Pol\u00edtica criminal<\/strong><\/span><\/p>\nDesde hace m\u00e1s de 25 a\u00f1os, la pol\u00edtica criminal en la provincia de Buenos Aires constituye una herramienta estatal central para el control de las poblaciones m\u00e1s pobres y vulneradas. Esta orientaci\u00f3n no ha variado de manera sustancial bajo ninguno de los gobiernos, incluso aquellos que prometieron reformas estructurales del sistema de seguridad. Tal como viene se\u00f1alando la CPM, estas pol\u00edticas se sostienen a pesar de los cambios significativos en gobiernos empe\u00f1ados en diferenciarse notoriamente en la orientaci\u00f3n y perspectiva de otras pol\u00edticas estatales.<\/p>\n
La persecuci\u00f3n penal muestra un funcionamiento selectivo y sostenido. En 2024, el Ministerio P\u00fablico Fiscal inici\u00f3 m\u00e1s de un mill\u00f3n de investigaciones penales preparatorias (1.082.502), el valor m\u00e1s alto de la historia. Esto representa una tasa de 8.268 causas cada 100.000 personas adultas, de las cuales m\u00e1s de un tercio fueron por presuntos delitos contra la propiedad.<\/p>\n
Estas investigaciones produjeron 47.066 privaciones de libertad convalidadas judicialmente. Esto equivale a 129 privaciones de libertad por d\u00eda. La mayor parte de estas privaciones de libertad se basa en sumarios confeccionados por la polic\u00eda sin intervenci\u00f3n judicial previa, lo que constituye una policializaci\u00f3n de la actividad fiscal. De todas las privaciones de libertad convalidadas por la justicia en 2024, s\u00f3lo el 9% fueron detenciones con orden judicial.<\/p>\n
Si se miran las estad\u00edsticas policiales, se hace aun m\u00e1s evidente el desempe\u00f1o de esta maquinaria de persecuci\u00f3n selectiva. Entre el 2019 y el 2023, la polic\u00eda aprehendi\u00f3 en promedio a 295.752 personas adultas por a\u00f1o. Apenas el 14% de ellas fueron privadas de su libertad por imputaci\u00f3n judicial de un delito y solo el 6% ingresaron al Servicio Penitenciario Bonaerense por prisi\u00f3n preventiva o condena. Es decir, cuatro de cada cinco detenciones no fueron validadas por el poder judicial, lo que da cuenta de una pr\u00e1ctica sostenida de control social territorial.<\/p>\n
As\u00ed, la pol\u00edtica criminal no se orienta a perseguir delitos complejos ni estructuras delictivas articuladas con sectores pol\u00edtica o econ\u00f3micamente poderosos, sino a criminalizar la pobreza.<\/p>\n
Promoci\u00f3n judicial del encierro<\/strong><\/p>\nEn 2024 se dictaron 21.164 prisiones preventivas, un 7% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior, lo que refleja un aumento continuo en el uso de esta medida. Las personas pasan, en promedio, 444 d\u00edas presas hasta recibir una sentencia de primera instancia. A diciembre de 2024, solo la mitad de las personas detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense ten\u00eda condena firme; si se analiza por g\u00e9nero, el 61% de las personas trans y el 55% de las mujeres detenidas se encontraban procesadas, frente al 48% de los varones.<\/p>\n
La tendencia a una leve disminuci\u00f3n proporcional de personas procesadas es producto de una aceleraci\u00f3n de las condenas por incremento del juicio abreviado: en el \u00faltimo a\u00f1o, 9 de cada 10 sentencias se dictaron por esta v\u00eda. Si se mira la serie hist\u00f3rica, entre 2013 y 2024 las condenas por juicio abreviado aumentaron un 159%.<\/p>\n
En el extremo opuesto del sistema penal, el poder judicial aplica excepcionalmente medidas alternativas al encierro desconociendo las reglas de Tokio y otras recomendaciones internacionales y locales. Entre 2017 y 2024, los juzgados de ejecuci\u00f3n penal negaron 8 de cada 10 pedidos de acceso a institutos progresivos de la pena.<\/p>\n
Encarcelamiento y sobrepoblaci\u00f3n<\/strong><\/p>\nEstas estad\u00edsticas dan cuenta de un temperamento de la justicia: fiscales y jueces\/zas bonaerenses prefieren la c\u00e1rcel acelerando el ingreso y retrasando el egreso, lo cual redunda en un crecimiento sostenido de la poblaci\u00f3n detenida: entre 2014 y 2024 se pas\u00f3 de 34.000 a m\u00e1s de 61.800 personas privadas de libertad en c\u00e1rceles, alcaid\u00edas, comisar\u00edas y con monitoreo electr\u00f3nico. Esto representa una tasa general de 340 detenidos cada 100.000 habitantes, la m\u00e1s alta de la historia bonaerense y una de las m\u00e1s elevadas del pa\u00eds.<\/p>\n
A pesar de la construcci\u00f3n de nuevas unidades \u2014como las m\u00e1s de 6.000 plazas que se sumaron entre 2021 y 2023\u2014, la sobrepoblaci\u00f3n se mantiene como un problema estructural. A fines de 2024, el SPB registraba un nivel de ocupaci\u00f3n del 106%. Cuando se anunci\u00f3 el plan de infraestructura para la construcci\u00f3n de nuevas plazas, la CPM ya hab\u00eda advertido que la decisi\u00f3n no iba a resolver el problema: est\u00e1 demostrado que construir c\u00e1rceles no mejora las condiciones de detenci\u00f3n sino que, al contrario, eleva el piso de encarcelamiento\u201d.<\/p>\n
Respecto a las comisar\u00edas, la cantidad de personas detenidas disminuy\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os (de 4.700 en 2020 a 2.314 en 2024), pero a\u00fan duplica la capacidad formal reconocida (1.284 plazas). Esta reducci\u00f3n se explica, en parte, por la transferencia de detenidos a c\u00e1rceles y alcaid\u00edas, que a su vez incrementa la sobrepoblaci\u00f3n en los lugares de encierro dependientes del SPB.<\/p>\n
Las consecuencias de este modelo son claras: vulneraci\u00f3n sistem\u00e1tica de derechos, hacinamiento, violencia estatal, deterioro de condiciones de vida y prolongaci\u00f3n de las detenciones sin juicio ni condena. A pesar de las mesas de trabajo interinstitucionales creadas tras el fallo Verbitsky, la reapertura de la causa ante la Suprema Corte bonaerense en 2022 y las advertencias de organismos internacionales como la CIDH o el Subcomit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de la Tortura de la ONU, las transformaciones estructurales a\u00fan no se han concretado.<\/p>\n
El diagn\u00f3stico es compartido. Lo que falta son decisiones jurisdiccionales urgentes, categ\u00f3ricas, adecuadas y efectivas para desandar esta crisis humanitaria provocada por la pol\u00edtica criminal de la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n<\/div>
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