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El 16 de octubre de 2005, 33 personas privadas de su libertad, y por lo tanto bajo custodia del Estado, murieron asfixiadas y quemadas en el incendio en el pabellón 16 de la Unidad Penal N 28 de Magdalena. Tras 12 años de impunidad, el 15 de agosto comienza el histórico juicio por este crimen, la peor masacre en la historia del encierro bonaerense.

La masacre de Magdalena no fue un episodio azaroso, sino que tuvo condiciones objetivas y responsabilidades individuales y políticas que lo hicieron posible. La superpoblación, la ausencia de medidas de seguridad y la acción concreta de quienes decidieron mantener encerrados a los detenidos del pabellón 16 y reprimieron a los detenidos que intentaron socorrer a sus compañeros integran el conjunto de acciones que causaron las muertes.

Como expuso la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en un informe especial realizado ese mismo año, las autoridades políticas conocían la grave situación en las cárceles bonaerenses: reclamos de organismos de derechos humanos, presentaciones judiciales e, incluso, un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención en el penal de Magdalena había sido presentado por la CPM —y aceptado por la Justicia—el 13 de octubre, tan sólo tres días antes de la Masacre.

Es decir, la Masacre de Magdalena fue una masacre anunciada, pero todos estos mensajes de alertas fueron desoídos. Peor aún, 12 años después, no se ha tomado una sola medida para revertir esta crítica situación. El incremento sostenido de la tasa de encarcelamiento profundiza año a año los índices de hacinamiento y superpoblación, y las violaciones a los derechos humanos en el encierro.

En ese marco, mientras no se reviertan las condiciones estructurales que hacen posible que un hecho similar ocurra diariamente, la masacre de Magdalena sigue siendo un crimen permanente.