En este juicio quedó probada la participación de la empresa Ford en la persecución y el secuestro de delegados sindicales y trabajadores en el marco del accionar represivo ilegal del Estado Argentino. Del total de 24 trabajadores detenidos ilegalmente que fueron caso en este juicio y que sobrevivieron a su cautiverio, 17 fueron secuestrados por fuerzas conjuntas al mando del Ejército de la propia planta de la automotriz en Gral. Pacheco durante su jornada de trabajo. La casi totalidad de los secuestros se dieron durante el primer mes posterior al golpe de Estado y muchos de ellos el mismo 24 de marzo de 1976. Al menos 9 trabajadores permanecieron cautivos en un quincho de la fábrica y fueron luego trasladados (al igual que otros compañeros capturados en sus domicilios) a las comisarías 2ª de Escobar (Ing. Maschwitz) y 1ª de Tigre, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y, con posterioridad, encarcelados por varios meses en la Unidad Penal 2 de Villa Devoto, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, y en las unidades penitenciarias 9 de La Plata y 2 de Sierra Chica (Olavarría), pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense.

En el proceso se acreditó la participación directa del personal jerárquico de la compañía en la identificación del personal secuestrado (mediante listados y fotografías de sus legajos laborales), la utilización por parte del Ejército de vehículos y elementos provistos por la empresa para el traslado de los detenidos y hasta la participación del jefe de Seguridad de Ford en interrogatorios. Los trabajadores, además de las diversas violencias de las que fueron víctimas y de su encarcelamiento por razones políticas, fueron intimados a presentarse en sus puestos de trabajo y despedidos sin derecho a resarcimiento alguno. Entre las diversas pruebas aportadas, sus testimonios y los de sus familiares (especialmente el de sus esposas y compañeras) resultaron contundentes para demostrar cómo se desplegó una coordinación represiva ilegal al servicio de intereses empresariales.

Fueron condenados el ex jefe del Cuerpo de Ejército IV, con asiento en Campo de Mayo, general Santiago Omar Riveros, el ex gerente de Manufactura de Ford Argentina, Pedro Müller, y el ex jefe de Seguridad de la empresa, Héctor Francisco Jesús Sibilla. A su vez, el ex gerente de Relaciones Laborales de Ford, Guillermo Galarraga, estuvo imputado en la causa pero falleció antes de iniciado el procesos.