Recursos | 8 de Mayo – Día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional

Recursos y Materiales

EL CASO BUDGE

El 8 de mayo de 1987 la Policía Bonaerense fusiló a Agustín “El Negro” Olivera (26 años), Oscar Aredes (19 años) y Roberto “Willy” Argañaraz (24 años) en una esquina de su barrio en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.
Los jóvenes se habían juntado en la esquina de Figueredo y Guaminí, tal como era costumbre en el barrio, cuando el suboficial Juan Ramón Balmaceda, el cabo Juan Alberto Miño y el sargento Isidro Rito Romero bajaron de una camioneta de la Policía Bonaerense y dispararon contra ellos. Olivera recibió doce disparos, Aredes siete y Argañaraz, con un disparo en una de sus piernas, fue subido a la camioneta, para más tarde aparecer en el hospital con un impacto de bala en la cabeza. A las víctimas se les “plantaron” armas en un intento de hacer pasar el caso como un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

La reacción del barrio no se hizo esperar. Los vecinos rápidamente se movilizaron para pelear contra la violencia policial y reclamar por justicia contra este caso de “gatillo fácil”.
El 24 de mayo de 1990 se condenó a Romero a doce años de prisión por homicidio simple mientras que Balmaceda y Miño recibieron la pena de cinco años por homicidio en riña. Ese juicio fue anulado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense por errores procesales. En un nuevo juicio, el 24 de junio de 1994 los policías fueron sentenciados a once años de cárcel por homicidio simple; pero los acusados, que permanecían en libertad, se fugaron tras el fallo. Con la complicidad de la Policía Bonaerense, los asesinos estuvieron prófugos: Romero fue apresado en 1998, Balmaceda y Miño recién en 2006.

Las movilizaciones en reclamo de justicia se hicieron cotidianas, fueron marcando el paso de los procesos judiciales y sentaron un antecedente. El Caso Budge, con la organización de los vecinos, amigos y compañeros de trabajo puso al descubierto un procedimiento habitual de la Policía: las ejecuciones de “sospechosos”, desde el punto de vista policial, que luego se hacían pasar por enfrentamientos. La Masacre de Budge se convirtió en el primer caso en democracia, de lo que se denominó  a partir de allí como  “gatillo fácil”, donde todo el barrio se organizó para pelear por la justicia contra la política represiva de la policía y la impunidad.

En este camino de lucha, los familiares de las víctimas encuentran una forma de denunciar y exigir respuestas  por las muertes bajo consignas que refieren a “un universo compartido con los reclamos y denuncias del movimiento tradicional de los derechos humanos: se demanda justicia, se protesta contra la impunidad, se denuncia la violencia de Estado” . Asimismo, la Masacre de Budge visibilizó una problemática social que dio lugar a un nuevo espacio de movilización social con entidad propia: la violencia institucional y particularmente policial .

Amplios sectores de la sociedad se sumaron a los reclamos de los vecinos. La comunidad de Ingeniero Budge comenzó a organizarse formando la “Comisión de amigos y vecinos”. A mediados de 1992, un grupo de familiares de víctimas conformó la Comisión de Familiares de Víctimas Inocentes (Cofavi). Sus miembros más activos eran, en su mayoría, mujeres que encontraron en otras madres nuevos lazos de solidaridad. No se resignaron ante la muerte de sus hijos; obligaron a las instituciones a rendir cuentas exigiendo una mayor transparencia en la actuación judicial y cuestionando su desempeño en el reclamo de plazos y medidas concretas. En el origen y nombre de la Comisión consignan “víctimas inocentes” como una manera de determinar la identidad del grupo, en una narrativa “humanitaria” coincidente con las representaciones acerca de los desaparecidos. Los jóvenes fusilados por la policía fueron identificados bajo la imagen de inocencia preparando un terreno más permeable para que el reclamo tuviera una buena recepción social. La inscripción de la violencia policial con la violencia desplegada por la última dictadura cívico- militar se traduce en la continuidad de ciertas prácticas que se ejercen y “normalizan” sobre un Otro que es peligroso, culpable o sospechoso.  
***
A 30 años de democracia, la violencia policial persiste. Los golpes, los insultos, el maltrato, la tortura y el gatillo fácil dan cuenta de una práctica sistemática que se ejerce sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: jóvenes y pobres. La violencia policial no es sólo un modo de operar de las fuerzas de seguridad sino un dispositivo de control y disciplinamiento que profundiza la exclusión social. Es la fuerza instituida y simbólicamente legítima a la que se le adjudican “excesos”, “abusos” y “brutalidad”.
Las situaciones que encubren violaciones a los derechos humanos en el presente nos obligan a avanzar hacia una conceptualización de las transgresiones violentas realizadas desde el Estado, en el ejercicio de un rol institucional. Pensar la violencia institucional hoy invita a reflexionar sobre las rupturas y continuidades de la posdictadura en una doble dimensión: la modalidad que adquiere la violencia y las relaciones sociales sobre las que opera.
Los procedimientos policiales sobre los que se habilitan los hechos de violencia contemplan dimensiones de análisis que no dependen sólo de la organización de la tarea policial, sino que forman parte de un complejo entramado de prácticas institucionales en las que están involucradas las restantes agencias del sistema penal y del poder político.

La violencia policial reconoce un componente cultural decisivo para su configuración actual que implica considerar la funcionalidad que este tipo de prácticas cumple para el desarrollo de nuestra cotidianeidad. La construcción de una escena bélica y el miedo urbano producto de la producción político-mediática de la “inseguridad”, niegan la posibilidad de cuestionar la aplicación de la fuerza directa o el uso de las armas de fuego por parte de la policía al momento de la aprehensión. Dicha sensibilidad habilita y naturaliza las violaciones a los derechos humanos en el accionar violento de la policía sobre jóvenes etiquetados como delincuentes.

PITA, M. V. (2010). Formas de vivir y formas de morir: los familiares de víctimas de la violencia policial. Buenos Aires: Del Puerto/CELS. En prensa.

GINGOLD, L. (1997). Memoria, moral y derecho: El caso de Ingeniero Budge (1987-1994). México, FLACSO.

Ejes sugeridos

  • Violencia institucional. Las prácticas policiales, continuidades y rupturas con la violencia desplegada durante la última dictadura.
  • Gatillo fácil: La Masacre de Ingeniero Budge y las versiones en la construcción de los acontecimientos.
  • El barrio, los jóvenes, la construcción de las víctimas. Desigualdad, exclusión y estigmatización de los jóvenes.
  • La organización y la lucha de los familiares y vecinos por verdad y justicia. Relaciones con el movimiento de derechos humanos.
  • Los reclamos por justicia: Desigualdad social ante el acceso a la justicia. Impunidad del sistema judicial.
  • Ver Imágenes de Ingeniero Budge a 26 años de la Masacre.
    Helen Zout, mayo 2013.
RESEÑA DEL CASO EN LA JUSTICIA

No fue fácil llevar a los policías a juicio. El juez (de Lomas de Zamora, Juan Carlos) Rousseau, que estuvo a cargo de la instrucción, había calificado la causa como homicidio en riña. Por eso los acusados quedaron en libertad. Se había formado la comisión de Amigos y Vecinos de las víctimas, que eran los encargados de reunir las pruebas y buscar a los testigos. El apriete policial fue terrible. Toto Zimerman, que no era un abogado penalista, pero tenía una trayectoria en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En ese momento, el secretario del juzgado era el doctor Ferreiro Pella. Varios eran los obstáculos que se presentaban, entre ellos, la vista del sumario,  la adulteración de las autopsias y exhumar el cuerpo de una de las víctimas, que había sido trasladada a un cementerio de Tucumán. El juez también negó el pedido de reconstrucción del hecho, y entonces se convocaron a actores profesionales –entre ellos a Onofre Lovero– para hacerla ellos mismos, como un acto simbólico de protesta.
En los tribunales de Lomas de Zamora, en mayo del ’90, comenzó el primer juicio a los uniformados. Balmaceda y Miño fueron condenados a cinco años y Romero a 12. A los dos primeros se los juzgó por homicidio en riña, y al segundo, por homicidio simple. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Provincia anuló el juicio por un error técnico. Tras nuevo juicio, hubo una segunda sentencia el 24 de Junio de 1994. Los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple.
Una década después, en septiembre de 1997, la Corte provincial confirmó la segunda sentencia. También “le negó a la defensa de los policías un recurso extraordinario para recurrir ante la Corte Suprema”.
En febrero de 1998 la Suprema Corte de la Provincia resolvió enviar la causa a la Sala II de Lomas de Zamora para que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia, y el 28 de mayo ordenó la detención. Pero ninguna de las tres órdenes se hizo efectiva y los 3 policías estuvieron prófugos.
Balmaceda, Romero y Miño tuvieron protección policial y, por eso, los abogados de los familiares de las víctimas junto a los vecinos comenzaron a realizar una investigación propia. Guardias en las viviendas de los condenados, fechas de cumpleaños de los allegados, afiches con sus caras y hasta “el mapa de la familia Balmaceda”, fueron parte de las estrategias que se dieron para encontrar a los ex policías. El 9 de octubre de 1999, Romero fue el primero que cayó preso. A mediados de septiembre de 2006 fue encontrado Miño y el 2 de noviembre, fue detenido Balmaceda. Al poco tiempo, a Balmaceda: le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria.

Fuente: Reseña elaborada por CPM.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
-BECKER, H. (2009). Outsiders: hacia una sociología de la desviación. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

-Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Derechos y estrategias frente a la violencia policial: Cuaderno nº 1 de formación y acción colectiva.

-DAICH, D.; PITA, M. V.; SIRIMARCO, M. (2007). “Configuración de territorios de violencia y control policial: corporalidades, emociones y relaciones sociales” en Revista Cuadernos de Antropología Social, N° 25, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: FFYL/UBA.

-DAROQUI, A. (comp) (2012). Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil.Rosario, Editorial HOMOSAPIENS- CPM.

-EILBAUM, L.; MARTíNEZ, J. (1999) “La violencia policial en la Argentina. Un debate sobre las visiones del problema y las políticas posibles”.

-GINGOLD, L. (1997). Memoria, moral y derecho: El caso de Ingeniero Budge (1987-1994). México, FLACSO.

-PITA, M. V. (2012). “Formas populares de protesta: Violencia policial y ´Familiares del gatillo fácil´”.

-PITA, M. V. (2010). Formas de vivir y formas de morir: los familiares de víctimas de la violencia policial. Buenos Aires: Del Puerto/CELS. En prensa.

-PITA, María Victoria (2004). “Violencia Policial y Demandas de Justicia: acerca de las formas de intervención de los familiares de víctimas en el espacio público”. En: Tiscornia, S. (comp.). Burocracias y violencia. Ensayos sobre Antropología Jurídica. Buenos Aires: Antropofagia/Facultad de Filosofía y Letras-UBA.

-TISCORNIA, S. “Violencia Policial. De las prácticas rutinarias a los hechos extraordinarios”.

Informes Comité contra la Tortura, Comisión Provincial por la Memoria. 

Informes CELS. Derechos humanos en Argentina. 

ALGUNOS MATERIALES Y DOCUMENTOS

1 – La mirada de la Dir. de Inteligencia de la Policía de la prov. de Buenos Aires (DIPPBA)

Noticias periodísticas e informes elaborados por los agentes de inteligencia de la DIPPBA sobre La Masacre de Ingeniero Budge.  

Sobre el hecho y la repercusión social.  Noticia “Los habitantes de Ing. Budge le entregaron una nota a Alfonsín”, 1987.

Apreciación

No obstante que el procedimiento policial que nos ocupa, se encuentra encuadrado dentro de los aspectos legales normales, algunos medios periodísticos, rescatando testimonios supuestamente aportados por vecinos del lugar donde se desencadenaron los hechos, brindan un confuso desarrollo que apunta a desvirtuar la información policial. En ese sentido, “CRONICA” y “CLARÍN”, consignan en forma notable los aspectos salientes del acontecimiento, titulando “BAÑO DE SANGRE EN BUDGE: TRES MUERTOS”. La policía dice ´hubo un tiroteo con hampones´, los vecinos “FUSILAMIENTO” y “MATAN A 3 JÓVENES EN INGENIERO BUEDGE”, respectivamente.
El tratamiento periodístico citado no se descarta que corresponda a cierta campaña tendiente a signar el accionar policial como de “gatillo fácil”, mensaje esgrimido en oportunidades por algunos organismos defensores de los derechos humanos, tales como “Madres de Plaza de Mayo” a través de su Presidenta ….
Fuente: Archivo DIPPBA . Mesa “DS” (Delincuente Subversivo) Varios, legajo Nº 26185, “Homicidio en Riña en Ingeniero Budge”, Tomo 1.

El Archivo DIPPBA se encuentra bajo gestión y preservación de la Comisión Provincial por la Memoria.

2 – La lucha de los familiares y amigos de las victimas

Fragmentos de entrevistas a los amigos de los jóvenes fusilados en la Masacre de Ingeniero Budge realizadas por CPM en mayo de 2013.

Los amigos de las víctimas

“(…)yo era parte de la asamblea de vecinos de la calle Baradero en ese momento”
“soy amigo de infancia de los tres muchachos, y a partir de eso habíamos formado la Comisión de amigos y vecinos de Ingeniero Budge, a partir de la muerte de ellos porque antes éramos personas normales y comunes como cualquier persona de barrio”
(…) el tema era que nosotros éramos pibes de barrio: jugando a la pelota, saliendo los sábados y domingos a bailar, trabajadores, gente obrera, gente humilde, en ese momento un barrio muy humilde, sin asfalto, con pocas luces, con barriadas que nos juntábamos en la esquina todos los días y generalmente los viernes porque era como un desahogo después de venir algunos de la escuela, otros de estudiar y siempre íbamos a jugar al fútbol íbamos a bailar juntos …  tal es así que un día veníamos de jugar a la pelota con todos los muchachos y tuvimos un percance en un boliche del barrio, en el cual el hijo de la señora nos trató mal. Era invierno, días de mayo, tomábamos siempre gaseosa en este barcito, porque veníamos de una cancha que le decíamos “la cancha de la policía” que estaba atrás del riachuelo, en frente del autódromo, y fuimos a tomar una gaseosa y hubo un percance porque ese día estaba el hijo de la señora y los trató mal a los muchachos, entonces los muchachos enfurecidos salieron del bar porque los amenazó con una escopeta que nos iba a rajar. Nosotros le dijimos que él nunca atendió el negocio y el señor este no sabía y nos corrió a escopetazos, pero no tiró tiros, nada. Los muchachos al otro día volvieron enojados, amanecidos, a reclamarle a la señora y ahí empezó la historia. Porque hicieron una denuncia, una supuesta denuncia a la comisaría y sabíamos que ellos siempre patrullaban la zona, había razzia, las famosas razzia que te levantaban en el colectivo a gente que venía de trabajar, gente común, gente normal, te hacían averiguación de antecedentes, te tenían 24 hs, te largaban el sábado o te largaban el domingo a la hora que ellos se les cantaba porque era como que ellos eran los dueños y jefes del barrio.
(…) Estábamos en democracia pero un año antes justo habían matado a otros muchachos ahí en Guaminí y Baradero, le decíamos Miquelo y 15 días antes habían matado al Negro Miauri. Vino y lo mató Balmaceda, Balmaceda y sus secuaces (…) y te das cuenta cuando a una persona la mataron, lo mataron durmiendo, le dieron un tiro en la nuca lo dieron vuelta y le pusieron dos armas en la mano. Entonces ya preveíamos que algo estaba pasando y era grave, aparte nosotros sabíamos cómo actuaban, nos dábamos cuenta. Además éramos jóvenes y nosotros salíamos todas las noches a caminar, como cualquier joven, vos no te acostas a las12 de la noche te acostás a las 2, 3 de la mañana. Y la gente no sabe y vos le contás a la gente en ese momento y nadie te cree, no te van a creer, qué te van a creer? “sabés que mataron a fulano”? entonces nosotros fuimos a la casa de los padres y dijeron que no, que no querían hacer la denuncia.

La organización barrial

“Nosotros éramos miembros de la asamblea de vecinos de la calle Baradero que reclamábamos en aquel momento, porque es una zona inundable, reclamábamos con un grupo de vecinos desagües pluviales, red de agua potable, et. El día anterior, el 7, junto con padres, alumnos, docentes de la Escuela 82 cortamos el camino negro. Hicimos una sentada en el camino negro y Baradero porque desbordaban los pozos ciegos y se inundaban los patios (…) nosotros esa noche nos enteramos lo que sucedió porque yo particularmente vivía a una cuadra del lugar. Se escuchaban los tiros, todo. Al día siguiente estábamos haciendo un balance en la escuela 82 de la jornada de protesta, y entonces llegó un grupo de amigos y algunos vecinos a pedirnos a ver si podíamos ayudarlos como asamblea ayudarlos, a que esto se denuncie…y entonces es ahí que nosotros, al otro día a la mañana  nos trasladamos al lugar con los docentes y empezamos a ver qué se podía hacer. Todo el mundo lloraba…”

“Y entonces hablamos y decidimos hacer una reunión en la casa de alguno y a formar una comisión  y empezamos levantar un petitorio para pedir el enjuiciamiento y esclarecimiento  de estos hechos. Hicimos la reunión y se formó la comisión con 170 vecinos integrantes, algo impresionante. Y salimos con el petitorio para hacerlo firmar y convocamos a la primera asamblea. Y, hubo como tres mil personas, impresionante. Y cayeron todos los políticos caretones de la época, Mércuri, Alende, Zamora, Chacho Álvarez, una asamblea impresionante. Y de ahí hicimos la primera movilización a la comisaría del Puente La Noria, ahí donde la rodeamos…” hubo mucha constancia de los amigos, de los vecinos, había muchas organizaciones políticas que la verdad que le pusieron mucha pila a esto. Porque a los tres años sale recién que se va a hacer el juicio oral y público, pero en esos tres años hubo continuidad. El tema de los testigos era terrible, la gente tenía tanto miedo, y había una serie de carpas en la esquina y se hacía una guardia permanente, entonces se decidió que a los vecinos que eran testigos como tenían miedo y el miedo era real, un grupo de gente de la comisión lo acompañaba a tomar el colectivo, hasta Puente de la Noria en ese momento. Hubo mucha constancia en la organización, sin eso no se hubieran puesto los abogados que la verdad que eso fue importante  y no se hubiera logrado mantener la continuidad. En el medio hubo una serie de movilizaciones: al juzgado a Plaza de Mayo…”

“(… )a Plaza de Mayo con una bandera negra y amarilla que decía Budge exije justicia. Hubo una banderada, con banderas argentinas, nosotros estábamos reclamando justicia, no otra cosa. En ese momento estaba Alfonsín que supuestamente nos iba a recibir. Y le hicimos una carta, y entraron los abogados y los padres de los chicos, y se entregó pero recibió un secretario. Pero hasta eso llegó, fue una movilización muy grande”

“Y a las organizaciones sociales que en ese momento colaboraron de mi parte estoy muy agradecido de la fuerza que hicimos entre todos. Porque si bien nosotros reclamamos por nuestro lado, la gente también tenía sus  motivos  para reclamar por otro lado, porque estábamos en democracia pero la dictadura estaba florecida, no se había apagado. (…)”

Noticia publicada en Página/12, 6 de mayo de 2007

A 20 AÑOS DE LA MASACRE
“Budge fue un ejemplo, ahora nadie se calla”

Por Carlos Rodríguez
“Lo que nos pasó fue un ejemplo para muchos barrios. Ahora nadie se calla, todos denuncian, pero a nosotros nos costó mucho llegar a la Justicia.” Sentado en el comedor de su casa de Figueredo al 1800, con los ojos cansados de ver injusticias a sus 82 años de vida, don Antonio Olivera habla y camina lento, pero se mantiene firme. Es el padre de Agustín Olivera, asesinado por policías bonaerenses cuando tenía 26 años junto con sus amigos Oscar Aredes, de 19, y Roberto Argañaraz, de 24. Los tres fueron las víctimas de la Masacre de Ingeniero Budge, de la que este martes se cumplen veinte años. “En esos años (se refiere a los anteriores a 1987) era común ver cadáveres por acá, cuando amanecía. Una vez, a mitad de cuadra, apareció un cuerpo. Como tantos curiosos, me fui con la gente a mirar. No sé de quién era el cadáver. La gente comentaba: ‘Lo mató Balmaceda’. Y otro enseguida decía: ‘Si lo mató Balmaceda no se puede hacer nada, hay que dejar todo como está’.” El suboficial de la Bonaerense Juan Ramón Balmaceda fue el artífice del fusilamiento de los tres amigos. Por el crimen fueron condenados a 11 años de prisión Balmaceda, el cabo primero Juan Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero. Los tres estuvieron prófugos. María del Carmen Verdú, de Correpi, sostuvo que Budge fue “la primera experiencia de organización barrial para exigir justicia en un caso de violencia represiva”.
(…) “Lo que nos pasó venía de hacía rato. No fue solamente con nosotros. Lo que no entiendo es por qué la gente se callaba tanto.” (…)  “Mi pibe y todos los muchachos, los compañeros de él, los amigos, se reunían en una canchita de acá cerca, la del club Lucero, al lado de la vía. Cuando ellos ganaban un partido, venían a celebrar acá, en frente de mi casa o en la esquina”, donde ahora está el monolito. “Eran un montón sentados en el banco (frente a la casa) y en la vereda. El señor… ¿qué señor? Se me escapó la palabra”, rectifica Olivera. “Ese sinvergüenza de Balmaceda, ese criminal, ese asesino, era muy nombrado en la zona. Era muy manguero…” (…)   “Cuando los chicos se juntaban, el tipo, el sinvergüenza, mandaba a algún colega de él para verificar si estaban y después venía Balmaceda. Se los llevaba presos a todos. Les sacaba los documentos, pero nunca llegaban a la comisaría. Antes los empezaba a manguear, les sacaba plata y los mandaba de vuelta. Pasado un tiempo, volvía y hacía el mismo trabajo. A mi pibe, una vez, cuando había llegado recién del trabajo, se lo llevó esposado. Mi finada esposa (Mercedes) le preguntó por qué hacía eso y él le contestó que era una razzia. Y se lo llevó injustamente.”
(…) Una vez, por medio de una persona conocida del policía, a don Olivera le llegó un mensaje de condolencias del policía: “Un colega de él me dijo que estaba muy arrepentido por lo que hizo, que se había equivocado, que estaba buscando a otras personas y que las confundió” la tarde en la que asesinó a tres chicos desarmados que charlaban en una esquina.
(…) Cree que la Masacre de Budge sirvió como lección. “De acá sacaron ejemplo mucha gente, muchos barrios. Hoy no se callan la boca. En ese tiempo no se hacía nada, no sé por qué, pero no se hacía nada.” Víctor Olivera, tío de Agustín, fue testigo presencial del triple crimen. “Al pibe Willy (así lo llamaban en el barrio a Argañaraz) lo levantaron del piso y lo tiraron adentro de la camioneta de Balmaceda. Lo llevaban dos milicos y él iba a los saltos, porque estaba herido en una pierna. Balmaceda, cuando Willy ya estaba en la camioneta, le gritó ‘quedate quieto’. Cuando lo trajeron para velarlo, tenía como 18 balazos, según dijeron los familiares.” (…)  María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), opinó que Budge fue “la primera experiencia de organización barrial para exigir justicia en un caso de violencia represiva puntual”. Consideró que junto con la movilización en torno del crimen de Agustín Ramírez, ocurrido en 1988 en San Francisco Solano, y el caso de Walter Bulacio, que murió después de ser detenido por la Policía Federal, “Budge integró una trilogía que sacó a la luz, en los medios, en los organismos de derechos humanos y en los partidos políticos, la gravedad que tenían los crímenes sistemáticos cometidos por las fuerzas policiales, ya en democracia”. (…)

Análisis de DIPBA sobre las organizaciones de DDHH y el caso durante el Juicio oral y público en junio de 1994.  Archivo DIPBA, Mesa “DS” (Delincuente Subversivo) Varios, legajo Nº 37061  “Caso Budge”, Folio N°46-48.


Apreciación
 
“Debe destacarse como elemento singular de este Juicio Oral y público la presencia en las inmediaciones de la sala de manifestantes; integrantes de distintas organizaciones de Derechos Humanos, que están capitalizando esta nueva instancia judicial, para su propia publicidad ante los medios, encubriendo bajo el reclamo de justicia, el pedido condenatorio para con los imputados, más allá de las pruebas que determinen su culpabilidad o no.
Asimismo, se observaron grupos – supuestamente pertenecientes a Derechos Humanos – aunque no ha podido comprobárselo que mediante cánticos y distintas consignas condenatorias no solamente a los procesados, sino a toda la institución policial, ejercen una doble acción: presionar en alguna forma al poder judicial, peritos y testigos, y difundir propaganda negativa sobre toda la fuerza en su conjunto.
Estas medidas forman parte de una estrategia mucho más amplia de manipulación de opinión, cuyo objetivo final sería el descrédito generalizado de las mismas Fuerzas policiales”.

3 – La Masacre de Budge en las encrucijadas judiciales 

Sobre el fallo de la justicia y su anulación.

“Es dable recordar que las familias de las víctimas son de bajos recursos económicos y bajo nivel cultural, contando con el apoyo de vecinos y activistas de izquierda…”
“…hasta el momento la posición de la población cercana a Ingeniero Budge con relación a la situación se encuentra en un impase, teniendo en cuenta que sus características y pautas sociales y culturales es un público con condiciones favorable para ser manejada en masa, siendo aprovechada por los activistas de distintas OO.PP.MM”

Fuente: Archivo DIPPBA, Mesa “DS” (Delincuente Subversivo) Varios, legajo Nº 37061  “Caso Budge”, 1992, Folio N° 42-44.

Fragmento del Informe Derechos humanos en Argentina, CELS, 2008 y 2012. 

CELS. Derechos humanos en Argentina. Informe 2008.
Persiste la vieja práctica de presentar los hechos de abuso policial como enfrentamientos para encubrir lo que, en verdad, constituye una ejecución por parte de funcionarios policiales. En estos casos,  el relato policial –primera versión de los hechos- sostiene que se produjo un enfrentamiento en el marco de la comisión o represión de un delito. Ésta es la versión que se brinda a la opinión pública, incluso antes de llevar a cabo una investigación judicial. También en estos hechos se verifica la desaparición, producción o alteración de las pruebas de los hechos, montando la escena del crimen de modo tal que contribuya a confirmar la versión policial de los acontecimientos. Resulta habitual, por ejemplo, plantar armas a las víctimas y distribuir vainas de cartuchos en el suelo. Otra de las constantes en estos casos en la preparación por parte de la policía de las declaraciones de testigos presenciales. Estas conductas reportan gravísimos entorpecimientos de la investigación judicial de los crímenes. Sin embargo, y a pesar de que surgen de los expedientes judiciales, frecuentemente en forma expresa, serias y reiteradas irregularidades, éstas no son en todos los casos debidamente investigadas y sancionadas por la justicia. Estos hechos nos hablan de la complicidad de la justicia  frente a los episodios de violencia policial.

CELS. Derechos humanos en Argentina. Informe 2012.
Por otra parte, las amenazas y el amedrentamiento a testigos, familiares y amigos son medios recurrentemente utilizados por funcionarios policiales como mecanismo para obstaculizar la investigación de hechos de brutalidad policial.
La inacción y connivencia judicial obstaculizan el esclarecimiento de este tipo de hechos e introducción una violación adicional a los derechos de las víctimas y sus familiares. Así es como la difusión del caso en los medios de comunicación y la presencia en la causa judicial por parte de los familiares y amigos de las víctimas siguen cumpliendo un papel determinantes para el avance de las investigaciones.
Sin embargo, en muchos casos, el hecho de que las víctimas pertenezcan a sectores sociales más desprotegidos y que los victimarios sean policías que prestan servicios en esa misma jurisdicción posibilita el amedrentamiento y amenazas a familiares, testigo y amigos. Las dificultades de estas familias para acceder a los medios de comunicación contribuyen a la invisibilización e impunidad de este tipo de hechos.
La negación de la responsabilidad oficial en casos de violaciones de derechos humanos es una práctica constante, que puede incluir la directa negación de los hechos, el intento de interponer una interpretación sesgada y, en última instancia,  el reconocimiento del hecho particular como un caso excepcional de manera que se aísla, frecuentemente, al funcionario que carga con la culpa, para no dar cuenta de los patrones y responsabilidades institucionales en que se inscribe.

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