La secci\u00f3n de salud mental contabiliz\u00f3 1.047 hechos ocurridos en hospitales, cl\u00ednicas psiqui\u00e1tricas, comunidades terap\u00e9uticas, geri\u00e1tricos, entre otros establecimientos.<\/li>\n<\/ul>\nEste a\u00f1o se cumplen 15 a\u00f1os de implementaci\u00f3n del Registro nacional de casos de torturas y malos tratos, creado e integrado por la CPM, la Procuraci\u00f3n Penitenciaria de la Naci\u00f3n (PPN) y el Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh) del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. A partir de la metodolog\u00eda de trabajo de este registro se profundiza en el an\u00e1lisis cualitativo de casos.<\/p>\n
A partir de lo relevado en las entrevistas, se realizaron 35.975 presentaciones judiciales o administrativas individuales<\/b>, un equivalente a 146 por d\u00eda. El 75% de las comunicaciones recibidas implicaron intervenir con requerimientos a \u00f3rganos judiciales: habeas corpus, informes o solicitudes.<\/p>\n
En los juicios donde la CPM particip\u00f3 como particular damnificado institucional o patrocinando a las v\u00edctimas de torturas o muerte de alg\u00fan familiar se obtuvieron 22 condenas por violaciones de derechos humanos<\/b> de 14 polic\u00edas bonaerenses, 4 agentes penitenciarios y 4 responsables de una comunidad terap\u00e9utica.<\/p>\n
Con relaci\u00f3n a litigios colectivos<\/b> en espacios de encierro de adultos se realizaron 476 presentaciones<\/b>, donde se denuncian e intentan revertir violaciones de derechos humanos que afectan a un grupo de personas, pabellones o unidades: condiciones de alojamiento inhumanas, sobrepoblaci\u00f3n, hacinamiento y reg\u00edmenes ilegales de vida y de trato, entre otros.<\/p>\n
A partir de la asunci\u00f3n del nuevo gobierno nacional y la aprobaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n 943\/23 del Ministerio de Seguridad, se puso en marcha un programa de monitoreo de las manifestaciones p\u00fablicas a fin de relevar, denunciar y hacer p\u00fablica la violencia represiva de las fuerzas de seguridad. Con este objetivo, se monitorearon 65 manifestaciones o protestas sociales durante 2024.<\/b> El informe que aparece en los anexos de este Informe Anual da cuenta de una pol\u00edtica de Estado sistem\u00e1tica del gobierno nacional: 1.216 personas heridas por gases lacrim\u00f3genos o gas pimienta, golpes con tonfas, escudos y disparos con postas de goma y 93 detenidas de manera arbitraria en CABA a partir de la aplicaci\u00f3n del protocolo antipiquetes. Por estos hechos se presentaron 12 denuncias penales y se publicaron cinco informes.<\/p>\n
El an\u00e1lisis del contenido de este informe confirma que las pol\u00edticas de seguridad se basan en la saturaci\u00f3n policial de los territorios: m\u00e1s patrulleros y m\u00e1s polic\u00edas no para prevenir el delito sino para regularlo. A esto se suma la segregaci\u00f3n o guetizaci\u00f3n de los m\u00e1s vulnerados en las periferias para impedir su acceso al centro de las ciudades.<\/p>\n
Entre el 2019 y el 2023, la polic\u00eda aprehendi\u00f3 en promedio a 295.752 personas por a\u00f1o.<\/b> Apenas el 14% de ellas fueron privadas de su libertad por imputaci\u00f3n judicial de un delito y s\u00f3lo el 6% ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense con prisi\u00f3n preventiva o condena, por acreditarse en t\u00e9rminos judiciales esa imputaci\u00f3n. Es decir, el 86% de las aprehensiones policiales no se vincula con la comisi\u00f3n de delitos sino con el control y gesti\u00f3n de poblaciones excluidas y estigmatizadas.<\/b><\/p>\n
Espec\u00edficamente en 2023 se aprehendieron un 10 % menos de personas que en 2022, pero dentro de las 244.854 personas aprehendidas aument\u00f3 del 14 a 18 % quienes fueron privadas de su libertad por imputaci\u00f3n judicial de un delito y de 6 a 10% quienes ingresaron al SPB por prisi\u00f3n preventiva o condena. Dicho de otro modo: 4 de cada 5 aprehensiones policiales no fueron convalidadas judicialmente, y 9 de cada 10 aprehensiones no derivaron en ingresos a la c\u00e1rcel. Ese a\u00f1o s\u00f3lo la Polic\u00eda bonaerense realiz\u00f3 671 aprehensiones diarias, es decir 28 por hora en todo el territorio provincial.<\/p>\n
No se consignan los datos de 2024 porque no fueron informados por el Ministerio de Seguridad.<\/p>\n
El despliegue policial en el territorio es muy violento y aplica de manera sistem\u00e1tica pr\u00e1cticas de torturas y malos tratos que no suelen denunciarse por temor a represalias. S\u00f3lo la CPM denunci\u00f3 1.539 hechos de violencia policial.<\/b><\/p>\n
Un ejemplo que conjuga las distintas dimensiones de la violencia policial descripta fue lo ocurrido en la Comisar\u00eda 2\u00aa de Ensenada. En la madrugada del 21 de octubre del a\u00f1o 2024 se produjeron hechos de tortura que afectaron a los 8 detenidos que se encontraban en los calabozos. Esa noche entre 30 y 40 polic\u00edas de diferentes comisar\u00edas de la zona y miembros del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) detonaron granadas de gas lacrim\u00f3geno, lanzaron chorros de agua con alta presi\u00f3n a corta distancia y gas pimienta, tiraron a quemarropa con postas de goma, golpearon a los detenidos salvajemente con tonfas, palos y otros elementos, los desnudaron, los patearon en el piso y los abusaron sexualmente apoyando y frotando la tonfa en sus partes \u00edntimas, los amenazaron con accederlos sexualmente con ese elemento y los obligaron a que se besaran entre ellos sus partes \u00edntimas, incluso a un detenido que se hab\u00eda defecado encima producto de la violencia padecida. Los tormentos se extendieron durante esa noche y duraron hasta el amanecer. No hay l\u00edmite para la brutalidad y no fueron uno o dos: fueron decenas de polic\u00edas y personal jer\u00e1rquico de diferentes comisar\u00edas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la letalidad policial aument\u00f3 de 117 casos registrados en 2023 a 122 en 2024<\/b>, en promedio 10 muertes por mes. El promedio de edad de las v\u00edctimas de 2024 fue de 24 a\u00f1os; se registraron 26 casos (21%) de menores de edad: la v\u00edctima m\u00e1s joven ten\u00eda 7 a\u00f1os. El 82 % de los homicidios se produjeron con el arma reglamentaria, el 66 % por agentes fuera de servicio o de actividad y el 61 % en circunstancia del robo o intento de robo de bienes del polic\u00eda que mat\u00f3 o intentos de robos a terceros. Hemos solicitado reiteradamente la modificaci\u00f3n normativa del estado policial que obliga a las polic\u00edas a portar armas e intervenir todo el tiempo frente a cualquier hecho. Su vigencia no impacta en la prevenci\u00f3n del delito y, por el contrario, produce casos de letalidad frente a hechos menores, incluso donde no peligra la vida propia o de terceros. El informe analiza varios de estos casos; se muestra que muchos de estos hechos se producen por un desproporcionado e injustificado uso de las armas policiales que, en la mayor\u00eda de los casos, se utilizaron y produjeron la muerte cuando las v\u00edctimas no representaban una amenaza. Una vez que cesa el riesgo directo (amenaza con el arma) el accionar policial ya no puede entenderse como leg\u00edtima defensa sino como represalia y, como tal, es un delito.<\/p>\n
Por eso preocupa tambi\u00e9n la mala investigaci\u00f3n de algunos hechos: el fiscal no se present\u00f3 en la escena de los hechos, la misma fuerza de seguridad particip\u00f3 en la custodia de ese lugar (lo que implica un posible manejo de los elementos probatorios), la misma fuerza traslad\u00f3 los cuerpos y la investigaci\u00f3n o pericias estuvieron delegadas -al menos parcialmente- en la misma fuerza. Estas acciones incumplen la resoluci\u00f3n 1390 de la Procuraci\u00f3n General de la provincia de Buenos Aires que establece, entre otros puntos, apartar de la investigaci\u00f3n a la fuerza de seguridad a la que pertenece el victimario. La cantidad de aprehensiones y detenciones, el uso excesivo de la prisi\u00f3n preventiva y el juicio abreviado colapsan el sistema de encierro de personas adultas.<\/p>\n
La cantidad de personas detenidas en el sistema de encierro para adultos creci\u00f3 un 5 % entre 2023 y 2024, llegando a 61.810 en diciembre, casi el doble que hace 10 a\u00f1os.<\/b> Esto representa una tasa general de 340 detenidos cada 100.000 habitantes: la m\u00e1s alta de la historia bonaerense y una de las m\u00e1s elevadas del pa\u00eds. Se calcula esta tasa general para compararla con otras jurisdicciones, pero el valor m\u00e1s adecuado surge de la tasa espec\u00edfica que excluye a las personas menores de 18 a\u00f1os. El gobierno actual hered\u00f3 una tasa espec\u00edfica de encarcelamiento de 415 personas detenidas cada 100.000 habitantes, y cinco a\u00f1os despu\u00e9s ascendi\u00f3 a 472.<\/p>\n
En todo el sistema de encierro se producen m\u00e1s ingresos que egresos.<\/b> Entre 2015 y 2024 cada a\u00f1o ingresaron en promedio m\u00e1s de 19.200 personas y egresaron 16.500, dejando un saldo positivo de m\u00e1s de 2.600 por a\u00f1o. En 2024 esta diferencia estuvo por encima del promedio: 3.152 personas m\u00e1s.<\/b> La cantidad de mujeres y personas trans volvi\u00f3 a aumentar en mayor medida: un 8% con respecto a 2023, mientras que la cantidad de varones detenidos creci\u00f3 un 6%. Al finalizar el a\u00f1o 2024, hab\u00eda 3.289 mujeres y 114 personas trans detenidas en el SPB<\/b>, el 5,7% del total de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. La poblaci\u00f3n de mujeres registra un ascenso sostenido: en 23 a\u00f1os creci\u00f3 m\u00e1s de 5 veces (483%).<\/b> El mayor encarcelamiento se traduce en mayor sobrepoblaci\u00f3n: al finalizar el 2024, se registr\u00f3 una sobrepoblaci\u00f3n del 69% en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas del SPB que alojan mujeres; un aumento del m\u00e1s del 50% con respecto a la sobrepoblaci\u00f3n de 2023 (45%).<\/p>\n
En el SPB se encuentran encarceladas mujeres embarazadas y\/o alojadas junto a sus hijos\/as. En varios informes la CPM ha denunciado las condiciones de detenci\u00f3n, las pr\u00e1cticas violentas a las que son sometidas y las vulneraciones de derechos que padecen tanto ellas como los\/as ni\u00f1os\/as. Al finalizar el 2024, hab\u00eda 62 mujeres embarazadas o con sus hijos\/as en el encierro (casi un 3% del total de mujeres alojadas en el SPB) y 32 ni\u00f1os\/as. Un 27% m\u00e1s que en el a\u00f1o 2023, el n\u00famero m\u00e1s alto registrado desde 2020.<\/b><\/p>\n
La poblaci\u00f3n de personas trans aument\u00f3 m\u00e1s del 20% en siete a\u00f1os (se informa la poblaci\u00f3n trans reci\u00e9n desde 2018). De todos modos -como se viene aclarando en informes previos-, se asume la existencia de un subregistro de las personas trans en los datos oficiales remitidos: por las tareas de monitoreo de la CPM se sabe de personas cuya identidad de g\u00e9nero autopercibida no es respetada o contemplada por no haber realizado la rectificaci\u00f3n registral en el documento, especialmente en casos de varones trans.<\/p>\n
La sobrepoblaci\u00f3n produce hacinamiento y esto genera condiciones de vida inhumanas.<\/p>\n
La actual gesti\u00f3n de gobierno inici\u00f3 un plan de construcci\u00f3n de c\u00e1rceles y alcaid\u00edas como forma de resolver el problema. Como se\u00f1alamos reiteradamente, la construcci\u00f3n de plazas nunca soluciona la sobrepoblaci\u00f3n sino que la agrava: entre 2020 y 2024 se construyeron 6.000 nuevas plazas pero el sistema aument\u00f3 en casi 13.000 nuevos detenidos, m\u00e1s del doble de las plazas construidas.<\/p>\n
Si bien la sobrepoblaci\u00f3n en comisar\u00edas tuvo una disminuci\u00f3n significativa -80 % en diciembre de 2024-, el problema se traslad\u00f3 al servicio penitenciario bonaerense donde la sobrepoblaci\u00f3n volvi\u00f3 a crecer hasta llegar al 106 %, 11 puntos m\u00e1s que el a\u00f1o anterior. <\/b>Entre 2021-2024 la cantidad de personas en comisar\u00edas disminuy\u00f3 48%, mientras que en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas aument\u00f3 un 15% y 122% respectivamente.<\/p>\n
Pese a la baja num\u00e9rica, las condiciones de alojamiento en comisar\u00edas siguen siendo muy cr\u00edticas: espacios inhumanos que semejan cuevas sin luz ni aire, cloacas que rebalsan, falta de agua, escasa comunicaci\u00f3n con el exterior, nulo acceso a actividades y hacinamiento extremo. Y siguen alojando menores de 18 a\u00f1os, mujeres embarazadas, personas enfermas o de la tercera edad pese a estar prohibido.<\/p>\n
Gran parte de la responsabilidad de que esto ocurra corresponde al poder judicial penal, que convalida autom\u00e1ticamente la actuaci\u00f3n policial y penitenciaria. Nueve de cada diez detenciones policiales son sin orden previa dictada por un juez competente<\/b>, como dispone la Constituci\u00f3n nacional. La polic\u00eda detiene y la justicia convalida autom\u00e1ticamente.<\/p>\n
La prisi\u00f3n preventiva, el juicio abreviado y la escasa aplicaci\u00f3n de institutos liberatorios previstos en las leyes vigentes son las herramientas principales en el sostenimiento de la pol\u00edtica de encierro de la Provincia.<\/b> Durante 2024 se dictaron 21.164 prisiones preventivas, lo que representa un aumento del 7% respecto a 2023.<\/p>\n
La prisi\u00f3n preventiva es la detenci\u00f3n de una persona sin estar a\u00fan condenada por el delito que se le imputa. Sigue siendo generalizada y se usa de manera diferencial con la poblaci\u00f3n femenina y las personas trans: al finalizar el 2024, el 61% de las personas trans y el 55% de las mujeres estaban detenidas en calidad de procesadas, mientras los varones en un 48%.<\/b><\/p>\n
De cada 49 prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio P\u00fablico Fiscal, una es denegada por los juzgados, una se otorga mediante modalidad alternativa y se concede en 47 pedidos. Tambi\u00e9n se convirti\u00f3 en regla el juicio abreviado, algo que afecta las garant\u00edas del debido proceso. Hoy 9 de cada 10 causas se resuelven mediante el juicio abreviado. El juicio abreviado es un acuerdo extorsivo entre fiscales y defensores que, en general, se impone a la persona detenida para llegar a una r\u00e1pida condena<\/b> en detrimento de un juicio oral y p\u00fablico.<\/p>\n
El otorgamiento de la prisi\u00f3n domiciliaria se mantiene en los valores de los \u00faltimos 5 a\u00f1os: entre un 7 y un 8 % de los casos. En lo que respecta a la segmentaci\u00f3n por g\u00e9nero, surge de los datos del SPB que la prisi\u00f3n domiciliaria con monitoreo electr\u00f3nico representa el 33% de las mujeres detenidas, un valor que desciende al 11% en las personas trans y al 6% en los varones.<\/p>\n
Al incremento y automaticidad de los ingresos se suma otro problema en el extremo opuesto del proceso judicial: la retenci\u00f3n de los condenados hasta el cumplimiento efectivo de la pena.<\/p>\n
El principio constitucional y legal de la resocializaci\u00f3n y la progresividad no se cumple.<\/b> Esto provoca que entren cada vez m\u00e1s y salgan cada vez menos personas del sistema de encierro. Los juzgados provinciales de Ejecuci\u00f3n Penal denegaron ocho de cada diez solicitudes de morigerar la pena<\/b>: el 80% de las libertades condicionales, el 74% de las libertades asistidas, el 81% de las salidas transitorias y el 83% de las prisiones domiciliarias. En un sistema de encierro marcado por estas caracter\u00edsticas la tortura sigue siendo una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica.<\/p>\n
En 2024, la CPM relev\u00f3 m\u00e1s de 83.671 hechos que constituyen vulneraciones de derechos humanos en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas penitenciarias.<\/b><\/p>\n
El 81 % de estos hechos son torturas y malos tratos y un 19 % denegaci\u00f3n de acceso a la justicia<\/b> por jueces, defensores oficiales y fiscales que generalmente no escuchan a las personas detenidas, no trabajan con rigurosidad, seriedad ni perspectiva de derechos humanos, descreen de las personas detenidas, naturalizan la violencia que padecen o la consideran merecida.<\/p>\n
La tortura no es solo f\u00edsica, tambi\u00e9n son torturas y malos tratos la falta de acceso a la salud, las malas condiciones de detenci\u00f3n, el aislamiento, el hambre, los traslados constantes y gravosos, las requisas violentas y vejatorias.<\/p>\n
Las torturas no son excesos ni hechos excepcionales con distinta modalidad e intensidad: ocurren todo el tiempo en todos los lugares de detenci\u00f3n. La tortura integra un programa que recurre a la violencia y la precariedad para gobernar a las poblaciones que se persigue y encarcela.<\/p>\n
En cada informe anual, la Comisi\u00f3n Provincial de la Memoria (CPM) ha denunciado la vulneraci\u00f3n del derecho de la salud de las personas encarceladas en el SPB como pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de tortura y malos tratos. La falta o deficiente asistencia de salud es el hecho de tortura o maltrato m\u00e1s comunicado a la CPM por las v\u00edctimas o sus familiares. En 2024 se registraron 20.923 hechos, el 32% del total <\/b>de hechos comunicados.<\/p>\n
La salud penitenciaria est\u00e1 en estado cr\u00edtico y debe declararse su emergencia: no hay profesionales ni medicamentos, no se cumplen tratamientos ni estudios complejos, acceder a la atenci\u00f3n implica la mediaci\u00f3n penitenciaria que siempre interviene desde la l\u00f3gica securitaria y los traslados extramuros se tornan imposibles por esa mediaci\u00f3n o por falta de m\u00f3viles. En este esquema, la sobrepoblaci\u00f3n y el hacinamiento se resuelven con m\u00e1s aislamiento como r\u00e9gimen de vida habitual, con personas encerradas en la celda entre 12 y 17 horas al d\u00eda sin ayuda, elementos de sost\u00e9n ni cuidados elementales.<\/p>\n
El aislamiento en condiciones de hacinamiento impide la recuperaci\u00f3n, suma nuevas dolencias, deteriora el estado general de salud y torna m\u00e1s dif\u00edcil el acceso a sanidad.<\/p>\n
Se registraron situaciones graves de salud sin atenci\u00f3n, interrupci\u00f3n de tratamientos farmacol\u00f3gicos en enfermedades cr\u00f3nicas y tratamientos temporales, falta de curaci\u00f3n de heridas y falta de acceso a controles de salud de todas las patolog\u00edas. El personal sanitario no recorr\u00eda el lugar y la medicaci\u00f3n era entregada por enfermeros a los referentes, quienes se encargan de distribuirla.<\/p>\n
La grav\u00edsima situaci\u00f3n de la salud penitenciaria provoca muertes evitables. Un ejemplo son las muertes por tuberculosis: se identific\u00f3 que 35 personas padec\u00edan esta enfermedad pero no todas contaban con un diagn\u00f3stico previo aunque s\u00ed con antecedentes de reclamo por atenci\u00f3n m\u00e9dica adecuada, ya que no eran llevados al \u00e1rea sanitaria o cuando eran llevados no recib\u00edan atenci\u00f3n adecuada que incluyera lo necesario para llegar a un diagn\u00f3stico o tratamiento. Adem\u00e1s no se registr\u00f3 en ning\u00fan caso que se haya realizado un control de foco que permitiera prevenir contagios.<\/p>\n
Esto impacta directamente en un aumento significativo de la cantidad de personas fallecidas en el sistema penitenciario: de 206 en 2023 a 286 en 2024. <\/b>En c\u00e1rceles y alcaid\u00edas aument\u00f3 de 156 a 218: 194 muertes fueron por problemas de salud, 21 suicidios y 3 homicidios. La variaci\u00f3n interanual fue de 28,7%; las muertes por problemas de salud -9 de cada 10- explican este aumento.<\/b> La tasa de 36 muertes cada 10.000 personas detenidas es un 34% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior y la m\u00e1s alta de los \u00faltimos 15 a\u00f1os. Tambi\u00e9n creci\u00f3 en personas con monitoreo electr\u00f3nico: de 50 a 68 muertes entre 2023 y 2024. La tasa de mortalidad de personas detenidas bajo la modalidad de monitoreo electr\u00f3nico (15,8 de cada 1.000 personas detenidas) supera ampliamente la tasa del SPB (3,9 de cada 1.000), diferencia que se relaciona con el hecho de que las prisiones domiciliarias se otorgan \u2013entre otras causas\u2013 por situaciones graves de salud. La mitad de las personas en arresto domiciliario por cuestiones de salud mueren antes del a\u00f1o.<\/p>\n
Los 21 suicidios informados representan una tasa de 3,9 cada 10.000 personas detenidas y supera la del 2023, que fue de 3,4. Por otro lado, est\u00e1 muy por encima de la tasa provincial, que es de 0,4 cada 10.000 personas. Estos casos reflejan las distintas falencias que presenta el abordaje de la salud mental en el encierro. Personas con autolesiones reiteradas que no reciben acompa\u00f1amiento, otras con diagn\u00f3sticos que requer\u00edan tratamientos psicol\u00f3gicos y psiqui\u00e1tricos que no se cumplen, aislamiento reiterado en el que se producen autolesiones o expresiones de angustia. Como se viene se\u00f1alando de manera sostenida en informes anteriores, el abordaje de la salud mental en general y del suicidio como problema social y comunitario en los espacios de encierro presenta el cat\u00e1logo completo de incumplimientos: no existe la prevenci\u00f3n, la atenci\u00f3n, el seguimiento ni la posvenci\u00f3n ante conductas autolesivas o sin intenci\u00f3n suicida.<\/p>\n
En contraposici\u00f3n, se sostiene la tendencia a la baja de la tasa de homicidios. Hace 10 a\u00f1os, la tasa de homicidios en el SPB era 10 veces superior a la tasa provincial y el a\u00f1o pasado fue levemente superior: 0,6 cada 10.000 personas en la c\u00e1rcel contra 0,5 en el medio libre. Este indicador es muy positivo y responde -al menos una de las razones importantes- a pol\u00edticas p\u00fablicas que modificaron la vida en la c\u00e1rcel al garantizar el acceso a la comunicaci\u00f3n habilitando la telefon\u00eda celular para las personas detenidas. Esto disminuye los conflictos, genera tranquilidad en las personas que pueden estar al tanto de lo que le sucede a sus familiares, y tambi\u00e9n es un medio eficaz para registrar y denunciar hechos de violencia penitenciaria. Al cruzar las variables g\u00e9nero y causa de muerte, se destaca que 3 de cada 10 muertes de mujeres fueron suicidios (17 casos, 31,5%), proporci\u00f3n significativamente mayor a la registrada en varones (8,7%). Y el 11,8% de los suicidios totales fueron de mujeres, valor que triplica la participaci\u00f3n de mujeres en el total de poblaci\u00f3n detenida.<\/p>\n
Diferentes \u00e1mbitos institucionales han realizado audiencias, reuniones e iniciativas tendientes a adoptar medidas frente a la cr\u00edtica situaci\u00f3n que se vive en c\u00e1rceles y comisar\u00edas. El Tribunal de Casaci\u00f3n Penal (Sala V), en el marco de la causa por comisar\u00edas bonaerenses, ha logrado que disminuya la sobrepoblaci\u00f3n en comisar\u00edas realizando un seguimiento de su ocupaci\u00f3n y el traslado de detenidos a las alcaid\u00edas penitenciarias. Tambi\u00e9n la Autoridad del programa de cumplimiento de sentencia (APCS) y su Observatorio (OPCS) de la Suprema Corte de Justicia, hicieron reuniones y adoptaron medidas tendientes a mejorar la producci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la pol\u00edtica criminal y lograr revertir este cuadro. En ambos casos ha sido una pol\u00edtica de reducci\u00f3n de da\u00f1os positiva que de no generarse habr\u00eda agravado a\u00fan m\u00e1s el diagn\u00f3stico descripto. Pero, claramente, no alcanza sin una decisi\u00f3n de cambiar esta pol\u00edtica criminal y fallos jurisdiccionales de los m\u00e1ximos tribunales que ordenen estos cambios.<\/p>\n
Este sistema de control en materia de seguridad funciona adem\u00e1s con altos niveles de corrupci\u00f3n. No se trata s\u00f3lo de delitos cometidos por funcionarios p\u00fablicos para su beneficio personal sino que impactan en la vida diaria de las v\u00edctimas de este sistema.<\/p>\n
Desde el 2008, al menos, 2.199 polic\u00edas fueron expulsados por delitos relacionados con hechos de corrupci\u00f3n<\/b>, pese al temor de la poblaci\u00f3n de denunciar estos hechos por la posibilidad cierta de represalias.<\/p>\n
En el sistema penitenciario, la corrupci\u00f3n tambi\u00e9n es sistem\u00e1tica y degrada a\u00fan m\u00e1s las condiciones de vida en el encierro. Durante el 2024, la CPM registr\u00f3 un hecho de corrupci\u00f3n penitenciaria cada 4 d\u00edas.<\/b> En ambos organismos las denuncias generalmente no prosperan o tardan en investigarse.<\/p>\n
En cuanto a las pol\u00edticas de ni\u00f1ez<\/b>, hace 20 a\u00f1os se cre\u00f3 el Sistema de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos para dejar atr\u00e1s el viejo Patronato de menores. Sin embargo, el nuevo sistema sigue reproduciendo y agravando mucho de lo que prometi\u00f3 cambiar.<\/p>\n
Cada a\u00f1o, el conjunto de organismos y servicios para la promoci\u00f3n de derechos interviene en m\u00e1s de 70 mil casos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes vulnerables. Pero muy pocas veces logra restituir derechos. En diciembre de 2024, hab\u00eda m\u00e1s de 4.100 ni\u00f1as y ni\u00f1os institucionalizados; el 83%, alojado en hogares no oficiales. <\/b>Los hogares (oficiales o conveniados) se encuentran en condiciones cr\u00edticas: infraestructura deficiente y riesgosa, falta de personal especializado, bajo presupuesto. En esas condiciones, es dif\u00edcil que el Sistema cumpla con su misi\u00f3n de restituir derechos cuando los termina vulnerando en su deficiente implementaci\u00f3n. S\u00f3lo el 30% de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes institucionalizados egresa de estos dispositivos por considerarse restituidos esos derechos.<\/b><\/p>\n
En el otro extremo est\u00e1 el sistema penal juvenil<\/b>: cuando fallan las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n, el Estado llega con pol\u00edticas represivas que incluyen el encierro cada vez a m\u00e1s temprana edad.<\/p>\n
Los menores de 16 a\u00f1os no pueden ser juzgados o condenados, sin embargo la justicia ordena su encierro recurriendo a medidas de seguridad. Entre 2021 y 2025, la cifra de ni\u00f1os no punibles detenidos casi se triplic\u00f3; en marzo de 2025 hab\u00eda 680 ni\u00f1os y j\u00f3venes privados de libertad en centros cerrados y 96 eran no punibles: el 14% del total.<\/b><\/p>\n
Los centros de detenci\u00f3n del Organismo Provincial de Ni\u00f1ez y Adolescencia se parecen cada vez m\u00e1s a las c\u00e1rceles para adultos: graves condiciones materiales, aislamiento extremo por m\u00e1s de 18 horas, muy pocas actividades recreativas y educativas. En este contexto, la tortura es una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica y no se cumple con la funci\u00f3n de responsabilizaci\u00f3n penal prevista en la ley.<\/p>\n
En 2024, 8 ni\u00f1os\/as murieron en dispositivos convivenciales y un joven se suicid\u00f3 en un centro cerrado.<\/b> Las autolesiones son comunes en estos lugares, y los suicidios son la principal causa de muerte en las c\u00e1rceles de j\u00f3venes.<\/p>\n
Es necesario destacar la gravedad de lo sucedido con el ni\u00f1o Bautista Di Nezio, fallecido luego de haber estado internado-alojado irregularmente en una instituci\u00f3n especializada (Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced): tuvo distintas intervenciones iatrog\u00e9nicas de los efectores del Sistema de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos que finalmente terminaron con su muerte, el 25 de diciembre del a\u00f1o 2024.<\/p>\n
Todo esto es posible por la deserci\u00f3n judicial en el control, y la falta de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los responsables de estos hechos. La mayor\u00eda de los jueces y fiscales no controlan las condiciones en que se llevan adelante las medidas de abrigo o de detenci\u00f3n. Tampoco investigan las denuncias de malos tratos y torturas.<\/p>\n
El poder judicial legitima as\u00ed las graves vulneraciones de derechos humanos. El Estado debe recuperar su rol de cuidado y garante de derechos asegurando los derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes a una vida digna y libre.<\/p>\n
Con relaci\u00f3n a las pol\u00edticas de salud mental<\/b>, la ley nacional de salud mental que cumple 15 a\u00f1os vino a cambiar el paradigma del manicomio y a reconocer a las personas con padecimiento mental y consumos problem\u00e1ticos como sujetos de derechos. En la provincia de Buenos Aires hubo grandes avances en su implementaci\u00f3n. Uno fue el paulatino descenso de personas alojadas en los manicomios y la proyecci\u00f3n de su sustituci\u00f3n definitiva.<\/p>\n
La Provincia cuenta con 4 hospitales neuropsiqui\u00e1tricos p\u00fablicos; en diciembre de 2024 hab\u00eda 847 personas alojadas, 1.000 personas menos que en 2018.<\/b> Sin embargo, persiste un problema transversal: la gran cantidad de reinternaciones. Durante 2024, el 53% de los ingresos a los hospitales monovalentes fueron reinternaciones. Es decir, externaciones que no pudieron sustentarse por falta de redes, de atenci\u00f3n en hospitales generales o de dispositivos alternativos al manicomio. Contin\u00faa siendo necesario el fortalecimiento de estas pol\u00edticas para la efectiva implementaci\u00f3n de la normativa. A pesar de los avances, en estos hospitales persisten graves vulneraciones de derechos: sometimiento a aislamiento, sujeci\u00f3n mec\u00e1nica irregular, malos tratos, sobremedicaci\u00f3n y hasta violencia sexual.<\/p>\n
En las cl\u00ednicas neuropsiqui\u00e1tricas privadas la situaci\u00f3n es peor y en 2024 se registraron 366 hechos de torturas y\/o malos tratos.<\/b> La adecuaci\u00f3n a la ley de salud mental en estos lugares suele ser m\u00e1s deficiente, en parte por la deficiencia o ausencia de controles por parte del Ministerio de Salud.<\/p>\n
En el extremo m\u00e1s cruel de este sistema est\u00e1n las comunidades terap\u00e9uticas <\/b>para el tratamiento de adicciones. Muchas funcionan con habilitaciones provisorias y otras directamente en la clandestinidad<\/b>: en la actualidad se desconoce todav\u00eda la cantidad de instituciones de este tipo que funcionan en la Provincia.<\/p>\n
En estos lugares no se implementa la ley de salud mental y en la mayor\u00eda de los casos funcionan casi sin presencia de profesionales de la salud. En 2024, la CPM registr\u00f3 155 hechos de falta o deficiente atenci\u00f3n a la salud. El mal llamado tratamiento se basa en el cumplimiento de normas r\u00edgidas y tareas dom\u00e9sticas que implican premios o castigos. Las formas de castigo m\u00e1s comunes son la sujeci\u00f3n mec\u00e1nica, los golpes, el impedimento del v\u00ednculo familiar y la sobremedicaci\u00f3n de manera arbitraria por operadores sin ninguna incumbencia para ello y sin indicaci\u00f3n ni control m\u00e9dico. Todas las internaciones involuntarias seg\u00fan los plazos establecidos por la ley y las internaciones de personas menores de edad deben ser controladas por el poder judicial, pero esto no sucede.<\/p>\n
Durante 2024 se tom\u00f3 conocimiento de una nueva y grave modalidad de ingreso a estos lugares: un grupo de traslados secuestra a las personas en su hogar con la anuencia de alg\u00fan familiar. La modalidad consiste en buscarlos en su domicilio, administrarles psicof\u00e1rmacos inyectables o diluidos en agua y trasladarlos sin consentimiento a la comunidad terap\u00e9utica en veh\u00edculos particulares. Al despertar varias horas o d\u00edas despu\u00e9s, se encuentran all\u00ed sin poder retirarse, mantener comunicaci\u00f3n con referentes afectivos, y sin intervenci\u00f3n de ning\u00fan \u00f3rgano judicial.<\/p>\n
Las c\u00e1rceles neuropsiqui\u00e1tricas ocupan el \u00faltimo eslab\u00f3n de encierro. La Unidad 34 y el anexo femenino de la Unidad 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense alojan a personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal. Tambi\u00e9n en estas unidades hay tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas: condiciones materiales inhumanas, sobrepoblaci\u00f3n, alojamiento de personas sin criterio de permanencia, falta de medicaci\u00f3n, alimentaci\u00f3n insuficiente, aislamiento y sujeci\u00f3n mec\u00e1nica irregular. En estas condiciones no hay abordaje de la salud mental posible.<\/p>\n
Como ocurre en todo el sistema penitenciario, la falta de articulaci\u00f3n con las pol\u00edticas del Ministerio de Salud impide que se garantice el derecho a la salud, y provoca incluso m\u00e1s sufrimiento en el encierro y deterioro en los cuadros de salud.<\/p>\n
En el mismo sentido, en las pol\u00edticas p\u00fablicas destinadas a personas con discapacidad se identifica una preocupante deficiencia en el cumplimiento de la normativa que garantiza los derechos de este colectivo en situaci\u00f3n de extrema vulnerabilidad.<\/p>\n
Se piensa como \u00fanica intervenci\u00f3n posible la institucionalizaci\u00f3n, ya sea en hospitales p\u00fablicos especializados en discapacidad o en hogares del subsector privado, en los que se ejercen pr\u00e1cticas deshumanizantes y degradantes como consecuencia de la falta del personal necesario para garantizar el apoyo que necesitan las personas.<\/p>\n
En estas instituciones tambi\u00e9n se observa una fiscalizaci\u00f3n deficiente del Ministerio de Salud, sumado a la normativa mediante la cual se los habilita, que es sumamente obsoleta y no se adecua a los derechos espec\u00edficos de las personas con discapacidad, por lo que resulta urgente su revisi\u00f3n y actualizaci\u00f3n.<\/p>\n
Este nuevo Informe Anual y el agravamiento de las violaciones de derechos humanos que se relevan en el presente nos llevan a insistir con lo dicho: enfrentar la crueldad no es ret\u00f3rica, es pol\u00edtica p\u00fablica que la contradice y la rechaza con sus actos y sus realizaciones. Para hacerlo hay que dar una fuerte disputa con quienes la sostienen por intereses, lucro o convicci\u00f3n; dejar de distraer fondos p\u00fablicos en acciones poco efectivas, que atacan las consecuencias pero no las causas que provocan los problemas que se pretenden resolver.<\/p>\n
Reformular esta pol\u00edtica criminal es un imperativo de nuestro presente. Esta pol\u00edtica criminal que viola los derechos humanos es responsabilidad de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Lejos de mejorar la seguridad ciudadana, degrada el sistema republicano y no respeta ni garantiza derechos constitucionales.<\/p>\n
Seguimos insistiendo: no hay democracia sin plena vigencia de derechos humanos.<\/p>\n<\/div>
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