La ley nacional de salud mental es de 2010, ven\u00eda a cambiar el paradigma manicomial y reconocer a las personas con problemas de adicciones o padecimiento de salud mental como sujetos de derechos. En la provincia de Buenos Aires, venimos destacando avances en la implementaci\u00f3n de la ley provincial de salud mental 14.580 mediante pol\u00edticas p\u00fablicas elaboradas e implementadas por la Subsecretar\u00eda de salud mental, consumos problem\u00e1ticos y violencias en el \u00e1mbito de la salud del Ministerio de Salud, en su car\u00e1cter de autoridad de aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n
En particular se destaca el descenso sostenido de las personas alojadas en los cuatro hospitales monovalentes p\u00fablicos, que esbozan como objetivo la sustituci\u00f3n y cierre de los manicomios. A diciembre de 2024 hab\u00eda 847 internadas en estos hospitales, 1.000 personas menos que en 2018.<\/p>\n
Pese a la disminuci\u00f3n, resulta importante destacar como problema transversal y persistente el gran n\u00famero de reinternaciones, lo que muestra que parte de las externaciones no resultan sustentables. Durante 2024 se produjeron 1.008 ingresos de los cuales el 48% (479) fueron reinternaciones.<\/p>\n
Los\/as mismos\/as profesionales de la salud mental identificaron como principal obst\u00e1culo la falta de atenci\u00f3n en hospitales generales u otros dispositivos intermedios que permitan sostener un tratamiento ambulatorio y, cuando existen, no hay recursos humanos y materiales necesarios.<\/p>\n
En 2024 se registraron 52 fallecimientos en tres de los cuatro hospitales monovalentes p\u00fablicos. El incremento de los fallecimientos junto con la baja de la poblaci\u00f3n podr\u00eda deberse al proceso de desmanicomializaci\u00f3n implementado en estos hospitales: se observa que a\u00fan permanecen internadas personas con una gran cantidad de a\u00f1os de institucionalizaci\u00f3n y, por ende, adultas mayores cuya externaci\u00f3n se dificulta por requerir mayor apoyo. Es decir, las personas cronificadas y que padecen los efectos m\u00e1s graves del manicomio fallecen all\u00ed donde pasaron la mayor parte de su vida.<\/p>\n
Si bien la transformaci\u00f3n del modelo de atenci\u00f3n en salud mental sostenida discursivamente por la autoridad de aplicaci\u00f3n de la ley se tradujo en la elaboraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas, destacamos la persistencia de graves vulneraciones de derechos de las que son v\u00edctimas las personas con padecimiento mental alojadas en instituciones manicomiales p\u00fablicas o privadas.<\/p>\n
En los monitoreos a estos dispositivos de salud mental observamos malas condiciones materiales y edilicias, sobremedicaci\u00f3n, sujeci\u00f3n mec\u00e1nica, aislamiento e, incluso, casos de violencia sexual. En las cl\u00ednicas privadas la situaci\u00f3n es a\u00fan peor, en parte, por el deficiente e insuficiente control estatal por parte de las autoridades sanitarias.<\/p>\n
En las cl\u00ednicas monitoreadas se observo que todas ten\u00edan habilitaciones obsoletas y se relev\u00f3 el predominio del paradigma psiqui\u00e1trico-manicomial y el consecuente incumplimiento de las leyes nacionales de salud mental y de historias cl\u00ednicas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se relevaron torturas y malos tratos, violencia verbal y psicol\u00f3gica, pr\u00e1cticas de castigo y disciplinamiento, amenazas, extraterritorialidad del abordaje (personas oriundas de otras provincias o de lugares lejanos), lo que obstaculiza el acceso a un abordaje comunitario. En 2024 se comunicaron un total 366 hechos de tortura y malos tratos en cl\u00ednicas neuropsiqui\u00e1tricas y 12 hechos de sobre-medicaci\u00f3n en cl\u00ednicas neuropsiqui\u00e1tricas.<\/p>\n
Comunidades terap\u00e9uticas<\/strong><\/p>\nLas denominadas comunidades terap\u00e9uticas o centros de rehabilitaci\u00f3n son las instituciones m\u00e1s denunciadas por las propias v\u00edctimas, familiares u otros organismos. En estos lugares se relevan las violaciones de derechos m\u00e1s gravosas como torturas y tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Priman la discrecionalidad, ilegalidad y clandestinidad; en su mayor\u00eda pertenecen al subsector privado y sigue sin conocerse la totalidad de lugares que funcionan bajo esta denominaci\u00f3n en la Provincia.<\/p>\n
Actualmente tanto las personas que padecen consumo problem\u00e1tico como su familia deben recurrir a este tipo de instituciones pertenecientes al subsector privado frente a la insuficiente capacidad del Estado de garantizar la accesibilidad a abordajes adecuados. Los responsables de estos lugares se aprovechan de la desesperaci\u00f3n y la situaci\u00f3n de extrema vulnerabilidad y se benefician econ\u00f3micamente cobrando altos montos de dinero sin garantizar condiciones m\u00ednimas de dignidad, y ejecutando pr\u00e1cticas por fuera de todo sustento cient\u00edfico y marco legal.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os relevamos, adem\u00e1s, como pr\u00e1ctica recurrente y sumamente grave el secuestro de personas en su domicilio como modalidad de ingreso a las comunidades terap\u00e9uticas. Los secuestros suelen tener una modalidad similar en todos los casos: un grupo de tres o cuatro personas ingresan al domicilio durante la noche y obligan a las personas en situaci\u00f3n de consumo (bajo coacci\u00f3n, amenaza o violencia f\u00edsica, en muchos casos inyectadas con medicaci\u00f3n sin ninguna prescripci\u00f3n m\u00e9dica) a trasladarse a la comunidad terap\u00e9utica.<\/p>\n
La mirada que sostiene este tipo de dispositivos hacia las personas con consumo problem\u00e1tico se apoya en una marcada culpabilizaci\u00f3n y patologizaci\u00f3n de las conductas. El mal llamado tratamiento se fundamenta en el cumplimiento de normas r\u00edgidas, denominada \u201cestructura\u201d, en su gran mayor\u00eda tareas dom\u00e9sticas y de mantenimiento. Esta estructura se apoya en una l\u00f3gica de premios\/castigos: si una persona incumple alguna norma se aplican las llamadas \u201cmedidas\u201d o \u201cconsecuencias\u201d, consistentes en castigos, los m\u00e1s comunes son la sujeci\u00f3n mec\u00e1nica, los golpes, el impedimento del v\u00ednculo familiar y la sobremedicaci\u00f3n: los psicof\u00e1rmacos, molidos o inyectables, se aplican de manera arbitraria y sin control m\u00e9dico.<\/p>\n
Adem\u00e1s, estas comunidades funcionan casi sin profesionales de la salud y el tratamiento lo llevan adelante los operadores, personas que atravesaron una situaci\u00f3n de consumo y luego un curso de operador socio-terap\u00e9utico.<\/p>\n
C\u00e1rceles neuropsiqui\u00e1tricas<\/strong><\/p>\nLa unidad penitenciaria 34 y el anexo femenino de la UP 45 ubicadas en la localidad de Melchor Romero (La Plata) fueron designadas \u201cinstitutos neuropsiqui\u00e1tricos de seguridad. A\u00f1o tras a\u00f1o se relevan en estas c\u00e1rceles graves violaciones de derechos: sobrepoblaci\u00f3n, alojamiento de personas sin criterio de permanencia, aislamiento (aun cuando rige la prohibici\u00f3n de someter a aislamiento a personas con padecimiento mental), faltante de medicaci\u00f3n administrada con la consecuente interrupci\u00f3n en los tratamientos farmacol\u00f3gicos, insuficiencia de personal profesional para atender a las personas alojadas, condiciones materiales inhumanas y alimentaci\u00f3n insuficiente.<\/p>\n
En el caso de la UP 34 se se\u00f1ala con especial preocupaci\u00f3n el aumento de fallecimientos, particularmente de suicidios: en 2022 y 2023 se registraron dos suicidios cada a\u00f1o y en 2024 se registraron cinco. Adem\u00e1s, se relev\u00f3 la falta de estrategias de posvenci\u00f3n para las personas alojadas en la unidad cuando suceden suicidios. Estas estrategias son fundamentales para reducir da\u00f1os y mitigar el impacto subjetivo que puede tener dicha experiencia dolorosa en el entorno de la persona fallecida.<\/p>\n
Seguimos insistiendo respecto de la necesidad de la articulaci\u00f3n interministerial -espec\u00edficamente con el Ministerio de Salud en su car\u00e1cter de autoridad de aplicaci\u00f3n de la LNSM- a los fines de garantizar un abordaje sanitario conforme a los par\u00e1metros establecidos por la normativa se\u00f1alada con el objetivo de priorizar el criterio de salud por sobre el de seguridad.<\/p>\n
Pol\u00edticas en discapacidad<\/strong><\/p>\nSe destaca la grave deficiencia en la elaboraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.En t\u00e9rminos generales, la estrategia casi exclusiva es la institucionalizaci\u00f3n. No se evidencia una decisi\u00f3n pol\u00edtica que tienda a elaborar e implementar pol\u00edticas p\u00fablicas, con la consecuente asignaci\u00f3n de recursos, para garantizar que estas personas accedan a su derecho a vivir en comunidad con el apoyo que requieren. De esta manera, se apela a la complejidad de los casos y la necesidad de altos niveles de apoyo como forma de justificar la necesidad de que la persona permanezca institucionalizada en lo que se conoce como hogares especializados.<\/p>\n
Las intervenciones y el abordaje se sostienen principalmente en pr\u00e1cticas estandarizadas en detrimento de la trayectoria singular de cada persona y acorde a sus necesidades de apoyo. La insuficiencia de personal de asistencia y equipo profesional no s\u00f3lo afecta las tareas de cuidado sino que impacta directamente en la posibilidad de cada persona de desarrollar las habilidades que le permitan alcanzar el m\u00e1ximo nivel de autonom\u00eda posible con miras a su desinstitucionalizaci\u00f3n e inserci\u00f3n en la comunidad.<\/p>\n
Todo esto ocurre en un contexto adem\u00e1s en donde el gobierno nacional llev\u00f3 adelante varias medidas regresivas en materia de derechos de las personas con padecimiento mental o discapacidad que impactaron negativamente en la provincia de Buenos Aires. Se destacan, por su gravedad, el intento de modificaci\u00f3n de la ley 26.657 en el marco de la ley \u00f3mnibus (la sustituci\u00f3n de art\u00edculos troncales de la ley nacional de salud mental que cambiaban su sentido) y el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) mediante el despido de m\u00e1s de 300 trabajadores\/as.<\/p>\n<\/div>
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