Desde hace muchos a\u00f1os, la CPM patrocina\u00a0en causas judiciales\u00a0a v\u00edctimas de la violencia estatal y, desde la designaci\u00f3n como Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura, esa tarea se fortaleci\u00f3.<\/p>\n
En 2024, la CPM particip\u00f3 como particular damnificado institucional o patrocinando a las v\u00edctimas en 6 juicios orales y 3 abreviados, en ellos se obtuvieron 22 condenas: 14 polic\u00edas bonaerenses, cuatro agentes penitenciarios y cuatro responsables de una comunidad terap\u00e9utica. No obstante, se constata nuevamente que la investigaci\u00f3n judicial de la violencia estatal sigue siendo deficiente, lenta, limitada, t\u00e9cnicamente pobre, sin directivas de las instancias superiores tendientes a revertir este cuadro.<\/p>\n
Las causas abiertas entre 2018-2024 por violencia institucional representan el 0,4% del total de investigaciones iniciadas en la Provincia. Y entre las causas finalizadas, 9 de cada 10 se resuelven mediante el archivo (64%) o la desestimaci\u00f3n (27%); s\u00f3lo en el 4% de los expedientes se requiri\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio oral.<\/p>\n
Del total de muertes producidas en 2024 en unidades penitenciarias -218- se analizan en este informe 61 investigaciones penales, un muestreo que permite confirmar las irregularidades, dificultades y omisiones en las pr\u00e1cticas forenses y judiciales que atraviesan estas causas.<\/p>\n
La desidia judicial alcanza todas las instancias y demandas. El a\u00f1o pasado la CPM realiz\u00f3 48.032 entrevistas y comunicaciones que derivaron en 35.973 presentaciones individuales (en su gran mayor\u00eda judiciales) en favor de 14.406 personas. Solo en 12.245 casos hubo respuesta oficial, o sea, en una de cada tres presentaciones, resultando especialmente preocupante la falta de respuesta en las acciones de habeas corpus: el 42%.<\/p>\n
Los pedidos de traslado por acercamiento familiar son los de mayor demanda entre las presentaciones de la CPM no solo por la grave afectaci\u00f3n de los v\u00ednculos sino por el impacto negativo sobre otros derechos de las v\u00edctimas y sus familias. El informe analiza en particular estos pedidos en 75 casos, en todos hubo una respuesta, pero s\u00f3lo en 13 la justicia orden\u00f3 al SPB que proceda al traslado y de ellos s\u00f3lo 6 son al destino solicitado en la presentaci\u00f3n.<\/p>\n
El temperamento m\u00e1s frecuente del poder judicial es la delegaci\u00f3n del asunto en el SPB; es decir, el \u00f3rgano judicial responde a la solicitud pero su intervenci\u00f3n se reduce a sugerir al SPB el posible lugar de destino. Como no implica una orden de traslado sino un aval, el SPB tiene la libertad para trasladar a la persona adonde sugiere el juez, trasladarla a cualquiera de los otros establecimientos carcelarios o no trasladarla. Esta es la verdadera implicancia de la delegaci\u00f3n judicial en el SPB: favorece la arbitrariedad penitenciaria para el movimiento de personas detenidas y en muchos casos el agravamiento de su situaci\u00f3n familiar.<\/p>\n
Recursos del Estado para la defensa de polic\u00edas imputados por hechos de violencia estatal<\/strong><\/p>\nEl informe describe la utilizaci\u00f3n de recursos materiales y humanos por parte del Ministerio de Seguridad provincial para la defensa penal particular de agentes acusados de delitos de violencia institucional, en contradicci\u00f3n con el principio de igualdad entre los ciudadanos.<\/p>\n
La creaci\u00f3n de cuerpos de abogados defensores ad-hoc, como la Direcci\u00f3n de asesor\u00eda letrada de la Polic\u00eda para la defensa espec\u00edfica de agentes policiales (muchas veces acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos) plantea serios problemas desde una perspectiva de derechos humanos y del principio de igualdad ante la ley: al derecho de defensa a trav\u00e9s de la defensa oficial que le cabe a todo ciudadano, se le suma como privilegio especial al personal policial ser defendido por profesionales de la instituci\u00f3n.<\/p>\n
Las tensiones antes se\u00f1aladas se encuentran al menos en tres niveles: 1) mientras el ciudadano com\u00fan debe recurrir a la defensa p\u00fablica, muchas veces sobrecargada y con recursos limitados, los agentes del Estado implicados en delitos que en algunas ocasiones son particularmente graves acceden a una estructura de defensa especializada y financiada por el mismo aparato estatal; 2) se configura un conflicto \u00e9tico e institucional cuando el mismo Estado, responsable de garantizar los derechos humanos, utiliza fondos p\u00fablicos para defender a quienes est\u00e1n acusados de vulnerarlos; 3) se produce un efecto simb\u00f3lico negativo: se refuerza la percepci\u00f3n de impunidad para miembros de las fuerzas de seguridad y debilita la confianza de las v\u00edctimas.<\/p>\n
Se advierte en tal sentido que los letrados de la Asesor\u00eda Letrada de la Polic\u00eda se sirven de peritos, institutos forenses y laboratorios periciales pertenecientes org\u00e1nicamente a las polic\u00edas de investigaciones (particularmente de la Polic\u00eda Cient\u00edfica) para que intervengan como peritos de parte en la defensa de los intereses particulares de los polic\u00edas acusados de delitos. Estos recursos est\u00e1n concebidos para asistir a los funcionarios encargados de administrar justicia de manera objetiva y t\u00e9cnica, no para favorecer a una de las partes en un proceso penal. Si se utilizan para la defensa de imputados pertenecientes a la propia fuerza que los administra, se rompe la imparcialidad y se produce una concentraci\u00f3n de funciones incompatible con el debido proceso y la igualdad de armas.<\/p>\n<\/div>
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