En el año 2017 se creó por ley el Sitio de Memoria, defensa y promoción de los Derechos Humanos donde funcionó durante la última dictadura militar el CCD Pozo de Quilmes. Conformado por representantes de la Comisión provincial por la Memoria, del Colectivo memoria, verdad y justicia, y del gobierno provincial y municipal, este espacio se propone contribuir tanto al abordaje de la historia reciente como a la lucha por la plena vigencia por los derechos humanos en democracia.
- promover la memoria, la justicia, la investigación y la transmisión del pasado reciente signado por la experiencia de la última dictadura cívico-militar del terrorismo y de las luchas populares que marcan nuestra historia
- la promoción y protección de los derechos humanos
- lucha contra la violencia institucional y la activación de la participación juvenil
- promover un enfoque de género y diversidad en todas sus acciones.
El edificio fue transferido a la Comisión Provincial por la Memoria, quien asumió la responsabilidad de preservación del edificio y la creación de un espacio para la Memoria.
Para visitar el sitio: sitios@comisionporlamemoria.org
Durante años la comunidad de Quilmes llevó adelante diferentes acciones vinculadas a la construcción de la memoria y al reclamo de verdad y justicia. Y el afuera del lugar donde funcionó el CCD Pozo de Quilmes fue un espacio de expresión de estas demandas como también de las diferentes acciones de recordación. Hacia principios de 2016 el Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, integrado por organizaciones sociales, sindicales, de educadores, organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y ex detenidos impulsó la propuesta para convertir al Pozo de Quilmes en Sitio de Memoria.
Para ello trabajó en la elaboración de un proyecto de ley que fue sancionado en diciembre de 2016 con el apoyo de todos los bloques de ambas Cámaras Legislativas. Las ideas que guiaron la formulación del proyecto es que si bien el funcionamiento debía ser garantizado con fondos del Estado -como parte de su política reparatoria- su gestión debía sostenerse con la participación plena de la comunidad dando cuenta de las múltiples expresiones y referencias construidas en la lucha por los derechos humanos y la memoria.
Así, en la gestión prevalece el principio de la autonomía en las decisiones acerca de qué hacer en el Sitio y cómo hacerlo. La autonomía garantiza la permanencia en el tiempo y la construcción de consensos plurales que permiten la construcción de una memoria democrática y dinámica así como también se fortalece la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos.
El 17 de febrero de 2017 quedó conformado el Consejo del Sitio tal como lo define la ley: tres representantes de la CPM, ocho miembros del Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio de Quilmes.
El Pozo de Quilmes fue uno de los tantos CCD que formaron parte de la red represiva de la provincia de Buenos Aires que operó bajo las órdenes del General Ramón Juan Camps quien fue el jefe de la Policía de la provincia durante los primeros años de la dictadura militar.
Dentro del circuito de centros clandestinos de la Provincia de Buenos Aires conocido como Circuito Camps, el Pozo de Quilmes cumplió funciones específicas como “depósito de prisioneros”, lugar de obtención de información, y uno de los pasos previos a la decisión sobre el destino de cada detenido-desaparecido: el traslado final (asesinato) o la legalización, para la cual el detenido-desaparecido pasaba por alguna comisaría y luego era enviado a algún penal. Según la información disponible aproximadamente 250 víctimas estuvieron secuestradas allí. Entre ellas hubo niños, por lo menos siete mujeres embarazadas y también ciudadanos extranjeros, entre ellos más de 30 uruguayos.
El Pozo de Quilmes también fue un eslabón en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado Plan Cóndor, que consistió en la coordinación entre las dictaduras de varios países del Cono Sur –Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay-, para implementar la represión ilegal a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, sin límites de fronteras ni jurisdicciones nacionales.
El Pozo de Quilmes en imágenes
