Con el DNU 22\/2023 el presidente Javier Milei dispuso, a dos d\u00edas de su asunci\u00f3n, la intervenci\u00f3n de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y dio inicio a una seguidilla de cambios en los cargos de conducci\u00f3n con personas sin experiencia formal ni idoneidad en acciones de inteligencia, sumado a una serie de reformas profundas y regresivas del sistema y sin la debida discusi\u00f3n parlamentaria.\u00a0<\/span><\/p>\nAsimismo se produjo un significativo incremento presupuestario de los fondos reservados para la SIDE y los organismos integrantes del sistema de inteligencia nacional que, sumado al alto grado de secretismo de la actividad, genera graves implicancias en la privacidad, la libertad de expresi\u00f3n y otros derechos y garant\u00edas ciudadanas fundamentales. Entre las principales reformas, se destacan la creaci\u00f3n de cuatro organismos desconcentrados y cuyas funciones resultan abstractas y difusas; reinstala la intervenci\u00f3n de la SIDE como auxiliar de la justicia, borrando las diferencias fundamentales entre las tareas policiales de prevenci\u00f3n, de inteligencia criminal y de investigaci\u00f3n criminal.\u00a0<\/span><\/p>\nLa historia reciente acredita que tanto los fondos reservados como la vinculaci\u00f3n de agentes de inteligencia con funcionarios de la justicia federal se utilizaron para disponer resoluciones judiciales contrarias a derechos, influir o manipular en procura de gobernabilidad, convirti\u00e9ndose en un actuar rutinario con agentes de inteligencia (org\u00e1nicos o inorg\u00e1nicos) para investigar la corrupci\u00f3n y otras causas asociadas al crimen organizado. A esto se suma la incorporaci\u00f3n del concepto de contrainteligencia y lucha contra el terrorismo, que potencialmente ampl\u00eda los justificativos que permiten reunir informaci\u00f3n de diverso orden, entre ella, interceptar comunicaciones privadas. Otro aspecto problem\u00e1tico examinado en este informe es el conjunto de funciones asignadas a la denominada Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC).\u00a0<\/span><\/p>\nPor otra parte, se enfatiza que la gesti\u00f3n de gobierno que asumi\u00f3 en diciembre de 2023 inici\u00f3 un camino institucional de recrudecimiento de la represi\u00f3n de la protesta social que se materializ\u00f3 en decisiones pol\u00edticas, modificaciones normativas y administrativas, entre ellas la resoluci\u00f3n 943\/23 del Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n conocida como \u201cProtocolo antipiquetes\u201d que limita u obstaculiza el derecho a la protesta. Desde la implementaci\u00f3n del protocolo la CPM monitorea el despliegue de las fuerzas de seguridad en el contexto de la protesta social, hasta el 11 de abril la CPM monitore\u00f3 82 movilizaciones, en al menos 48 de ellas se identificaron pr\u00e1cticas asociadas a posibles tareas de inteligencia. Esto incluye efectivos filmando con c\u00e1maras port\u00e1tiles, sacando fotos con sus celulares personales, instalando c\u00e1maras en puntos estrat\u00e9gicos de las movilizaciones, en servicio sin uniforme reglamentario y vestidos de civil.\u00a0<\/span><\/p>\nA partir de los hechos represivos se realizaron en total 22 denuncias penales, 13 correspondientes a hechos ocurridos durante el a\u00f1o 2024 y 9 durante el transcurso del a\u00f1o 2025. En esta secci\u00f3n se describe la presencia de personal policial sin uniforme e identificaci\u00f3n; casos de detenciones arbitrarias, torturas e interrogatorios de inteligencia; y las tareas de inteligencia sobre organismos de derechos humanos y organizaciones humanitarias.\u00a0<\/span><\/p>\nPor \u00faltimo, el informe tambi\u00e9n presenta un detallado registro y an\u00e1lisis respecto a las tareas de inteligencia ilegal que tambi\u00e9n despliega la Polic\u00eda Bonaerense sobre organizaciones pol\u00edticas, sociales, gremiales o de derechos humanos. \u00a0<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
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