Como política represiva, la violencia institucional funciona como una técnica de gobierno y control social de determinados grupos sociales, mayoritariamente jóvenes y pobres, sobre quienes se despliegan selectivamente dispositivos represivos, torturas sistemáticas y muertes. La violencia institucional es una violación a los derechos humanos.

La violencia institucional no se limita sólo a violencia policial sino que comprende también a las instituciones estatales ligadas al sistema penal y de salud: cárceles, institutos cerrados para jóvenes, neuropsiquiátricos y la justicia. No son casos aislados sino una política criminal punitivista que propicia y legitima las prácticas violentas por parte de agentes del Estado.