SOBRE ESTA SECCIÓN
La corrupción no se limita únicamente a la clasificación y/o enumeración de un conjunto de conductas individuales llevadas a cabo por funcionarios policiales o penitenciarios tendientes a obtener ganancias personales en base a fondos públicos. Por el contrario, identificamos reglas, pautas y procedimientos estables y persistentes que tienen como efecto patrones institucionales de corrupción.
Corrupción policial
La corrupción policial entendida desde una perspectiva sistémica involucra un complejo entramado de normativas, culturas organizacionales, prácticas cotidianas y mecanismos de legitimación que son parte de la vida administrativa y la gestión de la calle. La contención, control y/o administración de mercados ilegales, el cobro de coimas, la gestión de zonas liberadas y la participación en redes de narcotráfico constituyen prácticas mediante las cuales las fuerzas de seguridad regulan informalmente el delito.
Durante 2024 la CPM registró un total de 79 denuncias y/o casos de corrupción u otras irregularidades y prácticas delictivas que involucran a personal policial y se realizaron 53 presentaciones, entre las cuales 25 son judiciales y 28 administrativas ante la Auditoría General de Asuntos Internos u otro órgano disciplinario correspondiente. Se recibieron 33 respuestas a los pedidos de información realizados (22 corresponden a AGAI y 11 a órganos judiciales).
En los 79 casos registrados se identificaron un total de 106 agentes policiales denunciados: el 82% pertenece a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un 5% a la Policía Federal, 1% a la Policía de la Ciudad, y sobre un 11% no se cuenta con información sobre su pertenencia institucional.
Con respecto a las categorías de hechos, el armado de causas concentra el 30%, seguida por robo/hurto con el 29% y el manejo irregular de fondos -14%-, registrándose una tendencia a la baja en el registro de casos vinculados a la narcocriminalidad y un incremento significativo de los hechos de robo/hurto en cumplimiento de la tarea.
Según información del Registro de expulsados e inhabilitados de PBA (REPEI) de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), entre 1999 y 2024 fueron expulsados de la Policía de la Provincia 8.758 efectivos, con un pico de expulsiones en los años 2018 y 2023 y un descenso paulatino con 293 expulsado en 2020 y 382 en el año 2021, que luego vuelve a incrementarse.
En este capítulo se incorpora el análisis de casos de corrupción, entre ellos el de una banda de policías de alta jerarquía que realizó un allanamiento falso o fraguado y robaron importantes sumas de dinero y bienes a un grupo de personas que se dedicarían al juego clandestino; las irregularidades en el cobro de horas extra y vales de combustible; la venta de protección a vendedores de estupefacientes a cambio de dinero y/o drogas; la extorsión o exigencias monetarias indebidas en ejercicio de funciones públicas para favorecer o perjudicar a una o varias personas; el caso Scapolán; y el juicio por el homicidio de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante.
Corrupción penitenciaria
La corrupción penitenciaria, por su parte, atenta de manera directa en las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad. El carácter estructural y sistémico sostiene un conjunto de prácticas, sentidos y saberes que producen y reproducen torturas, vejaciones y/o malos tratos.
La administración fraudulenta de los recursos del Estado, su apropiación o malversación producen violencia estatal o institucional en la vida intramuros. La delegación de la violencia, la administración de los mercados ilegales, la administración fraudulenta del servicio de alimentación, la venta de pabellones, la venta de estupefacientes constituyen parte del accionar corrupto del sistema penitenciario.
Durante 2024 se registraron 82 casos de corrupción penitenciaria en los que se pueden advertir modalidades recurrentes del gobierno de la cárcel y con prevalencia de casos de comercialización y/o tráfico de estupefacientes -36,6%-, seguido por casos de extorsión –casi 27%-.
La Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense es el órgano competente para entender el funcionamiento y la supervisión del SPB. Para el año 2024, la Auditoría informó la ejecución de 843 sumarios administrativos; esto significa un 30% más que en el año anterior. En relación a la categoría de hechos estas actuaciones prevalecen las causales por fallecimiento -26,7%-, violencia de género -14,4%- y vejaciones y/o apremios -9,3%-.
En este informe se describen con profundidad las irregularidades en el sistema de alimentación; el manejo irregular de medicamentos; y la comercialización de estupefacientes.
