La persecución penal crece año a año. Durante 2023 el Ministerio Público Fiscal inició más de un millón de investigaciones penales contra mayores de 18 años (1.036.696), lo que equivale a 2.840 investigaciones iniciadas por día. Una parte de esas investigaciones genera privaciones de libertad: durante 2023 se produjeron 44.010 privaciones de libertad convalidadas judicialmente.

Más allá de este número total, interesa mirar el modo en que se producen. Históricamente, como muestra el siguiente gráfico, la mayor parte de las privaciones de libertad se basa en sumarios confeccionados por la policía.

Arbitrariedad policial

Esta policialización de la actividad fiscal y gobierno de los territorios se refleja también en otro fenómeno: las causas por resistencia a la autoridad o atentado contra la autoridad utilizadas como pretexto para demorar personas en comisarías y/o para encubrir abusos de autoridad y malos tratos.

En 2023 se registraron 10.273 carátulas de este tipo en el fuero penal de adultos y 923 en el fuero penal juvenil. En la Provincia se inician casi tres causas judiciales por día caratuladas como resistencia o atentado a la autoridad contra jóvenes de 16 o 17 años.

Entre 2019 y 2022 la policía aprehendió en promedio a 285.520 personas adultas por año. Salvo el salto observado en 2020 producto de la aplicación del aislamiento social preventivo obligatorio durante la pandemia, la cifra de aprehensiones viene disminuyendo: un 21% de 2019 a 2022.

De las 285.520 personas aprehendidas, apenas 40.608 (14%) fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y sólo 18.272 (6%) ingresaron al SPB por prisión preventiva o condena.

Esta diferencia pone de manifiesto que la función policial no es la de prevenir el delito sino la de gobierno o control de los territorios a partir de la saturación de efectivos, dirigido a controlar y perseguir a los sectores más vulnerados independientemente de sus fundamentos