Las muertes ocasionadas por la intervención policial son la consecuencia más grave de las rutinas o prácticas policiales. Desde 2016, la CPM registró en promedio 123 muertes por uso letal de la fuerza por año, esto es una muerte cada tres días.

Como venimos destacando año tras año, en la provincia de Buenos Aires no hay un abordaje que problematice el uso de la fuerza letal como resultado de las intervenciones policiales. No se interpela el estado policial que exige la intervención de los agentes aun fuera de servicio. No existen protocolos específicos para el uso de las armas policiales. No se construye información oficial, pública y fiable sobre las muertes producidas por la intervención policial y la de los policías que mueren en el desempeño de su función.

La investigación judicial de estos casos no es prioridad y no respeta los estándares de investigación de muertes potencialmente ilícitas, garantizando así en muchas casos la impunidad de los responsables.

En 2024, la CPM registró 122 casos, 5 más que el año anterior, y en línea con el promedio observado desde el 2016.

De los 119 casos donde se pudo establecer la edad de la víctima, el 57% (70) tenía entre 18 y 30 años; el promedio de edad de las víctimas de 2024 fue de 24 años. Además, se registraron 26 casos (21%) de menores de edad y la víctima más joven tenía 7 años.

Estado policial y desproporción en el uso policial de las armas de fuego

El 57% de las muertes fueron provocadas por policías que se encontraban fuera de servicio al momento del hecho (69 casos), más otro 9% que estaba fuera de actividad (11 casos). La CPM viene reclamando desde hace el cese del estado policial, que implica la obligación de portar el arma e intervenir las 24 horas.

De esos 80 casos, en 75 se trató de intervenciones en circunstancias de robos de bienes propios o de terceros. Este informe de la CPM tiene un apartado especial en donde se analizan las causas judiciales por estas muertes, que evidencian la desproporción en el uso policial de las armas de fuego.

De los expedientes se desprende que la mayoría de los impactos producidos por los policías en el cuerpo de las víctimas son de atrás hacia adelante. Es decir que las muertes se producen mientras los agresores escapan y cuando ya no representan un riesgo para el agente que dispara o un tercero. Sobre 45 casos del 2024 en los que se analizaron las autopsias, se pudo relevar que en 27 de ellos los disparos fueron por la espalda.

A esto se suma que en muchos casos no se encuentran armas de los agresores o las que se encuentran no funcionan o son de utilería. Sólo en 29 casos se secuestró un arma; de esas 29, hasta el momento en que accedimos a la causa, se determinó que sólo 5 eran aptas para el disparo.

Si analizamos los motivos de la intervención policial, más de la mitad de los casos (68) se dieron en circunstancia del robo o intento de robo de bienes del/la agente que mató; si se suman los intentos de robos a terceros la cifra asciende a 75, el 61% del total.

Es decir, y tal como se observa si vemos el periodo 2016-2024, la mayoría de las muertes se produjeron para la preservación de bienes materiales. Solamente el 0,5% (6 hechos) de los casos fue en circunstancias donde estaba en riesgo la vida de otra persona.