La política criminal de la provincia de Buenos Aires se constituyó en los últimos 25 años en un mecanismo estatal de gobierno y control de las poblaciones más pobres y vulneradas a través del sistema penal y las políticas de seguridad. Esta orientación, las llamadas políticas de mano dura, fue seguida por los distintos gobiernos sin variaciones notorias que hayan aportado cambios estructurales persistentes.

La conjunción entre un esquema de control y regulación ilegal del delito por la policía en los territorios y la actuación judicial, que convalida y encierra automáticamente sin controlar estas prácticas policiales violentas, deriva en la captación selectiva de jóvenes pobres para ingresarlos al sistema penal.

Estas decisiones judiciales confluyen en la tasa de encarcelamiento más alta de la Argentina y de la historia bonaerense, y en un nivel de hacinamiento que vulnera los derechos humanos más básicos.

En el sistema penal provincial se siguen aplicando procesos judiciales que encarcelan personas inocentes y aceleran los tiempos de las sentencias condenatorias. La prisión preventiva y el juicio abreviado son las herramientas jurídicas principales en el sostenimiento de la política de encierro.

El uso generalizado de la prisión preventiva confirma su persistencia. Durante 2023 se dictaron 19.353 prisiones preventivas, lo que representa un aumento del 16% respecto a 2022 y casi duplica la cifra de diez años antes: Según datos del RUD para 2023, en promedio las personas pasaron detenidas 456 días hasta la sentencia de primera instancia, sin contar el tiempo hasta la sentencia firme, período durante.

A diciembre de 2023 sólo el 50% de las personas detenidas a cargo del SPB tenía condena firme. A su vez, el uso extensivo de la prisión preventiva tiene un impacto diferencial para mujeres cis y personas trans y travestis, las poblaciones más perjudicadas.

La tendencia a una leve disminución proporcional de personas procesadas es producto de una aceleración de las condenas por incremento del juicio abreviado. Entre 2013 y 2023, las condenas por juicio abreviado aumentaron un 142% y las condenas por juicio oral se redujeron un 12%. Tomando todo el período, 8 de cada 10 condenas se dictaron por juicio abreviado.

El juicio abreviado, que se convirtió en una regla del sistema de administración de justicia, es un instituto que reduce el tiempo entre la detención y la condena, y afecta las garantías del debido proceso al constituirse en un acuerdo extorsivo tendiente a llegar a una rápida condena en detrimento de un juicio oral y público.

Este mecanismo, un acuerdo entre fiscal y defensor/a, se despliega en un sistema judicial que destina el doble de personas para acusar (520 agentes fiscales) que para defender (253 defensoras/es), y que cuenta con un/a defensor/a oficial cada 221 personas detenidas.

Como contracara, el poder judicial aplica excepcionalmente medidas alternativas al encierro. En cuanto a las personas condenadas, entre 2017 y 2023 los juzgados de ejecución penal rechazaron 8 de cada 10 resoluciones de acceso a institutos progresivos de la pena.

Más aún, si se consideran solamente las personas condenadas, en 2012 el 26% egresó por cumplimiento de pena y en 2023 esta forma de egreso alcanzó el 69%. Esto ratifica que las personas pasan cada vez más tiempo en prisión y cada vez más se van con la pena cumplida. Demuestra también que el régimen de progresividad de la pena se cumple poco y nada.

La reducción de la sobrepoblación se logró con la construcción de 6.000 plazas entre 2020 y 2023 (un promedio de 1.500 plazas nuevas por año) pero en ese mismo periodo se agregaron 9.800 nuevos detenidos al sistema (un promedio de 2.400 por año). Es decir que esta política de construcción no resolvió la sobrepoblación, que sigue siendo del 102% en cárceles.

La ocupación siempre supera la capacidad. Está demostrado que construir cárceles no mejora las condiciones de detención sino que, al contrario, eleva el piso de encarcelamiento. En una perspectiva de más largo plazo, entre 2001 y 2023 se crearon 16.600 plazas y la población detenida se incrementó en 35.400 personas.