Este juicio investigó la represión ilegal contra casi un centenar de militantes de la organización Montoneros que regresaban a la Argentina entre 1979 y 1980 en el marco de la denominada Contraofensiva. El proceso demostró el rol central que cumplió la estructura de Inteligencia del Ejército en la determinación y ejecución del plan criminal de persecución y exterminio de militantes políticos, así como la coordinación represiva ilegal y clandestina desplegada por fuerzas armadas y de seguridad (federales y provinciales) en operativos realizados tanto en el país como en Brasil, Perú y España.

Esta estructura se basaba en la coordinación estratégica entre el Batallón de Inteligencia 601 y el Comando de Institutos Militares Campo de Mayo (jefatura de la Zona IV), desde donde operaban el Destacamento de Inteligencia 201, a cargo de interrogar, analizar y procesar la información extraída a los prisioneros, y la Sección de Operaciones Especiales (SOE), unidad técnica y operativa dentro del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando, creada específicamente para planificar y ejecutar secuestros y asesinatos.

El Batallón 601 -dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército- constituía el núcleo de centralización, recepción y remisión de información de inteligencia obtenida mediante torturas a detenidos y detenidas y a través de la infiltración de organizaciones políticas, sindicales y sociales, con la finalidad de planificar y ejecutar las operaciones de secuestro en todo el territorio nacional.

En el juicio se dio cuenta de la ejecución de operativos represivos como la “Operación Murciélago”, que desde 1978 desplegó bases en las fronteras para capturar militantes que reingresaban al país, o la “Operación Guardamuebles”, que implicó una coordinación represiva entre el Batallón 601 y la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) para detectar lugares de guardado de documentación o armamento que permitiera secuestrar a integrantes de la organización Montoneros.

Las víctimas permanecieron secuestradas en una red de centros de reclusión ilegal con epicentro en la guarnición militar de Campo de Mayo («El Campito», «Las Casitas» y el Hospital Militar), aunque también en tres quintas aledañas a esa unidad, en la Brigada Femenina de San Martín de la Policía Bonaerense y en casas de detención transitoria de zonas fronterizas de las provincias de Corrientes (Paso de los Libres) y Mendoza (Las Cuevas), así como en la Delegación de la Policía Federal de San Martín y la ESMA, entre otros. La mayoría de las y los militantes secuestrados permanecen desaparecidos.

Al menos seis niñas y niños que padecieron privaciones ilegales de su libertad fueron caso en este juicio, donde además se expusieron testimonios directos de numerosos hechos gravísimos de violencia estatal ejercida sobre las infancias.

Por estos crímenes, el tribunal condenó a prisión perpetua a seis ex militares que ocuparon altos cargos en las estructuras de Inteligencia del Ejército del Batallón 601, el Destacamento 201 y el Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares.