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Recursos para la lucha
contra la violencia institucional

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INTRO

La violencia institucional es violencia del Estado

La violencia institucional es una violación a los derechos humanos. Fue agudizándose al calor de las políticas neoliberales que generaron un proceso de profunda regresión social, desocupación, pobreza y una fuerte fragmentación y segmentación social. Como política represiva, la violencia institucional funciona como una técnica de gobierno y control social de determinados grupos sociales, ayoritariamente jóvenes y pobres, sobre quienes se despliegan selectivamente dispositivos represivos, torturas sistemáticas y muertes.
La violencia institucional no se limita sólo a las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías sino que comprende también a las instituciones estatales ligadas al sistema penal y de salud: cárceles, institutos cerrados para jóvenes, neuropsiquiátricos y la justicia.
No son casos aislados sino una política criminal punitivista que genera las condiciones de posibilidad, propicia y legitima las prácticas violentas por parte de agentes del Estado. El poder ejecutivo diseña e implementa una política que persigue a los pobres, los captura y los condena –no sólo a estar privados de su libertad sino a graves padecimientos–; el poder legislativo aprueba leyes regresivas dándole el soporte normativo necesario; y el poder judicial garantiza la impunidad, priva del derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa en juicio a todos aquellos que somete al peso de la ley. Nuestra justicia somete a los débiles y protege a los poderosos.
El punitivismo no es nuevo. Se basa en la falacia de que es la única forma de resolver el problema de la inseguridad y ha sido la orientación de las políticas de seguridad desde hace dos décadas. Sin embargo, la actual gestión ha radicalizado aún más el discurso manodurista y el punitivismo: ha avanzado decididamente en reformas legales regresivas, ha planteado un creciente despliegue y ocupación territorial de las fuerzas de seguridad, y ha reprimido la protesta social de manera sistemática. Para ello apela al paradigma de las nuevas amenazas a nivel global como la “guerra contra el narco” y la “lucha contra el terrorismo”. Estas supuestas nuevas amenazas habilitan esa política de control social con el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, y legitima la profundización de la militarización del espacio público.

VIOLENCIA POLICIAL

CORTOS AUDIOVISUALES DE LA CPM

HISTORIETAS CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL

Coordinadora: Daniela Drucafoff

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MASACRE DE BUDGE

El día de la lucha contra la violencia institucional fue declarado en el año 2012 por la ley N° 26.811, en conmemoración a la Masacre de Budge ocurrida el 8 de mayo de 1987. Ese día la Policía Bonaerense fusiló a Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) en una esquina de su barrio, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y luego intentó simular un enfrentamiento.
A pesar de lo habitual que era la violencia policial en el barrio donde vivían Agustín, Oscar y Roberto, los vecinos reaccionaron y se movilizaron masivamente para denunciar estos crímenes. Esa activación popular hizo posible que la justicia condenara a los policías responsables: Juan Ramón Balmaceda, Juan Alberto Miño e Isidro Rito Romero La denuncia del gatillo fácil que emergió en la esfera pública luego de la masacre de Budge permitió comenzar a desnaturalizar prácticas de las fuerzas de seguridad que violan los derechos humanos, como las ejecuciones sumarias, torturas y malos tratos (físicos y psicológicos), detenciones ilegales, razzias, hostigamiento y también la desaparición forzada de personas.

RECURSOS PARA TRABAJAR LA MASACRE DE BUDGE

OTROS RECURSOS

Cuadernos de la CPM

Informes de la CPM

Tenemos derechos

Diario 8 de mayo

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El trabajo de la CPM contra la violencia institucional

Desde sus orígenes, la CPM definió que no puede existir ninguna política de memoria que no articule el pasado con la desigualdad, las injusticias sociales y las violencias del presente. En este sentido, a lo largo de estos años de trabajo, se han desplegado diferentes acciones en la lucha contra la violencia institucional:

Desde el 2002 la CPM inspecciona y monitorea cárceles, centros cerrados para jóvenes, neuropsiquiátricos y comisarías de la provincia, constituyéndose de hecho como el mecanismo local de control y monitoreo de los lugares de encierro.

Denuncia los casos de violencia institucional que relevan ante órganos judiciales y administrativos (habeas corpus individuales y colectivos, informes, etc.)

Promueve la articulación de organizaciones de familiares víctimas de violencia institucional para potenciar su capacidad de intervención territorial.

Elabora informes anuales y materiales que ofrecen un diagnóstico sobre la situación de las instituciones de encierro, las políticas de seguridad pública, de niñez, de salud mental y los casos de violencia policial.

Construye, junto a la Procuración Penitenciaria Federal y el GESPyDH, el Registro Nacional de Casos de Tortura desde el año 2012.

Realiza monitoreos, análisis y diagnósticos sobre la política criminal y las prácticas de las agencias estatales de seguridad.

Recibe denuncias de familiares y víctimas de violencia institucional.

Desarrolla actividades de formación y capacitación.

Trabaja para garantizar el derecho de acceso a la justicia, desde una perspectiva del litigio estratégico.

Promueve la creación de mecanismos locales de prevención y monitoreo de la violencia institucional.

Articula con organismos oficiales para canalizar las denuncias recibidas y activar respuestas del Estado.

Realiza presentaciones de informes y denuncias ante organismos internacionales.

Interviene en la definición de leyes a nivel nacional y provincial informando a los legisladores durante el debate o formulando propuestas propias, como la creación de la policía judicial.

Desarrolla un trabajo sistemático de producción y análisis de información.

Construye el registro de casos de violencia policial desde el año 2016 a través de una plataforma digital interactiva.

Produce materiales de difusión para la promoción de debates y reflexiones en torno a la violencia institucional y trabaja en la visibilización mediática a través de la agencia de noticias ANDAR