Las muertes ocasionadas por la intervención policial son la consecuencia más grave de las rutinas o prácticas policiales. Como venimos destacando año tras año, en la provincia de Buenos Aires no hay un abordaje que problematice el uso de la fuerza letal como resultado de las intervenciones policiales.

No se interpela el estado policial que exige la intervención de los agentes aun fuera de servicio. No existen protocolos específicos para el uso, preservación y custodia de las armas policiales. No se construye información oficial, pública y fiable sobre las muertes producidas por la intervención policial y la de los policías que mueren en el desempeño de su función. La investigación judicial de estos casos no es prioridad y no respeta los estándares de investigación de muertes potencialmente ilícitas.

En el análisis del periodo 2022, cuando destacamos una notoria disminución en los casos registrados, advertimos que ese dato “representaría un dato relevante si se constituyera en una tendencia descendente”.

Lo registrado en 2023 no confirmó esa tendencia descendente, por el contrario se incrementó en 16 casos ascendiendo a 114 casos registrados.

Estas 114 víctimas representan en promedio 9,5 casos por mes: 107 eran varones y 7 eran mujeres. Casi el 60% tenía entre 18 y 30 años y el promedio de edad fue de 25 años. Se registraron 19 casos de menores de 18 años.

Si analizamos los motivos de la intervención policial, más de la mitad de los casos (58) se dieron en circunstancia del robo o intento de robo de bienes del/la agente que mató. En otros 7 casos se trató de intervenciones en circunstancia de robo de bienes de terceros.

Es decir, y tal como se observa si vemos el periodo 2016-2023, la mayoría de las muertes se produjeron para la preservación de bienes materiales. En ese periodo, sólo el 1% ocurrieron en contextos donde estaba en riesgo la vida de otra persona: 8 muertes en 8 años.