SOBRE ESTA SECCIÓN
A 19 años de la promulgación de la ley 13.298 y de la creación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos el antiguo paradigma tutelar aún coexiste con la perspectiva de derechos. Una convivencia incómoda que persiste por la falta de una jerarquización política y presupuestaria del sector y de un cambio radical en el enfoque.
UNICEF reveló hace poco que un millón de chicas y chicos se van a la cama sin cenar, cifra que se eleva a un millón y medio si se incluyen aquellos que se saltean alguna comida durante el día. Esta realidad impacta directamente en las políticas de niñez.
En la provincia de Buenos Aires, durante 2023, el Sistema de Promoción y Protección intervino sobre 73.200 casos de niños, niñas y jovenes (NNyJ) superando los 68.000 casos en los que intervino en 2022. Los motivos de estas intervenciones fueron: en el 61 % de los casos por maltrato físico o psicológico y “la negligencia”, criterio que hemos cuestionado por su imprecisión conceptual e interpretativa donde se cuela el paradigma tutelar y sus componentes de clase y que representa el 30 % de los ingresos al sistema.
Sobre ese universo, en diciembre de 2023, había 4.101 NNyJ institucionalizados, la mayoría en dispositivos no oficiales (sin convenio o conveniados) con una supervisión estatal limitada lo que evidencia la escasez de recursos estatales y la tercerización de la respuesta.
Esos lugares de alojamiento, por lo general, presentan condiciones materiales y de seguridad con graves deficiencias y se encuentran alejados de los centros de vida de los NNyJ, lo que restringe la revinculación familiar. En su totalidad, el sistema carece de una perspectiva unificada, lo que resulta en un trato desigual y discrecional dependiendo del dispositivo asignado. Así la intervención estatal a menudo replica las mismas violaciones de derechos que intenta prevenir.
En varios dispositivos convivenciales inspeccionados por la CPM se registraron casos de tortura, malos tratos, agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales y castigos inadecuados, todas prácticas utilizadas como métodos de control y castigo dentro de estos espacios.
Otras prácticas vulneratorias que se identificaron son las restricciones en el acceso a vínculos familiares significativos, como la separación de hermanos y la falta de comunicación familiar o visitas que provocan graves afectaciones emocionales en los NNyJ. Además quienes quedan alojados en estos dispositivos a menudo carecen de acceso a actividades recreativas, culturales y educativas en la comunidad y la organización institucional tiende a priorizar una lógica colectiva que no respeta la singularidad y autonomía de cada NNyJ.
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil
Cuando fallan las políticas públicas de prevención y protección, el sistema penal interviene de manera punitiva, agravando la situación de vulnerabilidad de los jóvenes en lugar de ofrecer soluciones rehabilitadoras. En lugar de intervenir desde un enfoque de protección de derechos, el Estado llega tarde, recurriendo a políticas represivas que incluyen el encierro de estos niños y niñas cada vez a edad más temprana.
Desde 2006 la CPM denuncia que el sistema penal juvenil presenta cada vez más vasos comunicantes con el sistema penal de adultos a partir de la reproducción de patrones propios de la penalidad de tipo más duro, consolidándose un proceso temprano de carcelización sobre los jóvenes.
A diciembre de 2023, se encontraban privados de libertad 448 jóvenes, el 79% (357) en regímenes cerrados y 20% (91) en regímenes de semi-libertad. Los centros de detención juvenil administrados por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) están en un estado de deterioro significativo. Las instalaciones presentan problemas graves, como estructuras en mal estado, falta de mantenimiento, y condiciones de vida inadecuadas que afectan negativamente a los jóvenes detenidos.
A esto se suman las torturas y malos tratos que incluyen agresiones físicas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, alimentación inadecuada, y situaciones de abuso y negligencia por parte del personal como prácticas recurrentes que forman parte del control cotidiano sobre los jóvenes.
De los 828 jóvenes que ingresaron durante 2023 a los distintos centros de detención, 132 (16%) eran niños no punibles, es decir, menores de 16 años. Este dato refleja una tendencia preocupante de intervención del sistema penal sobre niños y niñas a quienes legalmente no se les debería aplicar medidas de encierro punitivo. La criminalización de los jóvenes no punibles es una consecuencia directa de la falta de acciones preventivas y la tardía intervención del Estado, que termina por castigar en lugar de proteger a los chicos y chicas más vulnerables.