SOBRE ESTA SECCIÓN
La corrupción implica una forma de abuso de poder que desplaza el interés público por beneficios privados, afectando la institucionalidad democrática y el acceso a los derechos humanos. La CPM destaca tres niveles de impacto: individual, colectivo y social, e involucra tanto al sector público como al privado, y que, si bien afecta a toda la sociedad, las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación son quienes la sufren de manera más cruel y desproporcionada.
En el marco del monitoreo de los casos de corrupción, la CPM registró 102 denuncias sobre prácticas delictivas que involucran a funcionarios policiales o penitenciarios: 54 hechos ligados a corrupción policial y 48 hechos de corrupción penitenciaria.
La denuncia e investigación de la corrupción policial no se limita a la identificación de un conjunto de acciones individuales sino que abarca la descripción e intervención de un fenómeno complejo vinculado con el funcionamiento organizacional de las fuerzas, sus prácticas históricas y su funcionalidad política a través de los diferentes gobiernos. En este sentido, se concibe como corrupción policial un conjunto de prácticas ilegales que involucran a sectores de los poderes judiciales y del ministerio público.
La corrupción policial incluye prácticas como la gestión de zonas liberadas, venta de protección, cobro de coimas, extorsión, producción de inteligencia ilegal, y participación en mercados ilegales, incluyendo el narcotráfico. En base a datos del Registro de casos de corrupción policial de la CPM, en 2023 se registraron 54 casos de corrupción: el 31% por robo y hurto, 19% por narcocriminalidad, exacciones ilegales, 9 % y extorsión, 7 %.
Un caso emblemático de este entramos de criminalidad es la investigación contra el ex fiscal de San Isidro, Claudio Scapolan, sus secretarios y funcionarios policiales, quienes utilizando posiciones funcionales en el esquema de persecución del delito, se dedicaban a obtener beneficios económicos de magnitud mediante la comisión de distintos ilícitos. El año pasado, el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios bonaerenses destituyó a Scapolan y le dictó la inhabilitación permanente para ejercer cargos judiciales.
Por otra parte, a partir de información suministrada por la Auditoría General de Asuntos Internos, entre 1999 y 2022 se iniciaron 89.401 sumarios administrativos contra personal policial con 7.429 expulsiones, y en general la corrupción figura entre las principales causas.
En el ámbito penitenciario la corrupción atenta de manera directa en las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad. El carácter estructural y sistémico sostiene un conjunto de prácticas, sentidos y saberes que producen y reproducen torturas, vejaciones y/o malos tratos.
La CPM registró 48 denuncias en 2023 con prácticas recurrentes como: 29% por delitos cometidos por agentes en funciones, 21% por comercialización de estupefacientes, comercialización ilegal de bienes y servicios básicos, 10 % y violencia física y destrucción de pertenencias, 10 %. Estas prácticas perpetúan la violencia institucional y el control ilegal dentro de las cárceles.
Respecto a la situación disciplinaria, entre 2015 y 2023 se iniciaron 3.074 sumarios administrativos en el SPB, con un aumento constante en el número de sumarios. Las causas principales incluyen fallecimientos, violencia de género y corrupción.
Situación de hambre generalizada
La alimentación de las personas privadas de la libertad recibe el principal impacto de las prácticas de corrupción. Entre 2015 y 2023 la CPM relevó más de 15.000 casos de problemas alimentarios, y sólo durante el año pasado se registraron 3.723 casos de falta o deficiente alimentación y falta o deficiente dieta especial.
Las denuncias incluyen raciones insuficientes, alimentos en mal estado y condiciones higiénicas deficientes en las cocinas. Estas deficiencias reflejan una corrupción estructural en el sistema de provisión de alimentos, donde unas pocas empresas controlan la distribución con prácticas de cartelización.