación del sistema le siguió un incremento de personas encarceladas. En una perspectiva de más largo plazo, entre 2001 y 2024 se crearon 16.600 plazas y la población detenida se incrementó en 38.200 personas.