Proyecto: Arsenal Miguel de Azcuénaga

En uno de los 9 polvorines asentados en terrenos de la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga del Ejército, se puso en funcionamiento un centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) entre 1976 y 1978. Este CCDTyE operó como cabecera del circuito represivo bajo el mando del Cuerpo de Ejército III (Córdoba) a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, subzona 32 y tuvo  como unidad de comando a la Brigada de Infantería V (Tucumán) a cargo de Antonio Domingo Bussi y área 321 con jefatura en el Regimiento de Infantería 19 (Tucumán).

Durante el Operativo Independencia (febrero de 1975 a marzo de 1976), la actividad represiva y de inteligencia en Tucumán se centró en el CCD conocido como La escuelita de Famaillá. A partir de 1976, hubo un cambio en la estrategia represiva en Tucumán: se desmanteló el CCD que operaba en el establecimiento educativo y se dio traslado al CCD montado en el Polvorín 9 o Galpón 9 dentro de la Compañía de Arsenales 5. Este cambio coincidió con el fin del Operativo Independencia y el inicio de la dictadura, con comandancia de Antonio Domingo Bussi, primero a cargo del comando de la subzona 32 y, desde el 24 de marzo de 1976, designado interventor militar de la provincia.

Por lo que se ha podido reconstruir, el Galpón 9 tenía un perímetro de alambrado olímpico alrededor del polvorín, que contaba con un mangrullo de vigilancia, salas de torturas en construcciones prefabricadas y un baño en mampostería tradicional, cuyos cimientos fueron encontrados por el Laboratorio de investigaciones del grupo interdisciplinario de arqueología y antropología de Tucumán (LIGIAAT), equipo pericial que investigó en el predio a partir de 2005.

Además, gracias a las investigaciones impulsadas por los familiares de desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos, en el mismo predio y a unos pocos metros del lugar utilizado como espacio concentracionario, se encontraron cinco fosas comunes, que fueran empleadas para la inhumación de los cuerpos de las personas detenidas clandestinamente y en las que se hallaron proyectiles de armas de fuego y restos de ropa. La evidencia arrojó que tres de las fosas habían sido removidas (luego de su uso, pero aún durante dictadura), ya que las marcas de la retroexcavadora encontradas en los trabajos periciales así lo indican. En otra de las fosas se lograron identificar cinco hechos de quema, donde se pudieron realizar análisis de ADN por las condiciones de preservación. En la fosa restante, se encontraron restos óseos de 13 personas que fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El trabajo pericial lo realizaron dos grupos locales: la reconstrucción material en el interior del Galpón 9 estuvo a cargo del Colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán (CAMIT); el trabajo de rastreo, prospección y excavación en todo el terreno, a cargo del LIGIAAT, que depende de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Las investigaciones periciales en ese lugar actualmente están inconclusas.

La existencia y funcionamiento de Arsenales como centro clandestino de detención y exterminio fue acreditada por la justicia federal en el marco de una de las causas judiciales de mayor envergadura realizadas en el norte del país: el expediente A – 81/12 “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestros y desapariciones (acumulación exptes. A – 36/12, J – 18/12 y 145/09)”, con sentencia del Tribunal Oral de Tucumán el 19 de marzo de 2014, confirmada en agosto de 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal. En esa causa fueron condenados 37 imputados por 240 casos de secuestros y desapariciones.

El proyecto fue promovido y asistido por el Laboratorio de investigaciones del grupo interdisciplinario de arqueología y antropología de Tucumán (LIGIAAT/UNT) y desarrollado por organismos de derechos humanos con la colaboración y asesoramiento técnico del Programa de hábitat participativo (servicio técnico de alto nivel del CONICET) y la práctica profesional asistida Hábitat participativo pertenecientes a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT. Los organismos de derechos humanos participantes fueron los siguientes: Fundación memorias identidades de Tucumán, Asociación de ex presos políticos de Tucumán, H.I.J.O.S. y APDH.