En el veredicto se declara que “los hechos objeto de este proceso son constitutivos de crímenes de lesa humanidad”. Se ordenó la reparación histórica de todos los legajos laborales y/o estudiantiles, en todos aquellos casos en los que se hayan aplicado respecto de las víctimas cesantías y/o suspensiones y/o despidos y/o expulsiones, o medidas análogas.

El juicio acumuló catorce causas, con instrucciones que tramitaron por separado, en una sola megacausa que tuvo a su cargo el juzgamiento de 19 acusados por los delitos cometidos contra 350 víctimas entre 1976 y 1978. Desde las instrucciones al debate oral se pudo reconstruir los hechos sucedidos a las víctimas, que fueron trabajadores y delegados sindicales en Dálmine, Siderca, Mercedes Benz, Ford, Del Carlo, los astilleros de Astarsa Mestrina, Cadenasi, Tensa, ferroviarios, los ceramistas de Lozadur y Cattáneo, frigorífico Martín Fierro, Papeleros y Gráficos, Laboratorio Nasar, Squeeb, Laboratorio Oramon, Sindicato Químico de Campana, estatales, empleados de la Salud de hospitales de San Miguel y San Fernando.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín impuso la pena de prisión perpetua a diez acusados y penas de entre 4 y 22 años de prisión para otros nueve. Los condenados revistaron en el Ejército, Armada, Gendarmería y Policía bonaerense.