En 2025 el programa de Salud Mental de la CPM realiz\u00f3 60 monitoreos (inspecciones generales, seguimiento de casos y constataciones judiciales) a instituciones donde se encontraban internadas personas con padecimiento mental y\/o discapacidad. Se registraron 577 hechos de tortura y otras 317 violaciones de derechos (894 casos en total), padecidas por 280 v\u00edctimas: un promedio de 3 hechos por v\u00edctima.<\/p>\n
Del total de casos, el 34,3% corresponden a la falta o deficiente asistencia de la salud, siendo uno de los principales indicadores (307 casos), seguido por un 14,5% de casos de falta o deficiente acceso a la justicia (130 casos) y 75 casos de agresi\u00f3n f\u00edsica, que representan el 8,4% de los casos. De las 280 v\u00edctimas, 207 eran varones (74%), 72 mujeres (26%) y 1 persona de g\u00e9nero no binario. Las comunidades terap\u00e9uticas detentan el mayor porcentaje de casos relevados -45%-, seguidas por las cl\u00ednicas psiqui\u00e1tricas con un 35% y en menor proporci\u00f3n los hogares especializados, con un 15%.<\/p>\n
La provincia de Buenos Aires contin\u00faa con el sostenido descenso de las personas alojadas en hospitales monovalentes hasta su prometido cierre: en los cuatro hospitales neuropsiqui\u00e1tricos p\u00fablicos, a diciembre de 2025 hab\u00eda 758 personas alojadas, 1.086 personas menos que en 2018. Sin embargo, el 58% estaba all\u00ed por reinternaciones lo que evidencia que muchas de las externaciones no resultan sustentables por la falta de dispositivos comunitarios o la asistencia en hospitales p\u00fablicos.<\/p>\n
Respecto a las comunidades terap\u00e9uticas, funcionan 96 con habilitaci\u00f3n provincial pero muchas m\u00e1s que operan desde la clandestinidad y donde se producen la mayor vulneraci\u00f3n de derechos. En el \u00faltimo a\u00f1o se relevaron 399 torturas y otras violaciones de derechos en 11 comunidades sufridas por 132 v\u00edctimas, siendo la falta o deficiente asistencia de la salud y de acceso a la justicia el 56% de los casos.<\/p>\n
En cl\u00ednicas psiqui\u00e1tricas se registraron 314 torturas y otras violaciones de derechos sufridas por 90 v\u00edctimas. En las tres cl\u00ednicas neuropsiqui\u00e1tricas habilitadas donde se relevaron vulneraciones de derechos, se observ\u00f3 la falta de equipos interdisciplinarios en internaci\u00f3n, falta de seguimiento y control de profesionales psiquiatras e insuficiente personal de enfermer\u00eda. Tambi\u00e9n, la presencia de menores alojados con adultos.<\/p>\n
En tres hogares especializados en discapacidad, se registraron 133 hechos torturas y otras violaciones de derechos sufridos por 37 v\u00edctimas: el 19% de los casos por falta o deficiente asistencia de la salud y el 18% en las categor\u00edas de agresiones f\u00edsicas y restricci\u00f3n de actividades. La situaci\u00f3n de las personas con discapacidad se agrav\u00f3 en el \u00faltimo a\u00f1o a partir de las pol\u00edticas de ajustes del gobierno nacional en el \u00e1rea: a partir de febrero de 2025 la Agencia Nacional de Discapacidad adopt\u00f3 una serie de medidas regresivas, como el desmantelamiento del Hospital Bonaparte y el fuerte recorte de pensiones por discapacidad, a trav\u00e9s de revisiones m\u00e9dicas masivas y descontextualizadas que sometieron a las personas a situaciones denigrantes y discriminatorias. En la mayor\u00eda de los casos, estas pensiones eran el \u00fanico soporte para garantizar la asistencia y el acompa\u00f1amiento que necesitan en su cotidiano.<\/p>\n
Todo este cuadro de vulneraci\u00f3n de derechos e ilegalidades impacta en las muertes en instituciones de salud mental, entre 2016 a 2025 la CPM registr\u00f3 2.484 muertes de personas institucionalizadas. En promedio hubo 248 fallecimientos por a\u00f1o (en 2025 se registraron 230). El 53% eran varones y el 47% mujeres. Respecto a la edad, de 2.244 casos, el 49% ten\u00edan entre 60 y 79 a\u00f1os. El 55% (1.345) de las personas fallecidas estaban alojadas en espacios de salud mental y el 26% en geri\u00e1tricos. Hubo un incremento en el porcentaje de las muertes por problemas de salud, pasando del 54% en 2016 al 77% en 2025. Esto se explica por la disminuci\u00f3n del porcentaje de causas \u00absin especificar\u00bb, pasando del 29% al 7%.<\/p>\n
Del total de muertes en el sistema de salud mental, 686 se produjeron en cl\u00ednicas neuropsiqui\u00e1tricas privadas, el 28% del total; si bien el 46% fueron por problemas de salud, se registraron la mitad de los suicidios del per\u00edodo. En ese sentido, en el \u00e1mbito privado se relev\u00f3 la ausencia total de protocolos frente a conductas suicidas y\/o fallecimientos por esta causa.<\/p>\n
Por \u00faltimo, en el Servicio Penitenciario Bonaerense existe una nula o deficiente atenci\u00f3n de la salud integral, desidia e ineficiencia lo que provoca la mayor\u00eda de las muertes en las dos unidades que alojan a personas en conflicto con la ley penal con padecimientos de salud mental. La Direcci\u00f3n de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia, pese a tener conocimiento de los diagn\u00f3sticos realizados por este organismo, no da respuestas adecuadas ni b\u00e1sicas; el Ministerio de Salud provincial, responsable de la pol\u00edtica sanitaria, no implementa medidas ni programas que consideren la particularidad de estos lugares. Como se explicita en la secci\u00f3n de pol\u00edticas penitenciarias, es indispensable que la Direcci\u00f3n de Salud Penitenciaria pase a depender directamente del Ministerio de Salud.<\/p>\n<\/div>
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