El proceso abordó el secuestro, la desaparición y el asesinato de Ricardo Gabriel Giménez, militante de la Juventud Peronista y trabajador del diario El Actual de Escobar.

En enero de 1976, un grupo de tareas liderado por el entonces oficial de policía Luis Abelardo Patti irrumpió ilegalmente en su vivienda, robó pertenencias y secuestró a Ricardo. Tras permanecer desaparecido y ser sometido a torturas, su cuerpo fue hallado el 30 de enero de 1976 en un basural conocido como «La Quema», en el partido de Moreno, con signos de extrema violencia que incluían heridas de arma blanca y la amputación de una oreja.

También fueron considerados víctimas sus familiares —su tía Olga Arredondo, su tío y sus primos—, quienes sufrieron allanamientos ilegales, robos y amenazas durante el operativo.

El fallo determinó que la Comisaría de Escobar, situada en la Zona de Defensa IV (circuito represivo con epicentro en Campo de Mayo), funcionó como un eslabón del sistema de centros clandestinos donde se interrogaba bajo tortura a perseguidos políticos.

Luis Abelardo Patti, oficial subayudante en aquel momento, fue condenado a prisión perpetua por los delitos de amenazas, allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima y homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso de dos o más personas.

Esta sentencia es histórica, ya que reafirma que el terrorismo de Estado y sus métodos clandestinos comenzaron a operar antes del inicio formal de la última dictadura cívico-militar.