comisión provincial por la memoria
7 DE JUNIO
SE REESTABLECE EL DERECHO A HUELGA
El martes 7 de junio de 1983 se publicó en el Boletín Oficial la derogación de las leyes 21.261 y 21.400, que restringían la actividad gremial y prohibían el ejercicio del derecho a huelga.
“El Gobierno, que en su momento asumió la responsabilidad de instrumentar los medios normativos que juzgó idóneos para preservar la seguridad y la paz social, ve hoy en la derogación de estas normas limitativas una actitud franca y oportuna para acompañar, en un ámbito que considera especialmente prioritario, el proceso de normalización institucional en cuya concreción se haya definitivamente comprometido” (Boletín Oficial, 7/6/1983).
La represión al movimiento obrero se convirtió en un elemento fundamental para disciplinar a la sociedad e instaurar el proyecto económico de la dictadura militar. El terrorismo de Estado buscó quebrar la tradición de lucha que había logrado conquistar importantes derechos para la clase trabajadora.
En 1976 había sido derogada la ley de contrato de trabajo y reemplazada por la ley 21400/76, que obligaba a los trabajadores a abandonar toda medida de protesta, en el marco del estado de sitio, para no “alterar el orden público”, lo que podía tener consecuencias penales, incluida la prisión efectiva. De esta manera el derecho a huelga dejaba de ser una realidad para la clase trabajadora.
Este hecho fue acompañado por una serie de medidas que buscaban desmantelar las estructuras gremiales determinando la suspensión de este tipo de actividades por tiempo indeterminado. De esta manera, la dictadura intervino la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica, así como organizaciones y sindicatos; dejaron de reconocerse los fueros sindicales; se intervinieron las obras sociales y se decretó una ley de prescindibilidad que establecía un régimen de despidos sin causa —con un mes de salario como indemnización— para los empleados estatales. Esta ley fue utilizada como punta de lanza para perseguir toda actividad considerada subversiva, sembrar miedo entre los trabajadores y acallar todo reclamo posible. Además se reformó el Código Penal profundizando penas por delitos políticos e introduciendo nuevas figuras.
“(…) será severamente reprimida toda manifestación callejera; (…) todas las fuentes de producción y lugares de trabajo estatales y privados, a partir de la fecha serán considerados de interés militar (…)» (fragmento del comunicado de prensa del gobierno de facto emitido el 25 de marzo de 1976).
La dictadura contó la complicidad del sector empresarial, tanto nacional como extranjero. El poder económico fue fundamental en el proceso de reforma de la estructura productiva y laboral del país. Algunos empresarios elaboraban listas negras con información de sus empleados: si un trabajador era marcado como activista era marginado del espectro laboral, ya que la información circulaba entre las empresas; entre otras medidas, fueron parte de los métodos para desarticular y aislar a los trabajadores. Los informes de inteligencia de la DIPPBA también dan cuenta de la complicidad y colaboración de los dueños y funcionarios de las empresas para la identificación de los trabajadores que luego serían blancos de la represión.
Cuando se producía alguna tensión entre el empresariado y los trabajadores, el empresariado podía recurrir a las fuerzas represivas para resolver el problema. Así, camiones del ejército se instalaban en los portones de las fábricas. Sin embargo, la resistencia obrera nunca cesó: las y los trabajadores encontraron formas de sostener la organización, de denunciar el terrorismo de Estado y reclamar.
En este contexto caracterizado por la quiebra del sector fabril, la inestabilidad de los salarios y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, la Comisión de los 25 llama a la primera huelga general para el 27 de abril de 1979[1], a pesar de no tener una representación gremial legalmente reconocida. La Junta Militar reacciona inmediatamente y encarcela a todos los dirigentes. A pesar de ello, el acatamiento a la huelga fue altísimo, estimado por los gremios convocantes en un 75%. Pasarán unos años más hasta que el pueblo vuelva a salir ampliamente a las calles.
Será en marzo de 1982, apenas tres días antes del desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, miles de trabajadores y trabajadoras realizaron una huelga nacional con movilización para rechazar las políticas económicas neoliberales: Paz, Pan y Trabajo era la consigna que llevó como bandera la masiva movilización. Ya en ese entonces, la deuda externa había crecido a niveles exorbitantes (de 8.300 millones de dólares en el año 1976 a 43.600 millones en 1982) y la pobreza en el Gran Buenos Aires -que en 1974 apenas alcanzaba al 3,2 por ciento de la población- llegó a superar el orden del 25 por ciento.
Y, por último, la marcha del 20 de mayo 1983 en repudio al Documento Final de la Junta Militar será parte de la resistencia que logró romper el hermetismo.
Aquí podrán encontrar material sobre el trabajo de inteligencia que desarrolló la DIPPBA sobre las huelgas y manifestaciones en el marco del proceso, entre otras.
Público y confidencial
[1] Los documentos de la DIPPBA
La DIPPBA elaboró un legajo de dos tomos que integra la Mesa Referencia con más de 600 fojas. El legajo comprende los días previos a la jornada, los preparativos y la detención de los principales dirigentes de los gremios, las repercusiones periodísticas y los balances del saldo de la protesta. El material se compone principalmente por informes de inteligencia, abocados a la tarea de detectar gremios, ramas de la industria y establecimientos donde la medida de fuerza pudiese tener fuerte acatamiento. La protesta tuvo la particularidad de no articularse con una movilización: la estrategia de lucha consistió en el abandono de tareas y el ausentismo laboral.
CPM – Fondo DIPPBA – Div Cen AyF, Mesa Referencia, legajo 17657. Asunto: “Jornadas nacionales de protesta”
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