El presente informe se inscribe en un contexto nacional y regional de procesos regresivos en materia de derechos humanos. La democracia es puesta en cuesti\u00f3n por las expresiones pol\u00edticas reaccionarias que atacan el Estado de derecho e impulsan su limitaci\u00f3n a la dimensi\u00f3n represiva y de control, y tambi\u00e9n por la decepci\u00f3n que provocan las promesas incumplidas de gobiernos elegidos que no s\u00f3lo no garantizan derechos sino que, por el contrario, generan procesos de conculcaci\u00f3n masiva. Las consecuencias han sido que el capital se concentra cada vez m\u00e1s, el Estado se achica y la distribuci\u00f3n de riquezas y recursos queda en manos de un mercado voraz y depredador.<\/p>\n
Los 50 a\u00f1os que se cumplen desde el \u00faltimo golpe de Estado nos encuentran haciendo un balance que, conforme lo expresado, es poco positivo. Sin embargo, tambi\u00e9n dan cuenta de las m\u00faltiples luchas y disputas dadas por los sectores populares para resistir estas transformaciones neoliberales. S\u00f3lo a modo de ejemplo, mencionamos los avances en el juzgamiento del terrorismo de Estado: desde 2006 hasta el primer trimestre de 2026, se dictaron 365 sentencias que condenaron\u00a0a 1.245 represores, y en la actualidad tramitan 355 causas en las que se investigan estos cr\u00edmenes.<\/p>\n
El presente nos reclama de manera imprescindible reafirmar convicciones y caminos que busquen reconstruir un horizonte de expectativas comunes desde una perspectiva que ubique a los derechos en el n\u00facleo fundamental de los esfuerzos sociales y pol\u00edticos.<\/p>\n
La decepci\u00f3n que puede percibirse en el clima social sobre los resultados efectivos de la pol\u00edtica democr\u00e1tica tiene su validaci\u00f3n en algunos datos significativos. En estos 50 a\u00f1os el salario real se redujo en un 60 %, la tasa de pobreza ascendi\u00f3 del 6,2% a m\u00e1s 42 % y el empleo no registrado subi\u00f3 del 10 % a casi el 40 %. El crecimiento exponencial de la deuda externa que produjo la pol\u00edtica econ\u00f3mica de la dictadura persiste, pese a que en los a\u00f1os 2005-2006 se cancelaron los compromisos con el FMI. En 1974 el stock de deuda externa rondaba los 8 mil millones de d\u00f3lares y hoy ha escalado a casi 400 mil millones.<\/p>\n
El resultado social palpable de estos indicadores ha sido un proceso de desigualdad social sin precedentes. La brecha entre ricos y pobres creci\u00f3 notablemente en estos cincuenta a\u00f1os. Esto implica que un n\u00famero significativo de grupos sociales han sido excluidos del acceso a sus derechos b\u00e1sicos, la pobreza estructural ha arrasado a millones de familias que desde hace d\u00e9cadas viven en condiciones de precariedad y sobrevivencia b\u00e1sica.<\/p>\n
Este proceso provocado por pol\u00edticas macroecon\u00f3micas neoliberales agresivas reestructur\u00f3 el Estado y consolid\u00f3 la desigualdad. Como estrategia de los grupos de poder, se fue endureciendo el sistema penal orientando su intervenci\u00f3n a la persecuci\u00f3n de los sectores m\u00e1s pobres, considerados excedentes<\/em>, para controlarlos o gobernarlos a trav\u00e9s de una respuesta violenta y deshumanizada para abordar sus consecuencias.<\/p>\nLa pol\u00edtica criminal que analizamos en este informe es su expresi\u00f3n y no constituye ninguna novedad, sino la confirmaci\u00f3n de una continuidad notoria que podemos establecer, por los menos, en los \u00faltimos 30 a\u00f1os.<\/p>\n
Es decir, frente al proceso de profundizaci\u00f3n de la brecha social y achicamiento del Estado de bienestar se fue profundizando y exacerbando el car\u00e1cter represivo que ya no se despliega como en los a\u00f1os setenta sobre las disidencias pol\u00edticas sino contra las excedencias de la poblaci\u00f3n (los sectores m\u00e1s pobres), configurados como enemigos del orden p\u00fablico y la seguridad.<\/p>\n
Estas observaciones se exponen aqu\u00ed para remarcar, una vez m\u00e1s, que las violencias que se describen no son productos circunstanciales de pr\u00e1cticas a erradicar o problemas e inconsistencias de pol\u00edticas de seguridad mal dise\u00f1adas, son la expresi\u00f3n de una violencia estructural que el Estado produce y reproduce en sus diferentes pr\u00e1cticas y en las pol\u00edticas de los gobiernos e instituciones que la configuran. M\u00e1s all\u00e1 de las diferencias entre gobiernos que pueden verse en distintas pol\u00edticas, programas o perspectivas de acci\u00f3n p\u00fablica, esta condici\u00f3n estructural se mantiene y es transversal a todas las gestiones. Aun en tiempos donde se desarrollaron pol\u00edticas de inclusi\u00f3n social y se disminuy\u00f3 la pobreza o la indigencia, la pol\u00edtica criminal inmutable ha sido un modo de reproducci\u00f3n de la desigualdad y la injusticia social.<\/p>\n
Las llamadas \u201cpol\u00edticas de seguridad\u201d no son un problema t\u00e9cnico ni de dise\u00f1o sino uno de los instrumentos de legitimaci\u00f3n de la desigualdad en tanto criminaliza la pobreza, la expone y la reduce a un problema del sistema penal.<\/p>\n
La primera operaci\u00f3n es reducir el concepto de seguridad al sistema penal, excluyendo de la noci\u00f3n la seguridad que deviene del pleno goce de derechos. No se habla de la inseguridad que provoca la falta de acceso a la salud, el trabajo, la vivienda digna o la alimentaci\u00f3n. En su lugar, la idea se limita a las consecuencias provocadas por el delito predatorio callejero que pone a los pobres como \u00fanicos victimarios, y en la misma operaci\u00f3n esconde los grandes y cuantiosos delitos complejos estructurados por organizaciones poderosas (narcotr\u00e1fico, trata de personas, delitos financieros, corrupci\u00f3n, contrabando) o los cometidos por el poder econ\u00f3mico empresarial y el poder pol\u00edtico. Todos estos provocan un cuantioso perjuicio social y econ\u00f3mico que impacta al conjunto social, y que es invisibilizado por gran parte de los discursos pol\u00edticos o los construidos por los medios empresariales de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
Como ocurre en todo el territorio nacional y en los pa\u00edses de la regi\u00f3n, la pol\u00edtica criminal de la provincia de Buenos Aires se constituy\u00f3 en un dispositivo estatal de gobierno y control de las poblaciones m\u00e1s pobres y vulneradas. Esta orientaci\u00f3n fue seguida por los distintos gobiernos, aun cuando en determinados momentos se intentaron procesos de reforma que dec\u00edan inscribirse en otro paradigma de seguridad; no obstante fracasaron al imponerse luego decisiones pol\u00edticas regresivas.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\nPol\u00edticas transversales de la mano dura<\/strong><\/p>\nComo se\u00f1alamos, las llamadas pol\u00edticas de mano dura <\/em>son pol\u00edticas transversales que persisten sin modificarse a pesar de los cambios de gobierno conjugando un esquema policial violento de control y regulaci\u00f3n ilegal del delito en los territorios, con una actuaci\u00f3n judicial que convalida y encierra autom\u00e1ticamente sin controlar estas pr\u00e1cticas violentas.<\/p>\nEste gobierno de control hacia los pobres se ejecuta a trav\u00e9s de la cadena punitiva: polic\u00eda, justicia penal y servicio penitenciario u organismos de custodia. Nuevos eslabones fortalecen esta cadena: a nivel local la creaci\u00f3n de guardias, patrullas o polic\u00edas municipales, y a nivel nacional un despliegue represivo de la protesta social y la persecuci\u00f3n a las organizaciones sociales.<\/p>\n
En la dimensi\u00f3n local, los municipios est\u00e1n desarrollando sus propias estrategias de control de la excedencia poblacional expresada en clave de lograr orden y seguridad<\/em>, profundizando las pol\u00edticas segregativas y expulsivas de los segmentos pobres que irrumpen en el centro de las ciudades, en particular quienes viven en la calle o realizan actividades de subsistencia, consolidando la guetizaci\u00f3n<\/em> o segregaci\u00f3n territorial de estos grupos. Pero estas guardias o patrullas municipales act\u00faan fuera del marco legal regulatorio que establece la ley provincial de seguridad (ley 12.154 y sus modificatorias) y han sido dotadas de facultades cuasi policiales, incluso la posibilidad de usar armas menos letales o detener personas. Este nuevo eslab\u00f3n en la cadena punitiva y represiva ya ha producido graves vulneraciones a los derechos humanos. La persecuci\u00f3n violenta e ilegal a personas en situaci\u00f3n de calle en Mar del Plata y el homicidio de Octavio Buscafusco por parte de la Patrulla Municipal de Vicente L\u00f3pez son ejemplos de las consecuencias de esta ampliaci\u00f3n punitiva.<\/p>\nA nivel nacional, observamos un despliegue represivo creciente en torno a la protesta social al que se sum\u00f3 la persecuci\u00f3n penal a las organizaciones sociales, que ha llegado a niveles hist\u00f3ricos, todo sostenido por un discurso presidencial apolog\u00e9tico. La exacerbaci\u00f3n de la violencia policial en las calles y la utilizaci\u00f3n del proceso penal para disuadir y limitar la protesta o castigar a quienes la impulsan luchando por sus derechos se han desplegado de manera continua los \u00faltimos tres a\u00f1os. La CPM monitorea la represi\u00f3n a la protesta social desde la aplicaci\u00f3n del protocolo antipiquetes. En este anuario se incluye el tercer informe especial Monitoreo de la represi\u00f3n de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones p\u00fablicas<\/em> que analiza la responsabilidad de las fuerzas federales (Polic\u00eda, Prefectura y Gendarmer\u00eda y de la ciudad de Buenos Aires) en lo ocurrido el a\u00f1o pasado en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires. De lo relevado surge que mientras que en 2024 se hab\u00edan relevado 1.216 personas heridas o lesionadas, este n\u00famero creci\u00f3 un 13 % en 2025 llegando a 1.369; las detenciones tambi\u00e9n se incrementaron un 77%, pasando de 93 en 2024 a 165 en 2025.<\/p>\nEn este cuadro de incremento de la violencia estatal la intervenci\u00f3n policial no se orienta a la prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n del delito. Los datos hist\u00f3ricos comprueban que menos del 14 % de las aprehensiones policiales se convirtieron en detenciones por imputaci\u00f3n judicial de un delito. Es decir que la gran mayor\u00eda de las aprehensiones policiales no se vinculan con la comisi\u00f3n de delitos sino con el control y gesti\u00f3n de poblaciones excluidas y estigmatizadas.<\/p>\n
Estas aprehensiones suelen ser muy violentas aunque en general no se denuncian por temor a represalias; sin embargo la CPM denunci\u00f3 1.639 hechos de violencia policial padecidos por 641 v\u00edctimas, el 20 % de ellas agresiones f\u00edsicas con palos o bastones, escudos, patadas y golpes de pu\u00f1o.<\/p>\n
El funcionamiento policial descripto genera condiciones propicias para el armado y fraguado de causas penales. Un ejemplo es el de Cristian Mallorca, que estuvo 5 meses detenido injustamente y cuyo caso se analiza en este informe.<\/p>\n
Crecieron las muertes ocasionadas por uso de la fuerza letal policial en provincia de Buenos Aires: ascendieron a 141 personas (100 menores de 30 a\u00f1os) contra 135 en 2024. Del total, 90 fueron cometidas por miembros de la Polic\u00eda Bonaerense, 25 de la Polic\u00eda de la Ciudad, 19 de la Polic\u00eda Federal, 4 de la Gendarmer\u00eda Nacional y 3 de la Prefectura Nacional. La mayor\u00eda, 87 casos, fueron cometidos por agentes en actividad pero fuera de servicio defendiendo bienes propios, lo que muestra nuevamente la necesidad de derogar el estado policial.<\/p>\n
Un elemento central a considerar es el diagn\u00f3stico que surge de las causas judiciales en relaci\u00f3n a la desproporci\u00f3n en el uso de la fuerza letal. Los polic\u00edas reconocen haber disparado al menos 195 veces, mientras que a los supuestos atacantes se les atribuyen 12 disparos. En ning\u00fan caso los disparos impactaron en los agentes policiales. Sin embargo 116 de los disparos policiales impactaron en los supuestos atacantes o v\u00edctimas, y las trayectorias de ingreso a los cuerpos fueron de atr\u00e1s hacia adelante. Todo esto indica que la respuesta policial armada se da en un contexto ajeno a la funci\u00f3n policial, no responde a una agresi\u00f3n proporcional de parte de los supuestos atacantes, es altamente desprofesionalizada y los disparos se producen cuando la persona est\u00e1 huyendo.<\/p>\n
Es alarmante que mientras 116 disparos impactaron a los supuestos atacantes al menos otros 79 siguieron su trayectoria. A esto se suma que la mayor\u00eda de los hechos ocurren en zonas urbanas o periurbanas, lo que implica un riesgo muy alto para las personas que transitan. Ese fue el caso que deriv\u00f3 en el asesinato del ni\u00f1o de 7 a\u00f1os, Thiago Correa, en La Matanza, mientras esperaba un micro sobre los hombros de su padre.<\/p>\n
Por otra parte, hubo 18 muertes por intervenciones policiales vinculadas a personas con padecimiento mental o consumo problem\u00e1tico de drogas en estado de excitaci\u00f3n psicomotriz. El personal policial reduce a la persona de manera violenta con intervenci\u00f3n de m\u00e1s de tres agentes, mediante forcejeos, patadas y golpes. La contenci\u00f3n se realiza con esposas o sujeci\u00f3n con la propia ropa de la persona, y se impone el despliegue de la fuerza f\u00edsica y\/o amenaza por sobre mecanismos menos invasivos y la disuasi\u00f3n por la palabra. En casi la totalidad de los casos (16) se confirm\u00f3 la inexistencia de circunstancias que dieran cuenta de un riesgo para terceras personas y la comunicaci\u00f3n con efectores de salud se realiz\u00f3 luego de haber reducido a la persona. Esta forma de intervenci\u00f3n es contraria a las Pautas generales para el abordaje intersectorial de urgencias en salud mental, una resoluci\u00f3n conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad de la Provincia dictada en 2022, que establece los criterios espec\u00edficos para la intervenci\u00f3n en estos casos.<\/p>\n
Esta pol\u00edtica criminal tiene consecuencias grav\u00edsimas porque genera condiciones para la vulneraci\u00f3n sistem\u00e1tica de los derechos humanos, y la tortura es parte integral de este programa que recurre a la violencia y la producci\u00f3n de precariedad para gobernar a las poblaciones que se persigue y encarcela.<\/p>\n
La exacerbaci\u00f3n de pol\u00edticas y discursos de odio hacia estos sectores, conjugados con la creaci\u00f3n de estos nuevos dispositivos securitarios, incrementan los casos de torturas, malos tratos y muertes alimentando el sistema de encierro m\u00e1s grande de la Argentina.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\nInflaci\u00f3n penal<\/strong><\/p>\nEn diciembre de 2025 hab\u00eda 63.934 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires en c\u00e1rceles, alcaid\u00edas, comisar\u00edas o con monitoreo electr\u00f3nico, contra 61.810 del a\u00f1o 2024.<\/p>\n
La cantidad de detenidos crece a un promedio interanual del 5%. La tasa de encarcelamiento provincial pas\u00f3 de 355 personas cada 100 mil habitantes en 2024 a 367 personas cada 100 mil habitantes en 2025, superando ampliamente la tasa nacional de 289 y la mundial de 176.<\/p>\n
Esta cantidad de aprehensiones y detenciones colapsan el sistema de encierro porque se producen m\u00e1s ingresos que egresos. Entre 2015 y 2025, cada a\u00f1o ingresaron en promedio casi 20.000 personas y egresaron 17.000, dejando un saldo positivo de 3.000 personas m\u00e1s por a\u00f1o. En 2025 esa diferencia fue de 2.775 personas m\u00e1s.<\/p>\n
Despu\u00e9s de 2020 la sobrepoblaci\u00f3n en comisar\u00edas tuvo una disminuci\u00f3n significativa que lleg\u00f3 en diciembre de 2025 a 1.386 detenidos, contra 2.314 del a\u00f1o anterior. Esto fue consecuencia del trabajo interinstitucional sostenido, del que fueron parte la CPM y otras organizaciones, realizado en el marco del Tribunal de Casaci\u00f3n provincial, la Autoridad de Implementaci\u00f3n y seguimiento del Programa de cumplimiento de sentencia (APCS) creado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJBA), y reuniones de trabajo ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictaron medidas cautelares sobre comisar\u00edas. Pese a la reducci\u00f3n de la cantidad de personas, las condiciones de alojamiento en estos lugares siguen siendo extremas y cr\u00edticas. En este per\u00edodo se registraron 12 personas muertas en 12 dependencias policiales diferentes (9 de ellas del conurbano bonaerense); tres de estas comisar\u00edas estaban clausuradas para alojar personas y sobre una incluso persiste una medida cautelar dictada por la CIDH.<\/p>\n
Pero esto es s\u00f3lo una parte del problema: mientras en comisar\u00edas baj\u00f3 la sobrepoblaci\u00f3n, en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la sobrepoblaci\u00f3n volvi\u00f3 a crecer. La sobrepoblaci\u00f3n produce hacinamiento y agrava las condiciones de detenci\u00f3n. Para gobernar el hacinamiento extremo se apela a mayor tiempo de aislamiento en celda, entre 16 y 24 horas diarias, llegando a m\u00e1s de 60 horas seguidas los fines de semana cuando no hay acceso a espacios comunes o patios. A eso se suma que las personas detenidas no tienen asistencia a la salud integral, no pueden alimentarse de manera adecuada y se alojan en lugares contrarios a la condici\u00f3n humana.<\/p>\n
A fines de 2025 el sistema carcelario se compon\u00eda de 58 c\u00e1rceles, 14 alcaid\u00edas, una unidad-hospital y una unidad de tr\u00e1nsito, construidas entre 1877 y 2023. Se trata de 74 establecimientos con capacidad para alojar a 26.868 personas. Considerando esa infraestructura, en diciembre de 2025 la sobrepoblaci\u00f3n fue del 116%, un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al a\u00f1o anterior.<\/p>\n
La actual gesti\u00f3n de gobierno inici\u00f3 un plan de construcci\u00f3n de c\u00e1rceles y alcald\u00edas como forma de resolver estos problemas. Hasta 2024, cuando las obras se suspendieron por la interrupci\u00f3n de fondos provenientes del gobierno nacional, se construyeron 6.000 nuevas plazas pero en esos a\u00f1os el sistema absorbi\u00f3 13.000 nuevos detenidos.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\nPersistencia de la pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de torturas<\/strong><\/p>\nEn un sistema de encierro de estas caracter\u00edsticas la tortura sigue siendo una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica. En 2026 la CPM revel\u00f3 a partir de su Registro provincial de torturas y otras violaciones de derechos humanos (RPT) 87.614 hechos de vulneraciones a derechos humanos en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas. De este total, 70.008 son torturas y\/o malos tratos relevadas en la secci\u00f3n Penitenciaria y 14.243 son de privaci\u00f3n de acceso a la justicia por responsabilidad directa o indirecta de los operadores judiciales. Los mismos datos se corroboran del trabajo realizado por la CPM en el marco del Registro nacional de casos de torturas y malos tratos (RNCT) que se elabora conjuntamente con la Procuraci\u00f3n Penitenciaria de la Naci\u00f3n (PPN) y el Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH) del Instituto Gino Germani de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).<\/p>\n
La tortura es multidimensional y se produce combinando diferentes hechos que se aplican de manera simult\u00e1nea o continua. No es s\u00f3lo la agresi\u00f3n f\u00edsica: tambi\u00e9n es tortura la falta de acceso a la salud, las malas condiciones de detenci\u00f3n, el aislamiento, el hambre, los traslados constantes y gravosos, las requisas violentas y vejatorias. Las torturas no son excesos ni hechos excepcionales: se trata de una pr\u00e1ctica persistente y extendida que con distinta modalidad e intensidad ocurre todo el tiempo en todos los lugares de detenci\u00f3n y en el despliegue policial.<\/p>\n
Todo esto tambi\u00e9n es posible porque la justicia lo avala y promueve al convalidar, casi sin an\u00e1lisis, la actuaci\u00f3n policial y penitenciaria. Un dato explica la din\u00e1mica: 9 de cada 10 detenciones policiales son sin orden previa dictada por un juez competente, como dispone la Constituci\u00f3n nacional. La polic\u00eda detiene y la justicia confirma autom\u00e1ticamente esa detenci\u00f3n.<\/p>\n
La prisi\u00f3n preventiva y el juicio abreviado son las herramientas jur\u00eddicas principales en el sostenimiento de la pol\u00edtica de encierro en la Provincia. El uso indiscriminado de la prisi\u00f3n preventiva sigue siendo generalizado (47 % del total) y se usa de manera diferencial sobre la poblaci\u00f3n femenina (56 %) y las personas trans (53 %), m\u00e1s que en varones (46 %).<\/p>\n
Tambi\u00e9n se convirti\u00f3 en regla el juicio abreviado, que afecta las garant\u00edas del debido proceso; hoy 9 de cada 10 condenas son mediante esta modalidad. El juicio abreviado es un acuerdo extorsivo entre los fiscales y los defensores que, en general, se impone a las personas detenidas para llegar a una r\u00e1pida condena en detrimento de un juicio oral y p\u00fablico.<\/p>\n
Al incremento y automaticidad de los ingresos se suma otro problema en el extremo opuesto del proceso judicial: la retenci\u00f3n de los condenados hasta el cumplimiento efectivo de la pena. El principio constitucional y legal de la resocializaci\u00f3n y la progresividad de la pena no se cumplen. Esto deriva en que entren cada vez m\u00e1s y salgan cada vez menos personas del sistema de encierro.<\/p>\n
En 2025, los juzgados provinciales de ejecuci\u00f3n penal denegaron 8 de cada 10 solicitudes de morigeraci\u00f3n de pena: el 80% de las libertades condicionales, el 74% de las libertades asistidas, el 80% de las salidas transitorias y el 83% de las prisiones domiciliarias.<\/p>\n
Muertes evitables<\/strong><\/p>\nEn el \u00e1mbito penitenciario, conforme lo relevado en el Registro CPM de muertes en c\u00e1rceles y alcaid\u00edas, se registraron 224 muertes: 203 fueron por problemas de salud, 13 suicidios, cuatro homicidios y cuatro accidentes. En el a\u00f1o 2024 hab\u00edan sido 218. Por otro lado, las muertes en detenci\u00f3n domiciliaria ascendieron a 59.<\/p>\n
Una vez m\u00e1s las muertes por problemas de salud no asistidos representan el mayor porcentaje sobre el total, 9 de cada 10 casos. La mayor cantidad de muertes de este tipo se produjeron en los complejos penitenciarios de Olmos (51 casos) y Florencio Varela (27 casos).<\/p>\n
La nula o deficiente atenci\u00f3n m\u00e9dica, la falta de medicamentos o realizaci\u00f3n de estudios diagn\u00f3sticos, las dificultades permanentes para la atenci\u00f3n especializada o extramuros, sumado a la mediaci\u00f3n del SPB que entorpece el efectivo acceso a espacios sanitarios, son factores constantes en los espacios carcelarios que provocan o favorecen estos decesos.<\/p>\n
En 2025 se registr\u00f3 un importante descenso en la cantidad de suicidios en alcaid\u00edas y unidades penales de la Provincia, pasando de 21 a 13 v\u00edctimas. A pesar de esto, la tasa de 2,3 suicidios cada 10.000 personas detenidas contin\u00faa siendo muy superior a la tasa provincial de 0,5 cada 10.000 personas. En relaci\u00f3n con el espacio de alojamiento donde sucedieron los hechos, se destaca que 5 de los 13 suicidios registrados en 2025 se produjeron en sectores de aislamiento. Particularmente se destaca un caso: la persona detenida ven\u00eda de dos traslados consecutivos, por lo que durante al menos 10 d\u00edas estuvo alojada en espacios de aislamiento. En al menos dos casos previamente se hab\u00eda solicitado atenci\u00f3n psicol\u00f3gica.<\/p>\n
Desde el a\u00f1o 2016 se registra un descenso sostenido en la cantidad de homicidios ocurridos en espacios carcelarios, hasta estabilizarse en valores similares a los registrados en el resto de la Provincia. En el a\u00f1o 2025 se registraron cuatro homicidios, una tasa igual a 2024: tres fueron cometidos por otras personas detenidas y uno por miembros del SPB. Cristian Moyano fue asesinado por varios agentes penitenciarios en la Unidad 24 de Florencio Varela.<\/p>\n
En 2025, 684 personas murieron bajo custodia del Estado o por uso letal de las fuerzas de seguridad: 224 en c\u00e1rceles y alcald\u00edas, 59 con monitoreo electr\u00f3nico, 30 en comisar\u00edas o bajo custodia policial, 141 por violencia policial y 230 en establecimientos de salud mental.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\nImpunidad de la tortura<\/strong><\/p>\nEn 9 de cada 10 casos, las denuncias por torturas y muertes son sistem\u00e1ticamente rechazadas o archivadas por la justicia, sin investigaci\u00f3n adecuada alguna; as\u00ed se consagra la impunidad de estos delitos.<\/p>\n
Pese a esto, la CPM particip\u00f3 entre 2017 y 2025 en representaci\u00f3n de las v\u00edctimas y\/o como particular damnificado institucional (PDI) en 27 juicios donde se conden\u00f3 a 70 personas entre polic\u00edas, penitenciarios, empleados de ni\u00f1ez y responsables de una comunidad terap\u00e9utica. Durante 2025 particip\u00f3 en cinco juicios donde se conden\u00f3 a 11 agentes de la Polic\u00eda Bonaerense, todos los que estaban imputados al inicio de los procesos.<\/p>\n
En funci\u00f3n de los est\u00e1ndares y par\u00e1metros normativos obligatorios que debieran cumplirse en las investigaciones penales preparatorias (IPP), se analizaron 188 casos (sobre 224) que investigan muertes en custodia ocurridas en establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires durante 2025.<\/p>\n
El an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n disponible permite identificar una serie de patrones relevantes que, entre otras cosas, dan cuenta de las condiciones de salud de la poblaci\u00f3n detenida, las limitaciones en los procesos de determinaci\u00f3n de las causas de muerte, la falta de directrices unificadas en la investigaci\u00f3n fiscal y el incumplimiento de est\u00e1ndares investigativos m\u00ednimos. En un 26% de los casos no se tomaron placas radiogr\u00e1ficas y en el 81% no se extrajo mediante hisopado una posible muestra de ADN y otros elementos biol\u00f3gicos. En el 31% de los casos no se orden\u00f3 el correspondiente levantamiento de rastros de la escena de los hechos y en 10 no se orden\u00f3 operaci\u00f3n de autopsia que debe realizarse en todos los casos.<\/p>\n
Finalmente, se observa con recurrencia la ausencia de la pr\u00e1ctica del peel off<\/em>, \u00c9corchage<\/em> o por planos<\/em>. Esta pr\u00e1ctica tiene como objetivo establecer la posible presencia de lesiones profundas en planos subcut\u00e1neos o musculares no observables en el examen traumatol\u00f3gico superficial. En el 75% (124) de las IPP analizadas no se registra esta pr\u00e1ctica quir\u00fargica de suma importancia para la evidencia forense.<\/p>\n\u00a0<\/strong><\/p>\nCorrupci\u00f3n estructural<\/strong><\/p>\nEste sistema de gobierno o control funciona adem\u00e1s con altos niveles de corrupci\u00f3n. Entre 2008 y 2025 al menos 8.574 polic\u00edas fueron expulsados por delitos relacionados con hechos de corrupci\u00f3n. En el Servicio Penitenciario Bonaerense la corrupci\u00f3n tambi\u00e9n es sistem\u00e1tica y degrada a\u00fan m\u00e1s las condiciones de vida en el encierro. En 2025, pese al temor a denunciar de las personas detenidas, la CPM registr\u00f3 57 hechos de corrupci\u00f3n penitenciaria, es decir, uno cada seis d\u00edas.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\nPol\u00edticas de ni\u00f1ez y adolescencia<\/strong><\/p>\nEn cuanto a las pol\u00edticas de ni\u00f1ez, el informe analiza su situaci\u00f3n cr\u00edtica. Hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os se cre\u00f3 el sistema de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos para dejar atr\u00e1s el viejo patronato de menores.\u00a0Sin embargo, el nuevo sistema reproduce y agrava mucho de lo que prometi\u00f3 cambiar. Si bien puede pensarse que este escenario propicia la continuidad de pr\u00e1cticas y discursos propias del patronato, no es la pervivencia de lo viejo sino de lo nuevo en el marco del paradigma de protecci\u00f3n integral que ha creado sus propios dispositivos de control, sometimiento y vulneraci\u00f3n de derechos, incluso readaptando estrat\u00e9gicamente pr\u00e1cticas y discursos que hacen propios. La reedici\u00f3n de respuestas estatales de castigo y criminalizaci\u00f3n a las infancias pobres, hoy cristalizada en la reciente sanci\u00f3n en el Congreso Nacional de la baja de edad de punibilidad y la legitimaci\u00f3n de un r\u00e9gimen penal juvenil regresivo e inconstitucional, no pueden escindirse de las graves falencias del Estado en su especial obligaci\u00f3n de proteger derechos.<\/p>\n
Durante 2025 los organismos y servicios para la promoci\u00f3n de derechos intervinieron en m\u00e1s de 85 mil casos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes vulnerables, 10 mil casos m\u00e1s que el a\u00f1o pasado y 100% m\u00e1s que hace 7 a\u00f1os. Pero muy pocas veces esta intervenci\u00f3n logr\u00f3 restituir derechos. En diciembre de 2025, hab\u00eda 4.200 ni\u00f1as y ni\u00f1os institucionalizados, m\u00e1s del 90% alojado en hogares no oficiales.<\/p>\n
Los hogares (oficiales o conveniados) est\u00e1n en condiciones cr\u00edticas: infraestructura deficiente y riesgosa, falta de personal capacitado, malos tratos y torturas, y ausencia de mecanismos eficaces de control y supervisi\u00f3n. En esas condiciones, es dif\u00edcil que el sistema cumpla con su misi\u00f3n de restituir derechos.<\/p>\n
En 2025 s\u00f3lo el 27% de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes institucionalizados egresaron de estos dispositivos porque se consider\u00f3 que sus derechos fueron restituidos y el 30% egres\u00f3 por guarda pre-adoptiva.<\/p>\n
En el otro extremo est\u00e1 el sistema penal juvenil. Cuando faltan o fallan las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n, el Estado recurre a pol\u00edticas de castigo y encierro de los ni\u00f1os pobres. En los \u00faltimos 10 a\u00f1os la cantidad de j\u00f3venes imputados por delitos descendi\u00f3 un 60%, pero la cantidad de j\u00f3venes encerrados se mantuvo constante.<\/p>\n
Esta pol\u00edtica represiva se cristaliz\u00f3 en la reciente sanci\u00f3n en el Congreso nacional de la baja de edad de punibilidad a los 14 a\u00f1os; sin embargo la justicia ya deten\u00eda menores de 16 a\u00f1os. Desde 2021, la cifra de ni\u00f1os no punibles detenidos se triplic\u00f3. Durante 2025 ingresaron 842 ni\u00f1os y j\u00f3venes privados de libertad a centros de detenci\u00f3n: 168 ten\u00edan 15 a\u00f1os o menos, un 20% del total.<\/p>\n
En la provincia de Buenos Aires (que agrupa casi la mitad de hechos delictivos del pa\u00eds) j\u00f3venes menores de 18 a\u00f1os cometieron 88 homicidios dolosos durante 2025. De estos s\u00f3lo 25 fueron cometidos por menores de 16 a\u00f1os, los que hoy son no punibles. En el mismo a\u00f1o ingresaron a las c\u00e1rceles de j\u00f3venes 1.236 menores de 18 a\u00f1os, de los cuales 276 (22%) eran no punibles, es decir menores de 16 a\u00f1os.<\/p>\n
Los menores de 16 a\u00f1os que cometieron homicidios ya son detenidos hoy en la provincia de Buenos Aires a partir de la aplicaci\u00f3n de una medida de seguridad<\/em> que los jueces utilizan en estos casos. Y no s\u00f3lo est\u00e1n detenidos los 25 j\u00f3venes que cometieron homicidios, sino que estuvieron tambi\u00e9n detenidos otros 251 j\u00f3venes que cometieron delitos de abuso sexual o robo agravado. Si el gobierno declama que la soluci\u00f3n es la c\u00e1rcel, estos datos muestran claramente que este proyecto no lo resolver\u00e1.<\/p>\nEn la mayor\u00eda de estos casos los j\u00f3venes hab\u00edan cometido delitos antes y ten\u00edan problemas de consumo de drogas; en otros, fueron captados por redes delictivas. \u00bfEl Estado no puede pensar en pol\u00edticas para trabajar sobre este peque\u00f1o universo y prevenir que cometa delitos graves?<\/p>\n
Es urgente implementar pol\u00edticas de salud mental y de prevenci\u00f3n y asistencia frente al consumo de estupefacientes, pol\u00edticas educativas que incluyan y generen verdaderas oportunidades y alternativas para evitar el ingreso al mundo del delito, pol\u00edticas que eviten que lleguen a esos delitos graves, que limiten el acceso a las armas, pol\u00edticas sociales que garanticen derechos, no pol\u00edticas punitivas que los restrinjan sin fundamentos.<\/p>\n
Estos j\u00f3venes se alojan en centros de detenci\u00f3n del Organismo Provincial de Ni\u00f1ez y Adolescencia que se asemejan a las c\u00e1rceles para adultos:\u00a0graves condiciones materiales, aislamiento extremo, agresiones f\u00edsicas, pocas actividades recreativas o educativas, falta de asistencia de la salud y padecimiento de hambre. A esto se suman las sanciones arbitrarias e ilegales y nula escucha de los j\u00f3venes<\/p>\n
En este contexto, la tortura es una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica y no se cumple con la funci\u00f3n de responsabilizaci\u00f3n penal prevista en la ley. En 2025 la CPM relev\u00f3 m\u00e1s de 1.329 hechos de torturas y malos tratos o vulneraciones de derechos.<\/p>\n
Todo esto es posible porque la justicia lo promueve y avala: no controla las condiciones en que se cumplen las medidas de abrigo o de detenci\u00f3n, no investiga las denuncias de malos tratos y torturas. Gran parte del poder judicial legitima as\u00ed las graves vulneraciones de derechos humanos.<\/p>\n
La CPM, defensores oficiales y asociaciones de derechos humanos, de ni\u00f1ez y sindicales han presentado una acci\u00f3n de amparo atacando la baja de edad de punibilidad por inconstitucional y anticonvencional.<\/p>\n
El Estado debe recuperar su rol de cuidado y garante de derechos. Los ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes tienen derecho a vivir una infancia digna y libre.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\nPol\u00edticas de salud mental<\/strong><\/p>\nLa ley nacional de salud mental, aprobada en 2010 y reglamentada en 2013, ven\u00eda a cambiar el paradigma del manicomio y a reconocer a las personas con problemas de adicciones o salud mental como sujetos de derechos.<\/p>\n
A nivel nacional, durante 2025 recrudecieron las pol\u00edticas de ajuste contra estas poblaciones. La evidencia m\u00e1s expl\u00edcita fue la resoluci\u00f3n 187\/2025 publicada por la ANDIS, con el supuesto fin de regular el acceso a pensiones. A partir de esta resoluci\u00f3n se inici\u00f3 una revisi\u00f3n masiva, arbitraria y descontextualizada que expuso a miles de personas con discapacidad a situaciones denigrantes y discriminatorias, y se eliminaron arbitrariamente miles de pensiones.<\/p>\n
En la provincia de Buenos Aires hubo grandes avances en la implementaci\u00f3n de la ley nacional de salud mental; por ejemplo el paulatino descenso de personas alojadas en el manicomio hasta su prometido cierre. La Provincia tiene cuatro hospitales neuropsiqui\u00e1tricos p\u00fablicos. En diciembre de 2025 hab\u00eda 758 personas alojadas, 60% menos que en 2018.<\/p>\n
Sin embargo persiste un problema transversal: durante 2025, el 58% de los ingresos a los hospitales monovalentes fueron reinternaciones: personas que no pudieron continuar el tratamiento afuera por falta de atenci\u00f3n en hospitales generales y de dispositivos alternativos al manicomio. Si bien estos hospitales se encuentran en proceso de adecuaci\u00f3n a la ley de salud mental, se siguen relevando pr\u00e1cticas propias del manicomio que afectan la dignidad de las personas, como aislamiento o falta de actividades terap\u00e9uticas y recreativas.<\/p>\n
En las cl\u00ednicas neuropsiqui\u00e1tricas privadas la situaci\u00f3n es peor. Estos lugares funcionan con habilitaciones obsoletas y casi sin controles del Ministerio de Salud, y el tratamiento m\u00e9dico se centra en el encierro y la sobremedicaci\u00f3n. En 2025 se registraron 314 hechos de torturas y\/o malos tratos en estos \u00e1mbitos.<\/p>\n
En el extremo m\u00e1s cruel de este sistema est\u00e1n las comunidades terap\u00e9uticas para el tratamiento de adicciones. Muchas funcionan con habilitaci\u00f3n provisoria o vencida, y otras muchas funcionan directamente en la clandestinidad. En estos lugares no se aplica la ley de salud mental y funcionan casi sin presencia de profesionales de la salud; en 2025, la CPM registr\u00f3 all\u00ed 131 hechos de falta o deficiente atenci\u00f3n a la salud.<\/p>\n
El mal llamado tratamiento<\/em> se basa en seguir normas r\u00edgidas y tareas dom\u00e9sticas que implican premios o castigos. Las formas de castigo m\u00e1s comunes son sujeci\u00f3n mec\u00e1nica, golpes, impedimento del v\u00ednculo familiar y sobremedicaci\u00f3n: los psicof\u00e1rmacos, molidos o inyectables, se aplican de manera arbitraria y sin control m\u00e9dico.<\/p>\nUn hecho frecuentemente denunciado es la falta de acceso a la justicia: 93 casos. Todas las internaciones involuntarias, las internaciones que superen los 60 d\u00edas o las internaciones de personas menores de edad deben ser peri\u00f3dicamente controladas por la justicia, pero no ocurre. Esto se agrava con la forma de ingreso relevado en muchos lugares: se secuestra a las personas a trav\u00e9s de grupos operativos<\/em> formados por operadores y otros j\u00f3venes alojados utilizando violencia o inyecci\u00f3n de psicof\u00e1rmacos sin ninguna prescripci\u00f3n o control m\u00e9dico.<\/p>\nLas c\u00e1rceles neuropsiqui\u00e1tricas ocupan el \u00faltimo eslab\u00f3n de encierro. La Unidad 34 y el anexo femenino de la Unidad 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense alojan a personas en conflicto con la ley penal con padecimiento mental. Tambi\u00e9n en estas unidades\u00a0hay torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes: condiciones materiales inhumanas, alojamiento de personas sin criterio de permanencia, falta de medicaci\u00f3n, agresiones f\u00edsicas, alimentaci\u00f3n insuficiente y aislamiento. En estas condiciones no hay adecuaci\u00f3n posible a la ley de salud mental.<\/p>\n
Como ocurre en todo el sistema penitenciario, el Ministerio de Salud no asiste a estas poblaciones o lo hace de manera deficiente. La degradaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Salud Penitenciaria que depende del Ministerio de Justicia y la falta de articulaci\u00f3n con las pol\u00edticas sanitarias impiden que se garantice el derecho a la salud y provoca a\u00fan m\u00e1s sufrimiento y muertes en el encierro.<\/p>\n
Las deficiencias en las pol\u00edticas sanitarias alcanzan a otro sector particularmente vulnerable: las personas con discapacidad. Una vez m\u00e1s, la \u00fanica intervenci\u00f3n posible para estas personas es la institucionalizaci\u00f3n en hospitales p\u00fablicos especializados u hogares del sector privado. Estos dispositivos funcionan con una normativa obsoleta, y la deficiente fiscalizaci\u00f3n del Ministerio de Salud agrava esta situaci\u00f3n. Las personas son sometidas a pr\u00e1cticas deshumanizantes y degradantes en internaciones prolongadas por falta de dispositivos y apoyo para la externaci\u00f3n.<\/p>\n
Es una situaci\u00f3n que se agrav\u00f3 a\u00fan m\u00e1s durante el \u00faltimo a\u00f1o por las pol\u00edticas del gobierno nacional, que desmantel\u00f3 programas de asistencia y recort\u00f3 pensiones por discapacidad que, en muchos casos, eran el \u00fanico soporte para garantizar la asistencia y acompa\u00f1amiento necesarios en su cotidiano.<\/p>\n
En establecimientos de salud mental fallecieron 230 personas en 2025, el 77 % por cuestiones de salud no asistidas, contra 324 del a\u00f1o 2024.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\nLuchar contra la tortura <\/strong><\/p>\nEl contenido de este informe anual est\u00e1 construido a partir de la intervenci\u00f3n de los programas de la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM), en su funci\u00f3n de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura (MLPT) en el territorio bonaerense. Desde sus inicios en el monitoreo de lugares de encierro, hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, el organismo entendi\u00f3 que no se pod\u00eda solamente visitar lugares de encierro para recomendar cambios a los gobiernos: hab\u00eda que ir m\u00e1s all\u00e1 e intervenir y comprometer al poder judicial para revertir las graves violaciones de derechos humanos que se relevaron.<\/p>\n
Durante 2025 se mantuvieron comunicaciones con, o por, 16.762 v\u00edctimas de violencia estatal, lo que representa un 8% m\u00e1s que en 2024. Se realizaron 54.548 entrevistas\/comunicaciones con v\u00edctimas de violencia estatal o con familiares, personas allegadas, organizaciones o instituciones, lo que representa un 14% m\u00e1s que en 2024.<\/p>\n
A partir de eso se llevaron a cabo 39.720 presentaciones judiciales individuales ante \u00f3rganos jurisdiccionales (habeas corpus, informes urgentes, etc.) y, en menor medida, administrativas, lo que representa un 10% m\u00e1s que en 2024: esto significa 226 comunicaciones y 165 presentaciones judiciales por d\u00eda h\u00e1bil.<\/p>\n
Toda esta actividad fue realizada conjuntamente con las organizaciones de familiares y ex detenidos que integran el Programa Punto Denuncia Torturas (PDT): Colectivo Dignidad, Red Camino hacia al Siglo XXII, Colectivo Ni una Menos en c\u00e1rceles, Asociaci\u00f3n PRODERHUFA, Asociaci\u00f3n Acifad, Cooperativa Fadeli, Colectivo Red contra la Tortura, Colectivo Nunca M\u00e1s, Asociaci\u00f3n Pocho Lepratti, Colectivo Nacional de Detenidos, Casa Joven Diana Sacay\u00e1n.<\/p>\n
Este programa surge del trabajo realizado con familiares de personas detenidas para fortalecer su organizaci\u00f3n. Las vulneraciones de derechos de las personas encarceladas se expanden a las familias y los hijos, sobre las que se extiende la pena. A los padecimientos del familiar detenido se suma el padecimiento en un contexto socioecon\u00f3mico cr\u00edtico que requiere que los bienes esenciales (alimentos o medicamentos) deban ser provistos por la familia por la falta de provisi\u00f3n estatal.<\/p>\n
Adem\u00e1s de las presentaciones individuales, durante 2025 se hicieron 589 presentaciones judiciales colectivas, de las cuales 101 fueron iniciadas durante ese a\u00f1o y 488 fueron acciones de seguimiento en el marco de procesos abiertos previamente. Implican pabellones, algunos establecimientos completos y un complejo penitenciario, alcanzando a 14.556 personas detenidas, internadas o institucionalizadas. Miradas por tipo de instituci\u00f3n, las acciones colectivas abarcaron al 24% de las personas detenidas en establecimientos penitenciarios, al 42% de los j\u00f3venes detenidos en centros y al 8% de las personas detenidas en comisar\u00edas.<\/p>\n
La presencia en los lugares de detenci\u00f3n fue permanente a partir de las 785 inspecciones en c\u00e1rceles, alcaid\u00edas, comisar\u00edas, centros de detenci\u00f3n de j\u00f3venes, hogares de ni\u00f1ez, hospitales de salud mental, comunidades terap\u00e9uticas, cl\u00ednicas psiqui\u00e1tricas, entre otros establecimientos; fueron 65 inspecciones por mes, tres por cada d\u00eda h\u00e1bil.<\/p>\n
Este Informe Anual se elabora tambi\u00e9n a partir de la construcci\u00f3n seria y rigurosa de informaci\u00f3n sobre la pol\u00edtica criminal que el Estado no construye, y aporta elementos esenciales para el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n. La p\u00e1gina web datos abiertos es un claro avance en este sentido (https:\/\/www.comisionporlamemoria.org\/datosabiertos\/<\/a>).<\/p>\n\u00a0<\/strong><\/p>\nA modo de cierre<\/strong><\/p>\nReiteramos que en las pol\u00edticas analizadas en este Informe Anual persisten graves violaciones de derechos humanos sin que se implementen acciones claras, estructurales y sostenidas para revertir esta situaci\u00f3n.<\/p>\n
Los argumentos para sostener la pol\u00edtica criminal se construyen sobre argumentos falaces, sin sustento en estad\u00edsticas o estudios cient\u00edficos serios y rigurosos, sostenidos en sensaciones<\/em> construidas y reproducidas por la maquinaria medi\u00e1tica empresarial.<\/p>\nUn dato confirma esto: los homicidios dolosos en Argentina son de 3,8 cada 100.000 habitantes, de los cuales solo la mitad son en ocasi\u00f3n de robo, es decir 2 cada 100.000. Las muertes en accidentes viales son 7,7 cada 100.000 y los suicidios en la Argentina ascienden a 11 de cada 100.000 habitantes. Si lo que se quiere es asegurar la vida de las personas y bajar las muertes violentas deben implementarse pol\u00edticas que hoy son casi inexistentes o presentan grandes falencias.<\/p>\n
Muchos delitos de robo u homicidio son realizados por personas sumidas en el consumo de drogas que buscan dinero para seguir consumiendo. Pero la preocupaci\u00f3n por el consumo de drogas o el padecimiento mental que lleva al incremento de suicidios no ocupa la misma atenci\u00f3n medi\u00e1tica ni en la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas. Lo mismo ocurre con los accidentes viales, que crecen ante la carencia de pol\u00edticas de formaci\u00f3n, difusi\u00f3n o control sobre la problem\u00e1tica.<\/p>\n
Como venimos sosteniendo, la pol\u00edtica criminal es responsabilidad de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.<\/p>\n
Pese a tratarse de problemas estructurales que llevan casi tres d\u00e9cadas, no hay pol\u00edticas p\u00fablicas dirigidas a resolverlos, y la Provincia sigue sin cumplir con obligaciones legales que deben fortalecer la institucionalidad republicana: est\u00e1 pendiente la designaci\u00f3n del defensor general provincial, el sub defensor y tambi\u00e9n de cuatro de los siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia. A esto debe sumarse que no se fortalecieron, o incluso en algunos departamentos judiciales no se crearon, las fiscal\u00edas especializadas para investigar y juzgar la violencia institucional.<\/p>\n
Tampoco se constituy\u00f3 la comisi\u00f3n bicameral dispuesta por la ley 15.357 del a\u00f1o 2022, en el marco del fallo Verbitsky de la Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, cuyo objeto era \u201cadecuar la legislaci\u00f3n procesal penal en materia de prisi\u00f3n preventiva y excarcelaci\u00f3n y dem\u00e1s alternativas o morigeraciones a tales medidas cautelares y la legislaci\u00f3n de ejecuci\u00f3n penal y penitenciaria, a los est\u00e1ndares constitucionales e internacionales\u201d.<\/p>\n
Los tres poderes estatales incumplen gran parte de la normativa vigente, sancionada por la Constituci\u00f3n nacional y de la provincia de Buenos Aires, que incluye los pactos o convenios internacionales de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos. Esto no parece preocupar a una parte de la sociedad.<\/p>\n
Exacerbar la violencia y el odio hacia los sectores m\u00e1s vulnerabilizados, construir la idea de que son los responsables del delito nos deshumaniza y fortalece una sociedad autoritaria y antidemocr\u00e1tica.<\/p>\n
Es indispensable modificar esta pol\u00edtica criminal que viola los derechos humanos y construye un sistema de crueldad<\/em> contra los m\u00e1s pobres.<\/p>\nPor eso reafirmamos que la transformaci\u00f3n estructural de nuestra democracia requiere de un proyecto de desarrollo vertebrado en torno a los derechos humanos y su pleno goce por parte de los sectores populares. Un proyecto que ponga la dignidad de las mayor\u00edas por encima de las pretensiones de los sectores de poder.<\/p>\n<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div>