SOBRE ESTA SECCIÓN
La actual gestión logró importantes avances en la implementación en la provincia de Buenos Aires de la ley nacional de salud mental (LNSM). En esta línea se enmarcan el Plan provincial sexagenal de salud mental 2021-2027 y los planes de adecuación presentados e implementados por los hospitales monovalentes públicos. También se elaboraron guías y normas que, sin embargo, en muchos casos continúa pendiente la formalización de dichos recursos con el objetivo de instar a su aplicación obligatoria en cada caso y fortalecer el control sobre los efectores de salud mental y consumos problemáticas.
Si bien la transformación del modelo de atención —expresada discursivamente por la autoridad de aplicación de la ley— se ha traducido en acciones en este sentido, es necesario visibilizar la persistencia de graves vulneraciones de derechos de las que son víctimas las personas con padecimiento mental que permanecen alojadas en instituciones públicas o privadas.
Hospitales monovalentes
El proceso de desmanicomialización llevado adelante en los hospitales monovalentes presenta avances significativos que deben profundizarse. En ese sentido, continúa desde 2018 la disminución de personas internadas en los 4 monovalentes en Buenos Aires: al finalizar 2023, eran 957, un 11%, continuando el proceso descendente registrado desde 2018.
Pese a la disminución resulta importante destacar como problema transversal y persistente el gran número de reinternaciones, lo que muestra que parte de las externaciones no resultan sustentables. Durante 2023 se produjeron 902 ingresos de los cuales el 46% (414) fueron reinternaciones.
Los/as mismos/as profesionales de la salud mental identificaron como principal obstáculo la falta de atención en hospitales generales u otros dispositivos intermedios que permitan sostener un tratamiento ambulatorio; cuando existen, no cuentan con recursos humanos y materiales necesarios.
Clínicas y comunidades terapéuticas
En las clínicas neuropsiquiátricas privadas y en las denominadas “comunidades terapéuticas” queda en evidencia que el sector privado cubre el vacío estatal respecto al acceso a la salud. Esta ausencia habilita una discrecionalidad en relación a las prácticas y las vulneraciones de derechos al interior de dichas instituciones.
En términos generales se identificó la persistencia de lógicas manicomiales: internaciones compulsivas, sobremedicación, régimen de aislamiento, sujeción mecánica gravosa, estado de abandono de personas mayores de edad o con discapacidad, personas menores de edad sin abordaje y acompañamiento singularizado y falta de control de legalidad de las internaciones.
A pesar de los esfuerzos recientes para mejorar la supervisión, muchos de estos dispositivos siguen operando sin cumplir con las normativas.
Cárceles neuropsiquiátricas
Respecto a las cárceles neuropsiquiátricas, como la UP 34 y la 45 de Melchor Romero, se han registrado graves problemas en la atención de la salud mental de los internos: falta de personal calificado, un enfoque hegemónico en el uso de psicofármacos sin información adecuada a los pacientes, y deficiencias en el acceso a tratamientos interdisciplinarios.
La situación en estas cárceles subraya la necesidad urgente de trasladar a las personas con padecimientos mentales a dispositivos sanitarios adecuados gestionados por el Ministerio de Salud.
Muertes por razones de salud mental
En 2023 se registraron 108 muertes de personas internadas en instituciones de salud mental de los sectores público y privado, mostrando una ligera disminución respecto a las 171 muertes del año anterior.
Entre 2016 y 2023 se produjeron 1.806 muertes en esas instituciones, siendo la mayoría de esas personas menores de 70 años que permanecían internadas en clínicas privadas. Asimismo, los hombres representaron el 54 % de los fallecidos, mientras que las mujeres constituyeron el 46 %.
En este informe se destacan la prevalencia de las muertes en clínicas neuropsiquiátricas -el 50 % del total- y la falta de especificación en las causales de muerte, también especialmente en el sector privado con el 32 % de los casos sin resolución.