El eje en este juicio fueron los delitos cometidos contra 90 presos políticos en la Unidad Penal N° 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense.  Este penal fue parte del engranaje represivo, operó dentro del llamado Circuito Camps en conjunto con centros clandestinos de detención (CCDTyE) de la provincia de Buenos Aires. Allí las víctimas de detenciones ilegales eran trasladadas desde los centros clandestinos y quedaban a disposición del Poder Ejecutivo  como método de “blanqueo”. La UP 9 registró uno de los mayores números de presos políticos “blanqueados”. 

Durante la dirección de Dupuy, uno de los acusados junto a otros 13 agente penitenciarios, se implementó un régimen represivo en el que los presos políticos fueron clasificados según su filiación política, “peligrosidad” y posibilidades de “recuperación”; también se desplegaron torturas, nuevas formas de castigo y traslados sorpresivos a otros penales. Cinco  víctimas fueron asesinadas en esos traslados, dos más murieron a causa de las torturas y tres se encuentran desaparecidas.