En este juicio se probó la participación de la empresa Ford en la persecución y secuestro de delegados sindicales y trabajadores durante la represión ilegal del Estado argentino. De los 24 trabajadores detenidos ilegalmente que sobrevivieron, 17 fueron secuestrados directamente en la planta de General Pacheco durante su jornada laboral. La mayoría de estos secuestros ocurrieron en el primer mes posterior al golpe de Estado, muchos incluso el 24 de marzo de 1976.

Al menos nueve trabajadores permanecieron cautivos en un quincho de la fábrica y luego fueron trasladados, junto con otros compañeros capturados en sus domicilios, a las comisarías 2ª de Escobar (Ingeniero Maschwitz) y 1ª de Tigre, dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, fueron encarcelados durante varios meses en la Unidad Penal 2 de Villa Devoto, del Servicio Penitenciario Federal, y en las unidades 9 de La Plata y 2 de Sierra Chica (Olavarría), del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El proceso demostró la participación directa del personal jerárquico de Ford en la identificación de los trabajadores secuestrados mediante listados y fotografías de sus legajos, la provisión de vehículos y recursos para el traslado de los detenidos, y la intervención del jefe de Seguridad de la empresa en interrogatorios. Además de sufrir violencia y encarcelamiento por razones políticas, los trabajadores fueron obligados a presentarse en sus puestos de trabajo y despedidos sin derecho a indemnización. Los testimonios de las víctimas y de sus familiares, en especial esposas y compañeras, fueron determinantes para demostrar la coordinación represiva al servicio de intereses empresariales.

Fueron condenados el ex jefe del Cuerpo de Ejército IV, general Santiago Omar Riveros; el ex gerente de Manufactura de Ford Argentina, Pedro Müller; y el ex jefe de Seguridad de la empresa, Héctor Francisco Jesús Sibilla. El ex gerente de Relaciones Laborales de Ford, Guillermo Galarraga, estuvo imputado, pero falleció antes de iniciarse el proceso.