SOBRE ESTA SECCIÓN
Como parte de las tareas de monitoreo de la violencia policial, en 2023 la CPM registró 1.323 hechos que involucraron a 630 víctimas: 269 casos fueron de agresiones físicas y entre las prácticas más comunes figura el uso letal de la fuerza con 114 casos, 16 más que el año anterior.
Como casos testigos se describen en este informe los vinculados a torturas y malos tratos sobre adolescentes y jóvenes de Ensenada, con allanamientos arbitrarios, golpizas, detenciones arbitrarias y hostigamiento continuo, y una serie de simulacros de fusilamiento.
La arbitrariedad y el uso de las aprehensiones son parte de las rutinas policiales empleadas como herramientas de control social de las poblaciones más vulnerables, en particular los jóvenes de los sectores pobres.
En esta sección se realiza un análisis de los datos de cinco municipios bonaerenses (Avellaneda, Moreno, General Rodríguez, General San Martín, y La Matanza), en donde se registraron durante el segundo trimestre del año pasado 4.826 aprehensiones. El 90 % de las personas recuperó su libertad rápidamente, lo que evidencia la arbitrariedad policial; y el 15 % de las aprehensiones se realizaron por motivos considerados “presumiblemente arbitrarios” como la “averiguación de identidad” o “averiguación de ilícito”.
Uso letal de la fuerza
En el análisis del período 2022 destacamos una notoria disminución en los casos registrados sobre uso letal de la fuerza policial; sin embargo, se advirtió que representaría un dato relevante si se constituyera en una tendencia descendente.
Lo registrado en 2023 no confirmó esa tendencia descendente, por el contrario se incrementó en 16 casos ascendiendo a 114 casos registrados. Casi el 60% tenía entre 18 y 30 años y el promedio de edad fue de 25 años. Se registraron 19 casos de menores de 18 años. Más de la mitad de los casos (58) se dieron en circunstancia del robo o intento de robo de bienes del/la agente que mató. Y como viene ocurriendo, el 60% de las muertes fueron provocadas por policías que se encontraban fuera de servicio al momento del hecho (67 casos).
Como venimos destacando año tras año, en la provincia de Buenos Aires no hay un abordaje que problematice el uso de la fuerza letal como resultado de las intervenciones policiales. No se interpela el estado policial que exige la intervención de los agentes aun fuera de servicio. No existen protocolos específicos para el uso, preservación y custodia de las armas policiales. No se construye información oficial, pública y fiable sobre las muertes producidas por la intervención policial y la de los policías que mueren en el desempeño de su función. La investigación judicial de estos casos no es prioridad y no respeta los estándares de investigación de muertes potencialmente ilícitas producidas por agentes estatales pese a los compromisos asumidos por el Estado argentino a partir de los pactos de derechos humanos que firmó.
El encierro en comisarías
A pesar del sostenido descenso de personas detenidas en comisarías, persisten las deplorables condiciones materiales, el alojamiento en dependencias clausuradas y el encierro por tiempo prolongado.
Al finalizar el año 2023 había 2.368 personas detenidas en las comisarías bonaerenses, un 40% menos que en diciembre de 2022. Estaban alojadas en 263 comisarías que tenían capacidad para alojar 1.217 personas, por lo que se registra un 95% de sobrepoblación.
De las dependencias que alojaban personas a diciembre, el 37% (96) estaban inhabilitadas ya sea por clausura ministerial o judicial, pese a lo cual alojaban al 29% del total de personas detenidas. Es de destacar que este porcentaje es el más bajo que se registra desde 2016.
En cuanto a las muertes en comisarías, durante el último año se relevaron 15 casos. Cabe destacar que entre 2012 y 2023 murieron, al menos, 232 personas en las comisarías de la provincia, un promedio de 19 muertes al año.