En este juicio se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos entre septiembre y diciembre de 1978 por efectivos del Primer Cuerpo de Ejército y del Batallón de Inteligencia 601. Las víctimas fueron 26 empresarios, abogados y allegados vinculados a los grupos económicos Chavanne, Industrias Siderúrgicas Grassi S.A. (ISG) y al Banco de Hurlingham, acusados de “subversión económica” bajo el pretexto de investigar el origen de los fondos para la compra del banco, antes propiedad de la familia Graiver.

Los detenidos fueron privados de su libertad en condiciones inhumanas, sometidos a interrogatorios con torturas en centros clandestinos de detención. Entre los lugares de reclusión se incluyen el Regimiento de Granaderos a Caballo (Palermo, CABA), la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo y el CCD Puente 12, que funcionaron como puntos de secuestro y tortura antes de la “legalización” de los detenidos.

En el fallo, el ex agente civil del Batallón de Inteligencia 601, Raúl Antonio Guglielminetti, fue condenado a 10 años de prisión. Por su parte, Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, fue absuelto, aunque había sido investigado por su participación en señalar víctimas y colaborar en los interrogatorios. Altos mandos militares como el General Suárez Mason y el Coronel Roberto Roualdés no pudieron ser juzgados en esta instancia por haber fallecido antes de la sentencia.

Este veredicto es clave porque reconoce que la estructura del Estado terrorista no solo buscó la eliminación física de militantes, sino también el desapoderamiento económico mediante la combinación de fuerza militar y burocracia civil.