Inteligencia y violencia institucional

Finalizada la dictadura militar y durante los años 80 y 90 la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires siguió desplegando su estructura de espionaje en las ciudades, pueblos y barrios. En ese período no sólo continuó el seguimiento a los gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y los hechos considerados peligrosos sino también incorporó en su listado a las manifestaciones contra la violencia institucional, los casos de “gatillo fácil”. La persecución a los familiares y al entorno de las víctimas, la vigilancia en conferencias y el registro de manifestaciones por reclamos de justicia y las irregularidades del accionar de la misma, dan cuenta del mecanismo de espionaje e inteligencia sobre las víctimas y sobre quienes se animaron a denunciaban la responsabilidad de la policía en los crímenes.

Todo ello se encuentra en las miles de fojas elaboradas desde la denominada Masacre de Budge hasta 1998; algunos  de los legajos fueron caratulados con los nombres de las víctimas (Miguel Bru, Andrés Nuñez, Walter Bulacio) o se iniciaron a partir de la solicitud de informes sobre menores muertos por personal policial o por muertos en enfrentamientos. ¿Qué material podemos encontrar? partes de inteligencia elaborados por los propios medios de la DIPPBA que informaban sobre las asambleas, las conferencias y charlas; enormes cantidades de artículos periodísticos, escuchas de programas de radio y televisión; volantes de las marchas que reclamaban justicia; e informes de la detallada organización de los operativos destinados a relevar información en las manifestaciones y marchas.

Este material expresa la inteligencia desplegada y, al mismo tiempo, da cuenta de la cantidad de casos, sus características, las similitudes que hay entre ellos, y cómo la violencia por parte del Estado convierte a los jóvenes vulnerables en sujetos desprotegidos.

Aquí presentamos los avances del trabajo de investigación, una selección documentos que dan cuenta de la persecución a familiares y organizaciones sociales, y una serie de volantes que fueron recogidos por la DIPPBA en marchas y actos.

A Walter Bulacio lo mató la policía. Tenía 17 años.

El 19 de abril de 1991 la policía detuvo a Walter Bulacio en una razzia policial en las afueras del recital de Patricio Rey y los redonditos de ricota en el estadio Obras Sanitarias. No era el único, cientos de jóvenes que se encontraban en las puertas del estadio fueron interceptados por la policía; 73 de ellos fueron llevados a la comisaría 35ª de la Policía Federal, a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito.  

Una semana después Walter falleció en el Sanatorio Mitre, como consecuencia de las torturas recibidas en la comisaría. Según el aporte de testigos, el mismo comisario Espósito, responsable del operativo policial que lo detuvo, golpeó a Walter con su machete reglamentario, mientras protestaba por la arbitrariedad de aquellas detenciones. El golpe derivó en un coma de cuatro días que le produjo la muerte, el 26 de abril.

La muerte de Walter y los reclamos por justicia no pasaron desapercibidos para la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la cual desplegó una pormenorizada vigilancia sobre las luchas y movilizaciones posteriores, fundamentalmente aquellas impulsadas por los más jóvenes. Marchas, «sentadas» en los colegios y universidades, volanteadas y manifestaciones en las calles, fueron organizadas por una juventud que en los años 90 sufría la estigmatización, la persecución y la violencia del Estado.

Desde entonces, cada legajo que nombraba el caso de Walter Bulacio se confeccionaba a partir de una inteligencia detallada, en donde la DIPPBA tomaba registro de lo que se decía, lo que se cantaba, las frases que se escribían en las banderas que llevaban quienes asistían: organismos de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles.

Tras su muerte, Walter se convirtió en un símbolo, en una bandera de la lucha contra la violencia institucional.

Andrés Núñez tenía 32 años cuando, el 28 de septiembre de 1990, fue secuestrado en su casa de Villa Elvira por un grupo de policías que lo redujeron y trasladaron a la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde fue sometido a torturas y asesinado. Durante cinco años, la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados confesó que lo habían enterrado en un campo de la localidad de General Belgrano.

El caso llegó a la Justicia en dos oportunidades. En 2010, fue condenado a la pena de prisión perpetua al ex sargento Jorge Alfredo González por privación ilegal de la libertad y torturas seguidas de muerte, y al ex cabo Víctor Dos Santos por el segundo de los delitos. En marzo de 2017, la Cámara de Apelaciones de La Plata condenó a reclusión perpetua a Luis Raúl Ponce, ex comisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata, al ser hallado como coautor de tortura seguida de muerte de de Núñez.

Desde diciembre de 1993 permanece prófugo Pablo Martín Gerez, otro de los policías involucrados. Los agentes Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla están siendo actualmente investigados por encubrimiento.

Sergio Durán tenía 17 años cuando fue detenido por averiguación de antecedentes por la policía, que lo llevó a la comisaría 1ª de Morón el 6 de agosto de 1992. Privado ilegalmente de su libertad, Sergio fue torturado por más de seis horas y falleció más tarde en el hospital de Morón. Por el asesinato sólo fue detenido el subinspector Jorge Ramón Fernández, quien en el primer juicio en 1995 fue condenado a cadena perpetua. El resto de los acusados, el subcomisario Miguel Ángel Rojido, oficial Luis Alberto Farese, cabo Hugo Nicolosi y cabo Raúl  Rodolfo Gastelú se dieron a la fuga. En 2003, once años después de los hechos, se llevó adelante el segundo juicio oral contra tres de los asesinos: Nicolosi, Rojido y Gastelú. El primero fue condenado a cadena perpetua mientras los últimos dos no se presentaron al juicio.

Maximiliano Albanese fue asesinado el 3 de junio de 1990, tenía 17 años. Estaba sentado con otros dos amigos en el cordón de la vereda esperando para entrar a bailar en el Centro de Estudiantes de Chubut en La Plata, cuando se acercaron tres hombres –el policía Héctor Oscar Ferrero, y los civiles Fabián Guillermo Nievas y Carlos José Navarro-y le pidieron los documentos. Ferrero lo llevó casi ochenta metros a golpes y le disparó en la cabeza. Maximiliano murió dos horas después.

Los tres hombres fueron detenidos y liberados al poco tiempo. Ferrero permaneció prófugo 16 años. En junio de 2006 lo atraparon en San Pablo, Brasil. Sin embargo, la Cámara Penal de La Plata dispuso la prescripción de la causa y volvió a dejar a Ferrero en libertad. El caso quedó impune y archivado en la Justicia.

Cachi Romero fue asesinado en Lavallol con un tiro por la espalda el 8 de junio de 1992. Tenía 19 años y había ido a bailar con sus amigos.
Los policías que dispararon explicaron que habían dado la voz de alto y los jóvenes salieron corriendo. Los testigos aseguraron que ninguno de ellos estaba armado y que únicamente fue la Policía la que disparó.
Cachi apareció con un revólver debajo de su mano derecha. Sin embargo, era imposible que pudiera empuñar el arma porque había sido operado de la muñeca debido a un accidente de trabajo. Tal como lo señaló un informe médico hecho días antes de su muerte: «tenía una limitación en la movilidad de su mano derecha».
El crimen fue juzgado en 1997 y los policías responsables, José Luis Villalba y Miguel Ángel Horisberguer, fueron condenados a 8 años de prisión  por homicidio simple. La Justicia aceptó la hipótesis de que la víctima estaba armada.

Néstor Bauche y Sergio Bazán fueron asesinados el 19 de abril de 1995 a pocas cuadras de sus casas en la localidad de Berazategui. En plena calle Bazan recibió ocho disparos y Bauche dos, efectuados con armas de distintos calibres por el policía Gustavo Javier Chamorro y un civil.
El juicio oral por estos crímenes, llevado adelante en el año 1999 fue caratulado como homicidio en riña, como si Néstor y Sergio hubieran participado en una balacera. La defensa demostró que no hubo riña, que no portaban armas y planteó que el móvil del homicidio había sido la negativa de las víctimas a vender drogas. Por su parte, el tribunal consideró que los jóvenes nunca fueron agresores, que no hubo enfrentamiento, pero aún así condenó al imputado civil a cuatro años de prisión por homicidio en riña y absolvió a Chamorro, aduciendo que los disparos que mataron a Bauche, habían sido en legítima defensa.