SOBRE ESTA SECCIÓN
Durante 2023 los equipos del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT) realizaron 35.910 entrevistas o comunicaciones referidas a 12.382 personas detenidas en cárceles o alcaidías bonaerenses, ya sea con ellas mismas o con familiares, allegados, otros organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil. En ese marco, se relevaron 67.75 vulneraciones de derechos: torturas, malos tratos, falta de acceso a la justicia y otras restricciones.
Las graves vulneraciones de derechos humanos registradas en todos los lugares inspeccionados durante el 2023 se dan nuevamente en un contexto de incremento de la población encarcelada, con un total de 52.412 personas -9 % más que en 2022– y con un nivel de sobrepoblación superior al 100 %.
Del total de vulneraciones de derechos relevadas, 50.420 son hechos de torturas; como ocurre en los últimos años, la falta de asistencia a la salud es el tipo de tortura predominante en el encierro carcelario, con 15.977 casos registrados por la CPM, el 32% del total de los hechos de torturas relevados.
La cárcel debe pensarse como productora de enfermedades, tanto en su dimensión estructural como en relación al rol del personal penitenciario y sanitario. Año tras año, los informes de la CPM denuncian la vulneración del derecho a la salud en las cárceles bonaerenses, lo que se constituye en una práctica sistemática de tortura que degrada y somete a las personas detenidas.
Tanto en las sanidades como en los centros de atención sanitaria (CAS) de diferentes complejos penitenciarios, la atención sanitaria es deficiente e inadecuada debido a la escasez de profesionales, la falta de presencia efectiva del personal en los establecimientos y la calidad de la asistencia brindada. Además, en las sanidades se ha relevado falta de provisión de medicamentos e insumos y de acceso a hospitales públicos, lo que obstaculiza estudios, tratamientos y curaciones para tratar dolencias y enfermedades. A esta situación se suma la falta de alimentación adecuada, de dietas especiales y la afectación del vínculo con las familias, que generalmente abastecen de los elementos necesarios para sobrevivir al encierro, como alimentos, medicamentos y productos de limpieza.
Además del crítico estado del sistema sanitario, se perpetúan tras las rejas las degradantes condiciones materiales, la afectación del vínculo familiar, el aislamiento, los traslados constantes y gravosos, las requisas vejatorias, la violencia física y la falta de alimentos, entre otros graves problemas.
Este informe incluye casos de brutalidad y sistematicidad de la tortura física, con testimonios de detenidos que padecieron la picana eléctrica, golpes y abuso sexual por parte de personal penitenciario.
Mujeres y trans, el disciplinamiento patriarcal en el encierro
La población carcelaria crece año a año; sin embargo, en términos porcentuales, la población de mujeres y personas trans creció en mayor medida, un 15% con respecto a 2022, mientras que la cantidad de varones detenidos creció un 9%. La población de mujeres registra un ascenso sostenido: creció más de 4 veces en los últimos 22 años.
Al finalizar el año 2023, había 3.042 mujeres y 122 personas trans detenidas en el SPB. Del total, 49 mujeres estaban embarazadas y/o junto a sus hijos/as y 33 niños/as viviendo en la cárcel junto a sus madres.
La mayor prisionización de las mujeres tiene correlato en la ampliación de los lugares de encierro; en el último año se destinaron tres nuevos espacios para alojar mujeres, sin embargo el aumento de las plazas no logra resolver la sobrepoblación que fue del 45%.
Otro problema histórico del SPB es el uso extendido de la prisión preventiva, una problemática que perjudica de modo diferencial a mujeres y personas trans: el 59% de las mujeres y el 77% de las personas trans estaban detenidas sin condena, es decir siendo inocentes para la justicia, mientras que los varones lo estaban en un 50%.
La identidad de género tiene recibe la violencia en el interior de las cárceles con particular nivel de vigilancia y castigo sobre las personas trans, requisas vejatorias y casos de abuso sexual. Como ya se dijo, la salud es el principal factor de vulneración de derechos; las mujeres –en especial gestantes o madres– y personas trans enfrentan obstáculos adicionales para acceder a una atención médica adecuada. La falta de profesionales especializados, como ginecólogos y psiquiatras, y la escasez de tratamientos adecuados agravan su salud física y mental.
Muertes bajo custodia del SPB
La práctica sistemática de tortura y otras violencias penitenciarias se combinan para provocar el peor resultado de la cárcel: la muerte evitable. Entre 2008 y 2023 se produjeron 2.312 muertes en cárceles y alcaidías bonaerenses, lo que equivale a un promedio de 145 muertes por año y 12 por mes.
Sin embargo, los índices de muertes en cárceles y alcaidías del SPB tuvieron en 2023 una baja del 17 % respecto al año anterior: 155 muertes frente 188. De las 155 muertes en cárceles y alcaldías del SPB registradas: 133 fueron por problemas de salud, 17 suicidios, 3 homicidios y 2 accidentes.
Una vez más, los problemas de salud fueron la causa principal de las muertes en el encierro, con el 85,8% del total. La nula o deficiente atención médica, la falta de medicamentos o realización de estudios diagnósticos, las dificultades permanentes para la atención especializada o extramuros, y todo esto además mediado en el acceso por el Servicio Penitenciario Bonaerense, nos permite afirmar que la Dirección de Salud Penitenciaria tiene una responsabilidad directa en los elevados números de personas que fallecen por estas razones.