El primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca comenzó el 28 de junio de 2011 y fue llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N.º 1. En él se investigaron crímenes cometidos contra 90 víctimas por fuerzas del Ejército, la Armada y la Policía Federal bajo la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército durante la última dictadura.

Los delitos analizados incluyeron privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, torturas, homicidios, desaparición de personas, sustracción y ocultamiento de menores y delitos contra la libertad sexual, entre otros. La mayoría de estos crímenes fueron perpetrados en el Centro Clandestino de Detención conocido como “La Escuelita”.

El proceso incluyó casos emblemáticos como la masacre de la calle Catriel y la desaparición de Olga Souto de Castillo y María Graciela Izurrieta, ambas embarazadas. También se abordó la participación de actores civiles, como los empresarios propietarios del diario bahiense La Nueva Provincia. Durante el proceso judicial se escucharon testimonios que señalaron cómo ciertos medios de comunicación contribuyeron a construir una otredad —representada en términos como “delincuentes subversivos”, “terroristas guerrilleros”, “demonios” o “marxo-peronistas”— a la que se presentaba como necesario enfrentar mediante el exterminio. Esta construcción discursiva facilitó la instalación de un estado de excepción y la posterior aceptación de la dictadura cívico-militar. Por ello, el tribunal también ordenó investigar a los responsables del diario por posibles delitos de acción pública.

El 12 de septiembre de 2012, el tribunal condenó a cadena perpetua a 17 represores (14 militares y 3 policías). Los hechos fueron considerados crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio, siendo la primera vez que estos delitos se juzgaron en la ciudad.