El 22 de marzo de 2001, mediante la ley 12.642, el gobierno provincial le entregó a la CPM el edificio donde había funcionado durante más de medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). El objetivo fue que estableciera su sede en ese emblemático edificio, y que resguardara y gestionara la apertura a la comunidad del archivo de inteligencia de la policía bonaerense, un extenso y pormenorizado registro de espionaje político-ideológico que recorre la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. La Comisión por la Memoria (CPM) es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Sus objetivos y líneas de trabajo expresan el compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos en democracia. Desde sus inicios, generó instancias de encuentro entre el estado y la sociedad civil, desplegando acciones en todo el territorio de la provincia y luego en todo el país. Partió de la premisa de considerar a la memoria como un campo plural en permanente conflicto y bregó por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar que iluminara la lucha por los derechos humanos en el presente.

El edificio ubicado en las calles de Allison Bell y Garibaldi de la localidad de Quilmes funcionó como CCD entre 1974 y 1979. Allí habrían sido detenidas ilegalmente más de 251 personas. En el año 2017, gracias al trabajo del Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia que impulsó la ley de creación, se transfiere parte del inmueble a la Comisión Provincial por la Memoria y se desafecta de la policía la zona de las celdas para crear un sitio de memoria. Hasta la fecha sigue funcionando la DDI en el antiguo chalet anexado al edificio, y se espera su desafectación total.

Funcionó como CCD entre mayo de 1976 y marzo de 1978, perteneciente al destacamento División Cuatrerismo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Estaba bajo la operativa del área 113, bajo el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata. Formó parte del denominado Circuito Camps junto con otros CCD liderados por el entonces jefe de la Policía Ramón Camps.

Era la casa de los militantes políticos Diana Teruggi y Daniel Mariani; vivían junto con su hija Clara Anahí que tenía tres meses. Fue una de las casas operativas de la agrupación Montoneros en la ciudad de La Plata. El 24 de noviembre de 1976 la casa fue rodeada y bombardeada en un operativo ilegal llevado adelante por el Ejército y la policía bonaerense. Allí es asesinada Diana junto con otros cuatro compañeros de su organización. Clara Anahí sobrevivió, fue apropiada y hasta el día de hoy no se conoce su paradero. Daniel Mariani fue asesinado el 1 de agosto de 1977 en la ciudad de La Plata. En el año 1998 la Asociación Anahí logró la restitución de la casa. En ese mismo año es declarada de interés municipal; en el 2000 fue declarada patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires y en el 2004 monumento histórico nacional.

La Comisaría 5ª de La Plata funcionó como CCD y maternidad clandestina entre los años 1976 y 1978. Se estima, hasta el momento, que pasaron alrededor de 250 hombres, mujeres, niñas y niños. Nacieron por los menos dos bebés y estuvieron cautivas 10 mujeres embarazadas y tres menores. En el año 2012 el tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en su fallo en el denominado juicio Circuito Camps, instó al Ejecutivo a desafectar a la comisaría de su uso policial para destinarlo a espacio de memoria. En el año 2018 la totalidad del edificio dejó de funcionar como comisaría y comenzó sus actividades como espacio para la memoria. 

En el Batallón de Infantería de Marina 3 funcionó durante la última dictadura militar como CCD en la órbita de la Fuerzas de Tareas 5. También desde este predio fueron enviados soldados, en su mayoría conscriptos, a la Guerra de Malvinas en 1982. Tres décadas después, tras gestiones de la UNLP y el apoyo de los gobiernos nacional y provincial y del municipio de Ensenada, el predio pasó a ser un espacio para la universidad pública. Allí funciona el campo de deportes, la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Esta última lleva adelante un programa para la reconstrucción de la memoria sobre el predio del ex BIM 3 que tiene por objetivo la reconstrucción de la historia del sitio, y propone recorrida en el predio. Ese trabajo ha sido de gran aporte para el juicio iniciado en el 2015 que condena los delitos cometidos por la Fuerza de Tareas 5 en zona.

Este lugar fue una de las casas operativas de Montoneros en la ciudad de La Plata. Fue atacada por el ejército y la policía el 22 de noviembre de 1976. Allí vivían Adolfo José Berardi y María Isabel Gau y el hijo de ambos Nicolás, único sobreviviente. Nicolás recuperó la casa en el 2004 y decidió crear un espacio para vivir, para ser habitado por los jóvenes. Todos los 22 de noviembre se realizan actividades conmemorativas en el lugar. La casa fue declarada patrimonio cultural de la Provincia y monumento histórico nacional.

Es la cabaña donde vivió el escritor, periodista y militante Haroldo Conti. Nació el 25 de mayo en la ciudad de Chacabuco. En el año de 1976 fue secuestrado en su casa en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo en cautiverio en el ex CCD El Vesubio. En el año 2012 su casa del Tigre fue declarada de interés institucional por el Archivo Nacional de la Memoria.

En 1972 se abrió la unidad básica Combatientes Peronistas. Se conformó como lugar de encuentro de de jóvenes trabajadores de la zona fabril. Los hermanos Jorge, el “Nono”, y Miguel Lizaso formaron parte de esa militancia. En octubre de 1974, ante el clima represivo, la unidad básica dejó de funcionar. En 1998 un grupo de vecinos y militantes logran recuperar la casa y la encuentran con muchas de las características de aquellos años. Luego se conforma la Comisión de la memoria y la resistencia Jorge “Nono” Lizaso. En el año 2000 fue declarado monumento histórico por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En julio del año 2007 el inmueble se expropió y fue donado al Centro de Investigación Histórica de la Memoria (CIHMe).

Funcionó como CCD entre los años 1974 y finales de 1978, y también como maternidad clandestina. Se estima, hasta el momento, que estuvieron secuestradas alrededor de 300 personas. Dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 del Ejército Argentino dentro de la zona 1, subzona 11, área 112. En el año 2006, por el decreto 2204/2006 de la provincia de Buenos Aires, se desafectó el predio de su uso policial y se lo transfirió a la Secretaría de Derechos Humanos.

A partir de los testimonios de los sobrevivientes se pudo comprobar que la comisaría 1ª funcionó como centro clandestino de detención bajo el mando del área militar 132. En 2014, la dependencia policial fue señalizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de la Red federal de sitios de memoria. El 2 de marzo de 2017, Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Claros, Juan José Cabrera y Fernando Latorre estaban detenidos bajo custodia del Estado hubo un incendio en uno de los calabozos. Los agentes policiales no intervinieron para prevenir el siniestro ni para auxiliar a los detenidos una vez que el incendio se desató. Los siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la masacre más grave perpetrada en una dependencia policial durante la democracia. En 2018, el Concejo Deliberante de Pergamino aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza, impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que crea el Espacio para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos Comisaría Primera de Pergamino.

Ubicada en la localidad de Avellaneda, en la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús funcionó un CCD llamado El Infierno, perteneciente de la Dirección General de Investigaciones a cargo de Miguel Etchecolatz. El 23 de marzo de 2016, luego de varios años de demanda de las organizaciones políticas, sociales y defensoras de los derechos humanos de la ciudad se logró la desafectación de la policía con impulso del gobierno municipal para ser convertido en un sitio de memoria.

El predio conocido como La casa del Faro perteneció a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de la ciudad del Mar del Plata y funcionó como CCD durante la última dictadura. La ESIM formó parte del circuito criminal junto con la Base Naval y la Prefectura de Mar del Plata, que operaron bajo la órbita de la Armada en coordinación con todas las fuerzas represivas que operaron en la ciudad. Fue designado como sitio de interés patrimonial (ordenanza municipal 15095/02) e incorporado al patrimonio cultural de la Provincia de Buenos Aires (ley provincial 13836/08). Fue desafectado de su uso militar en agosto de 2013 por el Ministerio de Defensa de la Nación (resolución 849). En febrero de 2013, se procedió a la señalización nacional como centro clandestino de detención y hoy funciona como sitio de memoria.

Se encuentra ubicado en Olavarría, donde primero perteneció al Ministerio de Guerra y luego a Fabricaciones Militares. Operó como CCD entre 1976 y 1978, bajo la operativa del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 2 Lanceros General Paz. En el año 1985 la Dirección General de Fabricaciones Militares cedió los terrenos a la Escuela Agrotécnica 1 y lo declaró monumento histórico provincial.

El 28 de marzo de 1976, el hospital fue ocupado por el Ejército para desmantelar la organización sindical y la participación social en el hospital lindero con el barrio Carlos Gardel, uno de los más populares de la zona. Con la excusa de que éste era un hospital de guerrilla para la atención clandestina de heridos, que funcionaba como depósito de armas y centro de adoctrinamiento ideológico, de la existencia de un túnel y de la desaparición de ropas y equipos, el Posadas fue ocupado militarmente con el objetivo explícito de acabar con las supuestas actividades subversivas que tenían lugar en la institución. El Chalet fue el CCD que funcionó en la casa del director del Hospital Posadas, dentro del predio mismo del hospital, durante marzo de 1976 hasta enero de 1977. Con la vuelta de la democracia, El Chalet se transformó en una escuela primaria para los hijos del personal y para los niños del barrio. En 1999, la escuela primaria se mudó y se inauguró, en su lugar, la Escuela de Enfermería dependiente de la UBA y la Comisión de DDHH del Hospital. En el año 2005 Secretaría de Derechos Humanos de la Nación nombró a El Chalet sitio de memoria, y en junio de 2009 se abrió el aula Los Compañeros, donde funciona la sede de la Comisión de DDHH del Hospital.

Funcionó como CCD entre marzo de 1977 y abril de 1978. El inmueble perteneció a la familia Seré. Luego de la fuga de cuatro detenidos, los demás prisioneros fueron liberados y la casa posteriormente incendiada. En el año 1985, los restos de la casa fueron demolidos y sobre sus cimientos se construyó una cancha de fútbol; luego de algunos años eso cimientos fueron recuperados. El proyecto Mansión Seré se inició en el año 2000 por iniciativa de la Asociación Seré por la memoria y la vida que convocó a un grupo de estudiantes de varias disciplinas de la UBA; en el año 2002 comenzaron las excavaciones arqueológicas. Hoy funciona un espacio para la memoria con actividades culturales y pedagógicas.

Ruperto «Tito» Méndez era un obrero de la fábrica Fiplasto de Ramallo, en donde había sido elegido delegado. Allí conformó una agrupación y publicó un periódico interno, El sentir de los trabajadores. Militaba en el área de sindical y propaganda del ERP-PRT, en la regional norte, ribera del Paraná. Fue secuestrado, junto a otros 11 compañeros y compañeras, el 29 de marzo de 1976 en una quinta de la localidad bonaerense de Moreno llamada La Pastoril. Tras su desaparición, la familia de Tito mantuvo intacta su casa a medio construir. En el año 2010 fue declarada sitio de memoria y, en el 2011, los restos de Méndez fueron restituidos.

El cementerio de General Lavalle fue uno de los lugares en los que fueron enterradas como NN muchas víctimas de la última dictadura militar. Los cuerpos de los detenidos y detenidas que fueron arrojados al mar en los vuelos de la muerte aparecieron, un tiempo después, en costas bonaerenses como en la de Santa Teresita. Hasta el momento, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó 19 de los 33 cadáveres hallados en General Lavalle. Entre ellos se encuentran Azucena Villaflor y Leonnie Duquet. Por iniciativa de un grupo de estudiantes y docentes de la EEM Nº1, participantes del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión por la Memoria, se aprobó en septiembre de 2017 la ordenanza municipal que convierte al cementerio local en sitio de memoria y que tiene por objetivo la participación activa de las nuevas generaciones en la gestión del lugar.

El Parque de la memoria – Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado es un espacio público de 14 hectáreas emplazado en una franja costera del Río de la Plata y creado en 1998. En el monumento contiene cuatro estelas cubiertas con 30.000 placas de piedra pórfido, a lo largo de un recorrido que comienza en una de las plazas y termina en la rambla sobre el río. En las placas se ha grabado el nombre de las personas desaparecidas. En el año 2012 se crea la base de datos de consulta pública sobre los detenidos-desaparecidos que figuran en el Monumento. Además existen varias áreas de trabajo en el espacio.

Ubicada en la zona norte de la capital argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en el país entre 1976 y 1983. También funcionó una maternidad clandestina en la que nacieron al menos 34 bebés, la mayoría de los cuales fueron apropiados por los represores. El 24 de marzo de 2004, al cumplirse el 28º aniversario del golpe, el gobierno nacional anunció la creación del espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex-ESMA, que incluía la desafectación y mudanza de todas las instituciones militares que allí funcionaban. El 20 de noviembre de 2007, una vez concluida la desocupación completa del predio por parte de la Marina, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el convenio de creación del Ente Público Espacio para la Memoria a cargo de su administración. En mayo de 2015, se inauguró en el Casino de Oficiales el sitio de memoria ESMA. En el predio funciona el Archivo Nacional de la Memoria, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi), la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la Casa por la Identidad, de Abuelas de Plaza de Mayo, y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979, y quedó en manos de la Policía Federal hasta mediados del año 2005, cuando fue desafectado el edificio luego de innumerables marchas y escraches realizadas por vecinos, organizaciones barriales y organismos de derechos humanos. En primer término se hizo el traspaso del predio de Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este marco, el gobierno de la Ciudad, mediante el decreto 305/06, creó el programa para la recuperación de la memoria histórica sobre el ex CCDTyE Olimpo y la mesa de trabajo y consenso (MTyC) compuesta por las organizaciones que pelearon por la recuperación del lugar.

Ubicado en el barrio de Montserrat, funcionó como CCD entre 1976 y 1978 a cargo de un grupo de tareas del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina (SIFA). Allí actuó la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), que en un momento funcionó en la séptima brigada Aérea, y la Policía Federal Argentina. La Asociación de vecinos de San Cristóbal contra la impunidad -con la participación de ex detenidos, familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales- denunció en 2003 que allí funcionó el campo de reclusión ilegal. A fines de 2004, la Legislatura porteña sancionó las leyes 1454 y 1505, que declararon al inmueble de utilidad pública y sujeto a expropiación y sitio histórico, respectivamente. Hoy es un espacio para la reconstrucción de la memoria de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado y para la defensa y promoción de los derechos humanos.

Funcionó entre mayo y noviembre de 1976 y fue la base de Operaciones Tácticas 18 (OT 18), que estaba bajo control de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en colaboración con el Batallón de inteligencia 601, dependiente del Primer Cuerpo de Ejército. Testimonio material de la coordinación represiva ilegal entre las dictaduras del Cono Sur, este espacio constituye hoy un ámbito de investigación, difusión y construcción de la memoria del terrorismo de Estado y la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en América Latina.

Funcionó de febrero a diciembre de 1977 en el sótano del edificio del servicio de aprovisionamiento y talleres de la División Administrativa de la Policía Federal. Se calcula que allí permanecieron secuestradas más de 1.500 personas. En 1978 el edificio fue demolido para la construcción de la Autopista 25 de Mayo. Por este motivo los detenidos fueron trasladados al centro clandestino El Banco, en la provincia de Buenos Aires. Luego los detenidos fueron conducidos al Olimpo, centro de reclusión ubicado en el barrio porteño de Floresta. En el año 2003 se creó el programa de recuperación de la memoria del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético y se conformó la comisión de trabajo y consenso, integrada por los sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, junto con áreas específicas del Gobierno de la Ciudad, responsables de este proyecto.

El Museo de la Memoria fue creado en 1998 a través de una ordenanza del Concejo Municipal de Rosario. Desde diciembre de 2010 funciona abierto al público. Este edificio era conocido como Casa de los Padres. La casona dejó de ser utilizada como residencia familiar hacia finales de la década de 1940. A partir de allí tuvo diferentes usos: sede del poder militar y allí asentó su base burocrática y operativa el Comando del II Cuerpo de Ejército a lo largo de más de 25 años. En 1983 el edificio estuvo próximo a la demolición pero pasó a utilizarse con fines gubernamentales, primero, y comerciales hasta marzo de 2010.

Funcionó en las dependencias del gran edificio que servía de cuartel general de la policía de la provincia en la zona y que ahora es la sede de la delegación sur del gobierno de Santa Fe. El Pozo estaba bajo la órbita de la policía provincial, aunque su control dependía del Comando del II Cuerpo de Ejército. Operó como CCD entre 1976 y 1979. Se estima que pasaron por allí entre 1.800 y 2.000 personas, la mayor cantidad de personas detenidas ilegalmente en la región durante el terrorismo de Estado.

La casona tiene una antigüedad de más de 100 años. Durante la última dictadura cívico militar funcionó como base de operaciones de la Brigada de Investigaciones. Hoy funciona la Comisión Provincial por la Memoria. Desde el año 2004 el edificio fue declarado patrimonio cultural de la provincia, por el decreto provincial 1951, y en marzo de 2015 fue declarado como lugar histórico nacional mediante el decreto 379/2015.

Las instalaciones construidas para el funcionamiento de la escuela Diego de Rojas fueron utilizadas como centro clandestino de detención durante el Operativo Independencia, la primera experiencia masiva y sistemática de implementación del terrorismo de Estado en Argentina. Se estima que allí permanecieron secuestradas alrededor de 2000 personas. La Escuelita era sede del comando de operaciones conjuntas a cargo de la V Brigada de Infantería del Ejército Argentino, lo que la constituyó en el centro del circuito represivo, en coordinación con los campos de reclusión de la zona. A fines de 1976, el Comando se trasladó al ex ingenio Nueva Baviera; en 1977, se inauguró como escuela Diego de Rojas y empezó a funcionar el nivel primario y el terciario. En el 2013 se construyeron nuevas instalaciones para la escuela y ese mismo año comenzó el proceso para crear un sitio de la memoria. Hoy esas instalaciones son un espacio destinado a la promoción y defensa de los derechos humanos.

El Pozo de Vargas es un pozo de agua que fue utilizado como un sitio de inhumación clandestina entre 1976 y 1977. Por las características de la construcción, los estudiosos estiman que el pozo, de 3,5 metros de diámetro y 34 metros de profundidad, pudo haber sido construido por ingleses ligados al ferrocarril a comienzo del siglo XX, y a escasos metros funcionaba un cargadero de caña de azúcar. Allí, el Colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán (CAMIT) e integrantes del Instituto superior de estudios sociales (ISES, CONICET-UNT) realizan trabajos de arqueología y antropología forense para la resolución de casos de personas detenidas desaparecidas en Tucumán. Actualmente son 107 las personas identificadas, lo que convierte al Pozo de Vargas en el lugar de inhumaciones clandestinas con más identificados de Argentina.

El Centro funciona en el ex aeropuerto de la ciudad, donde se produjo en 1972 la detención de presos políticos en lo que se dio en llamar Masacre de Trelew. El 15 de agosto de 1972 miembros de las distintas organizaciones guerrilleras FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), ERP (Ejército Revolucionarios del Pueblo) y Montoneros dieron inicio a una fuga masiva de 115 presos políticos. Solo algunos lograron arribar hasta el aeropuerto de Trelew y abordaron un avión comercial que desviaron hacia Chile. Muchos otros quedaron en el aeropuerto y fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Zar. El 22 de agosto fueron fusiladas 16 de las personas detenidas. A cumplirse 35 años se la masacre se inauguró el Centro cultural por la memoria.

Desde 1978 hasta 1983, la casona ubicada en la esquina de Mariano Moreno y Caseros fue sede del D2, y utilizado como centro clandestino de detención y tortura. Paradójicamente también fue el lugar donde los ex detenidos debían firmar la libertad vigilada. En 1977 parte de de la D2 fue trasladada a Mariano Moreno 222, donde también fue utilizado para la detención de personas. La D2 constituyó el nexo principal entre militares y policías en el funcionamiento del aparato represivo que incluía persecución política, secuestros, tortura y derivación de prisioneros a otras dependencias, donde podían ser liberados, asesinados o desaparecidos. Se estima que durante los años ‘70 pasaron por allí unos mil prisioneros. En el año 2006 se creó por ley la Comisión y archivo provincial de la memoria que funciona en el lugar. Hoy es un espacio para la memoria.

Está ubicado en la Ruta nacional 20 a 12 kilómetros de la ciudad de Córdoba y dentro del Campo Militar del tercer Cuerpo de Ejército. El sitio fue construido en el año 1975, comenzó a ser usado como CCD unos días antes del golpe del 24 de marzo y funcionó hasta diciembre de 1978. Se estima que estuvieron detenidas alrededor de 2500 personas. En el año 2007 el edificio fue desafectado y pasó a la gestión de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba; en 2009 se abre al público como espacio de memoria.

Fue creado en el año 1945 en principio como prisión militar de encausados. En 1975 comenzó a funcionar como base operativa del Comando Libertadores de América, organización paraestatal integrada por miembros del Ejército. Funcionó como CCD desde 1975 hasta junio de 1978. Se estima que pasaron alrededor de 4000 personas por el lugar. Ante la visita de la Cruz Roja Internacional, trasladaron la cárcel al Campo de la Ribera. El penal funcionó allí hasta 1986 y luego quedó en el abandono. En el año 1989 el gobierno provincial compró el predio para establecer instituciones educativas. En el año 2010, bajo la órbita de la Comisión Provincial por la Memoria, se creó el espacio para la memoria Campo de La Ribera.

Funcionó como CCD desde 1974 hasta el año 1978 en lo que se conoce como Departamento de Informaciones de la Jefatura de Policía de Mendoza. Se estima que por allí pasaron la mayoría de los detenidos desaparecidos de la provincia de Mendoza. En marzo de 2014 se decidió la desafectación del uso policial y el lugar comenzó a funcionar como espacio para la memoria.

Hasta el año 1984, donde hoy se encuentra la Casa de la memoria Eduardo “Bachi” Chironi funcionó el Batallón de Inteligencia del V Cuerpo del Ejército. En el año 2004 la propiedad fue adquirida por la Provincia de Río Negro como parte de las políticas de memoria. Desde 2008 en la casa funcionan la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro y el Archivo Provincial de la Memoria. Por ley provincial 4363, sancionada ese mismo año, la casa fue nombrada Eduardo “Bachi” Chironi, en homenaje al sobreviviente del terrorismo de Estado y luchador por los derechos humanos fallecido en 2008.

El 29 de marzo de 1976 el Ejército Argentino atacó la quinta La Pastoril, en el distrito de Moreno, donde el PRT ERP realizaba un congreso. En la reunión había unas 70 personas, entre ellas militantes de organizaciones latinoamericanas. A causa de la embestida siete personas murieron y otras cinco fueron detenidas y luego desaparecidas. La quinta fue señalizada en marzo de 2018. Y las organizaciones locales que hace años acompañan el juicio que imputa a los responsables de la masacre (causa del Primer Cuerpo del Ejército) solicitan que el edificio sea un espacio para la memoria. En este sentido, en 2019 se presentó un proyecto a la Cámara de Diputados de la Provincia que busca expropiar, declarar de interés cultural y convertir en sitio de la memoria a la quinta La Pastoril. Para gestionar el lugar se propone un consejo integrado por miembros de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, de la Comisión Provincial de la Memoria, del municipio, de la Asociación Civil Moreno por la Memoria y organizaciones territoriales y sindicales.

El Castillo, también conocido como Comando radioeléctrico de la Policía Federal, comenzó a funcionar como CCD en el año 1976. En general, las personas trasladadas a este lugar permanecían poco tiempo y luego eran llevadas a otros centros de detención. El CCD estaba a cargo de la policía, aunque algunos testimonios indican que habría habido personal de la Marina participando de las sesiones de tortura. Para la década del 90, por ordenanza municipal, el edificio fue demolido casi por completo. EL Castillo fue señalizado en más de una ocasión por la comunidad. Estas marcaciones también fueron destruidas una y otra vez. Sin embargo la comunidad sigue preservando la memoria y todos los años el Encuentro por la memoria, verdad y justicia realiza actividades para conmemorar a los y las desaparecidos que estuvieron detenidos allí.

El 4 de junio de 1976 hubo un operativo represivo en San Miguel y desaparecieron diez integrantes de la comunidad parroquial, entre ellos dos seminaristas asuncionistas, Carlos Antonio Felipe Di Pietro y Raúl Eduardo Rodríguez, que fueron secuestrados de la casa donde también vivía el sacerdote Jorge Adur, militante y capellán de Montoneros. Años después, el 26 de junio de 1980, Adur fue secuestrado en Paso de los Libres cuando salía del país con un listado de desaparecidos que había recibido de manos de Madres de Plaza de Mayo y que pretendía entregarle al papa Juan Pablo II en la gira por Latinoamérica. La Comisión por la memoria del Barrio Manuelita realiza hace años actividades en el lugar y tiene como proyecto la expropiación de la casa donde vivieron los seminaristas asuncionistas para convertirla en un espacio para la memoria.

Varios colectivos de zona norte del conurbano bonaerense, principalmente el colectivo de familiares y sobrevivientes de la unidad básica Ramón Cesaris, tienen por objetivo el convertir la casa donde vivió la familia Oesterheld en Museo de memoria, proyecto que ya comenzó a recorrer el camino legislativo. Beatriz Oesterheld -hija del escritor, desaparecida en 1976 junto a su pareja- y sus compañeros militaron en los barrios La Sauce, La Uruguay y La Cava y crearon la Unidad básica Ramón Cesaris. La propuesta de que esta casa sea un museo de memoria surge de los compañeros de militancia de la familia Oesterheld, vecinos y amigos que la habitaron y encontraron en ella un lugar de reunión y formación de ideas sociales y filosóficas que luego se transformaron en militancia política. La idea del proyecto es que la casa además trabaje con la gente en el territorio, para atender las urgencias relacionadas con la violencia policial que sufren muchos jóvenes hoy en San Isidro. El proyecto de ley entró al Congreso nacional y ya fue aprobado en la comisión de cultura en octubre de 2016.

Fue creado en 2004 como un espacio de memoria que abarcara la historia política, social y económica del territorio. Durante 11 años funcionó a través de trabajo auto-gestionado en proyectos que ayudaron a la conformación actual de la museografía. En 2015, la ex presidenta Michelle Bachelet adquirió tres compromisos con el Museo: un comodato por 30 años del edificio, su restauración y el financiamiento anual a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Actualmente el museo cuenta con espacios educativos y artísticos vinculados a la historia del territorio y abre sus puertas a colaboradores para realizar actividades.

Ubicada a menos de una cuadra de la calle principal de Punta Arenas, fue el principal centro de torturas e interrogatorios de hombres y mujeres en Magallanes entre 1973 y 1974, y la sede central del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la región. Los testimonios coincidieron en denunciar que en las mismas dependencias se torturaba a los prisioneros y se realizaban funciones administrativas del SIM, incluyendo archivos y fichas de detenidos. En una parte tenían equipos de oficina y en otra, instrumentos especiales de torturas y pequeños espacios que se utilizaban como celdas provisorias. Algunas personas que estuvieron allí detenidas señalaron que habían llegado directamente luego de su detención. La mayoría denunció haber sido transferidas desde otros recintos de Punta Arenas y otras ciudades de la región.

El puerto de Pisagua ha sido un lugar de prisión política y tortura en tres periodos de la historia de Chile: durante el periodo de Gabriel González Videla, entre 1947 y 1948; durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, entre 1952 y 1958; y durante la última dictadura cívico militar, especialmente entre septiembre del 1973 y octubre de 1974, y posteriormente durante la década de los 80. El campamento de prisioneros, según consta en las declaraciones recibidas por la Comisión de prisión política y tortura, albergó a más de 800 prisioneros, de los cuales 24 habrían sido ejecutados. Estaba conformado por distintos edificios que funcionaban de manera articulada: edificio del mercado, el teatro municipal, la multicancha deportiva de Pisagua, ex cárcel pública, ex fiscalía militar, y la fosa, donde fueron encontrados en 1990 veintiún cuerpos de prisioneros políticos. Está ubicada en el límite exterior noreste del cementerio histórico y es considerada un lugar sagrado.

En esta comisaría fueron alojadas personas principalmente entre septiembre y octubre de 1973. Los testimonios señalan que fue utilizado como un recinto de tránsito antes de ser conducidos a Coyhaique, donde también se practicaban interrogatorios y torturas. Gran parte de los hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas, que fueron conducidos hasta allí provenían de zonas alejadas de la cordillera o del campo, y habían sido detenidos en operativos militares y de carabineros. Previamente habían pasado por otros recintos de Carabineros y muchos habían llegado hasta Puerto Aysén en barcazas fiscales.

Funcionó entre 1974 y 1976. Formó parte del circuito represivo creado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se caracterizó por reunir en un mismo espacio un campo de prisioneros y un centro secreto de secuestro, tortura y exterminio, cada uno a cargo de organismos represivos diferentes. Fue el centro de detención, tortura y exterminio más grande que utilizó la dictadura. Se estima que pasaron cerca de 6.000 prisioneros políticos como paso previo a su liberación o expulsión del país. Luego de la dictadura se instaló un centro cerrado de jóvenes infractores de ley. La Corporación 3 y 4 Álamos tiene como objetivo central la recuperación total del lugar y la construcción de un sitio de memoria.

La mayor cantidad de arrestos ocurrió en los años 1973-1974, observándose un aumento el año 1984. Los declarantes denunciaron que frecuentemente eran llevados a la Fiscalía Militar para ser interrogados y torturados. Durante el período de la DINA, algunos detenidos fueron trasladados a recintos en Santiago, como Londres 38, y durante los años ochenta algunos prisioneros fueron entregados a agentes de la CNI para su interrogatorio.

Funcionó entre 1973 y 1975 como recinto de detención. Allí se realizaban los interrogatorios a los detenidos, incluyendo a personas que permanecían detenidas en otros lugares, como la cárcel de Copiapó. En los relatos de los detenidos, se menciona que el SIM operó en ese regimiento, al igual que la DINA, que utilizó además el predio agrícola del regimiento hasta 1976 como recinto de detención, igual que la cárcel vieja.

El balneario popular Rocas de Santo Domingo fue un conjunto compuesto por seis unidades de vivienda estacional o cabañas y recintos comunes, construido por el gobierno de la Unidad Popular entre 1971 y 1973. Luego fue utilizado como centro de detención clandestino y entrenamiento para agentes de la DINA entre los años 1973 y 1976. Funcionó como anexo al centro de detención clandestino que operó en el Regimiento Tejas Verdes. Luego de 1976, el recinto funcionó como campamento de veraneo para los agentes de la DINA y, tras su disolución, para los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), quedando finalmente bajo la administración del Ejército. En noviembre de 2013, las construcciones que componían el recinto fueron desmanteladas, conservándose a la fecha solo los cimientos.

Aquí se concentró el mayor número de detenidos entre septiembre de 1973 y el año 1975. Según los testimonios, en este cuartel se interrogaban y torturaban personas detenidas. Luego de un proceso de gestión liderado por las agrupaciones de derechos humanos de Puerto Montt, el Ministerio de Obras Públicas y el apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Los Lagos, se desarrolla un proyecto para analizar el edificio y, entre 2016 y 2017, se propone una iniciativa de inversión para restaurar el edificio Egaña 60 en su condición de sitio de memoria.

Fue utilizado por la DINA y posteriormente por CNI. Ambas instituciones fueron responsables de numerosos casos de violencia política y violaciones a los derechos humanos. El sitio fue un centro de detención de la CNI hasta fines del año 1989. El inmueble fue recuperado en democracia, y el ejército lo destinó como dependencia de la fiscalía militar hasta el terremoto del 27 de febrero de 2010, periodo en el cual quedó en evidente estado de deterioro; luego pasó a manos de privados.

Ubicado en el trazado histórico de la ciudad de Antofagasta, en la década del ‘60 fue ocupado por la Juventud del Partido Demócrata Cristiano hasta 1973, cuando pasó a manos de Carabineros de Chile, y expropiado finalmente en 1974. Desde 1973 hasta la fecha ha sido ocupado por distintas secciones de inteligencia policial de Carabineros (Sicar, Dicar, Dipolcar y OS7). Entre 1973 y 1986 funcionó como un centro clandestino de detención, y operaron agentes de Estado de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

El Museo contará con 1.150m2 de superficie, con salas permanentes de exposición y otras transitorias, además de archivos de documentos y material para la investigación. El Ministerio de Obras Públicas realizó un concurso público de anteproyecto de arquitectura, del cual obtuvo el primer lugar Miguel Casassus, en noviembre del 2016, que dio origen a un contrato de consultoría de diseño.

Fue entregado en comodato por el Ministerio de Bienes Nacionales a la Corporación verdad, justicia y reparación. En este espacio participan el Comando de exonerado políticos, Ex-presos políticos 16 de Octubre, la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y de la Agrupación de ex menores víctimas de prisión política y /o tortura de La Serena. Este espacio está abierto a la comunidad y contempla una biblioteca y demás material de difusión alusivo al respeto a la vida y la promoción de los derechos humanos.

Emplazada frente la Plaza de Armas de Arica, su construcción data de 1875. Desde el año 1984, las Mujeres de Luto se reúnen en la Catedral San Marcos todos los 11 de septiembre con motivo de rememorar a sus familiares desaparecidos y ejecutados en la dictadura cívico militar de 1973–1990. Se trata de una manifestación y rito que perdura hasta el día de hoy.

Desde noviembre del 2016, el Fuerte el Morro es monumento histórico y sitio de memoria. Es un ex recinto de la Armada y, desde 1973, fue usado como centro de detención clandestino donde hubo graves violaciones a los derechos humanos por parte de personal militar y los funcionarios del Centro de Inteligencia Regional CIRE, el Grupo Ancla II y más tarde por la Dirección de Inteligencia Nacional y la Central Nacional de Informaciones. En este centro de represión y torturas se concentró, principalmente, a militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), a dirigentes y militantes de la zona del carbón y de otros partidos políticos.