La persecución penal crece año a año. Durante 2024 el Ministerio Público Fiscal inició más de un millón de investigaciones penales (IPP) contra mayores de 18 años (1.082.502), lo que equivale a 2.966 investigaciones iniciadas por día. Si se considera la población adulta de la Provincia, surge una tasa de 8.268 investigaciones abiertas cada 100.000 personas, más de un tercio por presuntos delitos contra la propiedad. Ambas tasas constituyen un récord histórico.

Una parte de esas investigaciones genera privaciones de libertad: de 1.082.502 investigaciones iniciadas durante 2024, se produjeron 47.066 privaciones de libertad convalidadas judicialmente. Esto equivale a 129 privaciones de libertad por día.

Más allá de este número total, interesa mirar el modo en que se producen. Históricamente, como muestra el siguiente gráfico, la mayor parte de las privaciones de libertad se basa en sumarios confeccionados por la policía sin intervención judicial previa, lo que constituye una policialización de la actividad fiscal.

Arbitrariedad policial

A la policialización de la justicia, en sus rutinas diarias para el control de los territorios y el gobierno de las poblaciones excluidas, la policía funciona con grandes márgenes de arbitrariedad que se refleja, por ejemplo, en el dato de las aprehensiones.

En 2023 la policía bonaerense aprehendió a 244.854 personas adultas, esto es 671 aprehensiones por día, 28 por hora. Esta cifra representa una tasa de 3.653 aprehensiones cada 100.000 habitantes, la más baja del período. Como se aprecia en la serie, exceptuando el salto de 2020 producto de la aplicación del ASPO durante la pandemia, las aprehensiones registradas por la Policía vienen disminuyendo: un 12% de 2019 a 2023.

Pese a que el Ministerio de Seguridad no informó los datos del 2024 y no obstante la disminución de las aprehensiones que se observa, lo que interesa analizar es la relación entre la captura policial y los delitos que se registran.

Entre el 2019 y el 2023, la policía aprehendió en promedio a 295.752 personas por año. Apenas el 14% de ellas fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y solo el 6% ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense al dictarse su prisión preventiva o ser condenados por acreditarse en términos judiciales esa imputación.

Garantía de impunidad para la violencia estatal

En el otro extremo de la investigación judicial se encuentra el temperamento de la justicia para investigar los delitos de violencia estatal. Las causas abiertas entre 2018-2024 por violencia institucional, en el marco de la ley 14.687, representan el 0,4% del total de investigaciones iniciadas en la Provincia. Al desagregar esa cifra por departamento judicial, surge que el promedio general es representativo de los 20 departamentos. En otras palabras: ninguno se destaca por investigar más o menos la violencia estatal, al contrario, los datos reflejan una línea de conducta homogénea.

De los casi 23.000 presuntos autores involucrados en estas 22.648 causas, menos de la mitad fueron sindicados (42%) y apenas 656 (3%) fueron imputados formalmente en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia. De esos 656 imputados, casi el 70% estaban en libertad y un tercio detenidos al momento del registro. En ese sentido, se puede decir que la prisión preventiva es utilizada en proporciones distintas si se trata de funcionarios públicos (31%) que de civiles (50%).

Entre las causas finalizadas, 9 de cada 10 se resuelven mediante el archivo (64%) o la desestimación (27%); sólo en el 4% de los expedientes se requirió la elevación a juicio oral.