SOBRE ESTA SECCIÓN
Con el DNU 22/2023 el presidente Javier Milei dispuso, a dos días de su asunción, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y dio inicio a una seguidilla de cambios en los cargos de conducción con personas sin experiencia formal ni idoneidad en acciones de inteligencia, sumado a una serie de reformas profundas y regresivas del sistema y sin la debida discusión parlamentaria.
Asimismo se produjo un significativo incremento presupuestario de los fondos reservados para la SIDE y los organismos integrantes del sistema de inteligencia nacional que, sumado al alto grado de secretismo de la actividad, genera graves implicancias en la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos y garantías ciudadanas fundamentales. Entre las principales reformas, se destacan la creación de cuatro organismos desconcentrados y cuyas funciones resultan abstractas y difusas; reinstala la intervención de la SIDE como auxiliar de la justicia, borrando las diferencias fundamentales entre las tareas policiales de prevención, de inteligencia criminal y de investigación criminal.
La historia reciente acredita que tanto los fondos reservados como la vinculación de agentes de inteligencia con funcionarios de la justicia federal se utilizaron para disponer resoluciones judiciales contrarias a derechos, influir o manipular en procura de gobernabilidad, convirtiéndose en un actuar rutinario con agentes de inteligencia (orgánicos o inorgánicos) para investigar la corrupción y otras causas asociadas al crimen organizado. A esto se suma la incorporación del concepto de contrainteligencia y lucha contra el terrorismo, que potencialmente amplía los justificativos que permiten reunir información de diverso orden, entre ella, interceptar comunicaciones privadas. Otro aspecto problemático examinado en este informe es el conjunto de funciones asignadas a la denominada Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC).
Por otra parte, se enfatiza que la gestión de gobierno que asumió en diciembre de 2023 inició un camino institucional de recrudecimiento de la represión de la protesta social que se materializó en decisiones políticas, modificaciones normativas y administrativas, entre ellas la resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación conocida como “Protocolo antipiquetes” que limita u obstaculiza el derecho a la protesta. Desde la implementación del protocolo la CPM monitorea el despliegue de las fuerzas de seguridad en el contexto de la protesta social, hasta el 11 de abril la CPM monitoreó 82 movilizaciones, en al menos 48 de ellas se identificaron prácticas asociadas a posibles tareas de inteligencia. Esto incluye efectivos filmando con cámaras portátiles, sacando fotos con sus celulares personales, instalando cámaras en puntos estratégicos de las movilizaciones, en servicio sin uniforme reglamentario y vestidos de civil.
A partir de los hechos represivos se realizaron en total 22 denuncias penales, 13 correspondientes a hechos ocurridos durante el año 2024 y 9 durante el transcurso del año 2025. En esta sección se describe la presencia de personal policial sin uniforme e identificación; casos de detenciones arbitrarias, torturas e interrogatorios de inteligencia; y las tareas de inteligencia sobre organismos de derechos humanos y organizaciones humanitarias.
Por último, el informe también presenta un detallado registro y análisis respecto a las tareas de inteligencia ilegal que también despliega la Policía Bonaerense sobre organizaciones políticas, sociales, gremiales o de derechos humanos.
