SOBRE ESTA SECCIÓN
Política criminal
La política criminal de la provincia de Buenos Aires se constituyó en los últimos 25 años en un mecanismo estatal de gobierno y control de las poblaciones más pobres y vulneradas a través del sistema penal y las políticas de seguridad.
Las llamadas políticas de mano dura son políticas transversales que se sostienen a pesar de los cambios de gobiernos. La conjunción entre un esquema de control y regulación ilegal del delito por la policía en los territorios y la actuación judicial, que convalida y encierra automáticamente sin controlar estas prácticas policiales violentas, deriva en la captación selectiva de jóvenes pobres para ingresarlos al sistema penal.
Durante el 2023 se iniciaron 1.036.696 de investigaciones penales contra mayores de 18 años, un récord histórico que revela la creciente criminalización. Esto ha llevado a 44.010 privaciones de libertad, la mayoría iniciadas por sumarios policiales. Los delitos contra la propiedad son el eje de la persecución penal, representando el 39% de las investigaciones y el 41% de las prisiones preventivas.
En el otro extremo, en las causas donde se denuncia la violencia ejercida por funcionarios públicos, la investigación fiscal es deficiente, sin directivas o acciones de las instancias superiores; la Procuración General de la Provincia sigue incumpliendo la ley 14.687/14 de creación de las unidades de investigación y juicio especializadas en violencia institucional.
Las causas abiertas entre 2014 y 2023 por violencia institucional, en el marco de la ley 14.687, representan el 0,4% del total de investigaciones iniciadas en la Provincia. Además, 9 de cada 10 casos se resuelven mediante el archivo (65%) o la desestimación (27%), mientras que otros hechos ni siquiera llegan a ser investigados bajo ese marco legal.
Hasta ahí el desempeño articulado de policías, fiscales y juezas/ces de garantías, pero se abre otro mundo si se miran las estadísticas policiales. Entre 2019 y 2022 la policía aprehendió en promedio a 285.520 personas adultas por año, pero sólo el 14% fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y apenas el 6% ingresaron al SPB por prisión preventiva o condena.
Promoción judicial del encierro
En 2023, se dictaron 19.353 prisiones preventivas, lo que refleja un aumento continuo en el uso de esta medida. Muchas personas pasan largos períodos en prisión preventiva antes de recibir una condena, con un promedio de 456 días de detención hasta la sentencia de primera instancia. A diciembre de 2023 sólo el 50% de las personas detenidas a cargo del SPB tenía condena firme.
La tendencia a una leve disminución proporcional de personas procesadas es producto de una aceleración de las condenas por incremento del juicio abreviado: un instituto que reduce el tiempo entre la detención y la condena, y afecta las garantías del debido proceso al constituirse en un acuerdo extorsivo tendiente a llegar a una rápida condena en detrimento de un juicio oral y público. Entre 2013 y 2023 las condenas por juicio abreviado aumentaron un 142% y las condenas por juicio oral se redujeron un 12%.
Al incremento y automaticidad de los ingresos se suma otro problema en el extremo opuesto del proceso penal: la retención también automática determinada tanto por condicionantes legales como por prácticas judiciales. Entre 2017 y 2023 fueron negativas 8 de cada 10 resoluciones de acceso a institutos progresivos de la pena dictadas por los juzgados de ejecución penal.
Encarcelamiento y sobrepoblación
Entre 2014 y 2023, la población detenida en la provincia aumentó un 6% anual en promedio, alcanzando casi 59.000 personas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo monitoreo electrónico. El gobierno actual heredó una tasa específica de encarcelamiento de 415 personas detenidas cada 100.000 habitantes, y cuatro años después ascendió a 456. La tasa actual es 78% más alta que hace 10 años.
La población detenida en cárceles y alcaidías mantuvo una tendencia creciente y regular durante 12 años, con un aumento muy notorio entre 2017 y 2019. Mientras que la población detenida en comisarías, vista en el largo plazo y a grandes rasgos, registró una tendencia decreciente entre 2002 y 2012 y creciente de 2013 en adelante, aunque con interrupciones o retrocesos. El resultado directo de esta política de sobreencarcelamiento es la sobrepoblación de los lugares de encierro. A diciembre de 2023, era de 95% en cárceles y alcaidías, y en comisarías.
Pese al compromiso de actores judiciales y ministeriales de reducir la población detenida en comisarías, los años 2020 y 2021 presentaron las cifras más altas desde 2006. En 2022 se registró una disminución del 11%, la cual se consolidó con otro 40% en 2023, año en que la población bajó a 2.300. Se trata de una disminución significativa, a lo cual debe agregarse que, durante el último año, se logró el vaciamiento de las 11 comisarías cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En cárceles y alcaidías, después de varios años, la sobrepoblación se ubicó por debajo del 100%. Esta disminución se logró a partir de un plan de infraestructura que aumentó la cantidad de nuevas plazas; sin embargo, a la luz de los datos históricos, esta solución sólo puede ser parcial porque si no cambia la política de sobreencarcelamiento, los nuevos ingresos al sistema siempre superan la capacidad de construcción. Y esto ya empezó a notarse, a julio de este año, la sobrepoblación estaba en el orden del 102%.