En el Sistema de Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Derechos se observa un aumento sostenido en la cantidad de ni\u00f1as, ni\u00f1os y j\u00f3venes abordados \u2013de 41.511 en 2018 a 85.907 en 2025, as\u00ed como de los casos institucionalizados, lo que contradice las recomendaciones internacionales en la materia. Durante 2025 se inspeccionaron 19 dispositivos de protecci\u00f3n de derechos y se relevaron 119 hechos de tortura, malos tratos y violaciones de derechos padecidos por un total de 40 v\u00edctimas: 70 hechos fueron relevados en casas de abrigo, 34 en hogares convivenciales conveniados, 14 en hogares convivenciales oficiales y uno en otro tipo de instituci\u00f3n. Las pol\u00edticas de ni\u00f1ez est\u00e1n atravesadas por graves deudas que operan como condiciones de posibilidad para la tortura y los malos tratos.<\/p>\n
En cuanto al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ), el castigo y el disciplinamiento contin\u00faan primando por sobre el acceso a derechos y las denominadas medidas socioeducativas. El promedio anual de j\u00f3venes privados de libertad en centros cerrados, de contenci\u00f3n y recepci\u00f3n durante 2025 fue de 605, de los cuales el 76% de los ingresos fue a dispositivos de r\u00e9gimen cerrado. Entre el 2020 y 2025 aument\u00f3 el porcentaje de ingresos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y j\u00f3venes de 15 a\u00f1os o menos: de 12 a 20%, el registro m\u00e1s alto de los \u00faltimos seis a\u00f1os. Los ingresos al sistema de encierro est\u00e1n plagados de irregularidades: crecen el uso de juicio abreviado como principal m\u00e9todo de condena y los traslados constantes como m\u00e9todo de gobernabilidad seg\u00fan las plazas disponibles y en detrimento de la vinculaci\u00f3n familiar.<\/p>\n
En 2025 el programa de Ni\u00f1ez de la CPM realiz\u00f3 95 acciones de monitoreo a establecimientos penales juveniles y se registraron 1.329 hechos de tortura y violaciones de derechos contra 237 v\u00edctimas, lo que representa un promedio de 5,6 hechos por v\u00edctima. En ese sentido, la restricci\u00f3n de actividades y aislamiento son las principales vulneraciones a los derechos registradas, con 12% en cada categor\u00eda. Se analizan los casos del Centro Especializado de Aprehensi\u00f3n (CEA) de Mar del Plata, los centros de recepci\u00f3n de La Plata, Malvinas Argentinas, Bah\u00eda Blanca y San Nicol\u00e1s. Tambi\u00e9n lo relevado en seis centros socioeducativos de privaci\u00f3n de la libertad ambulatoria y otros centros de encierro destinados a la instancia del pre-egreso del circuito de prisionizaci\u00f3n.<\/p>\n
Una vez m\u00e1s la realidad de los centros de detenci\u00f3n para j\u00f3venes pone en manifiesto la precariedad de la perspectiva socioeducativa que profesa y promete el Estado. En este marco, la estructura de salud dentro de los dispositivos de encierro suele ser una c\u00e1scara vac\u00eda: ni\u00f1as, ni\u00f1os y j\u00f3venes no son vistos por un m\u00e9dico al ingreso al sistema ni de forma regular o programada. Tampoco se les realiza una evaluaci\u00f3n integral de salud durante el tiempo de permanencia. Solo se realiza un chequeo general a cargo de enfermeros y sin directivas m\u00e9dicas, al que llaman \u201cprecario m\u00e9dico\u201d. Entre las patolog\u00edas comunes del encierro se registran la tuberculosis, padecimientos bucales por caries y micosis en la piel, adem\u00e1s de padecimientos vinculados a la salud mental. Frente a este escenario, cuando los j\u00f3venes intentan llevar a cabo un reclamo o denuncia por lo general terminan recibiendo represalias como respuesta: quita de derechos, hostigamiento, amenazas, golpizas, requisas violentas, aislamiento extremo o traslados gravosos.<\/p>\n<\/div>
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