COMITÉ CONTRA LA TORTURA

INSPECCIONES

El programa de Inspecciones en lugares de encierro coordina las inspecciones que lleva adelante el Comité Contra la Tortura. Periódicamente se realizan inspecciones sorpresivas a cárceles, comisarías, institutos de menores y alcaidías que se desarrollan con protocolos de intervención respetuosos de los estándares internacionales de monitoreo y preservando la confidencialidad de la información brindada por las personas detenidas. El equipo profesional recorre pabellones e ingresa en las celdas constatando in situ las condiciones de alojamiento y entrevistando allí, de manera privada, a las personas detenidas alojadas.

Estas inspecciones pueden ser generales, parciales o de emergencia. Las generales tienen por objetivo relevar las condiciones de detención, hábitat, régimen de vida, trato, régimen de sanciones y padecimiento de torturas y malos tratos, sobrepoblación o corrupción que se registren en dichos ámbitos. En las mismas se recorre minuciosamente todo el lugar de detención.

Las inspecciones parciales tienen el mismo objetivo, pero se circunscriben a uno o varios pabellones o sectores donde se recibió alguna denuncia o información de violación a los derechos humanos.

Las inspecciones de emergencia se llevan a cabo para intervenir en casos urgentes o graves de violación de derechos, individuales o colectivos.

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS

El programa de Recepción de denuncias recepciona denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de personas privadas de su libertad a partir de un sistema gratuito de recepción de llamados telefónicos al que acceden directamente las personas detenidas y sus familiares sin costo alguno. También se asiste a familiares que concurren a la sede de la Comisión Provincial por la Memoria.

A partir del llamado o de la recepción de la denuncia (incluidas aquellas que se reciben en las inspecciones) se inicia el procedimiento a través de la creación de un expediente. El equipo de profesionales clasifica el tipo de denuncias e interviene a través de distintos mecanismos judiciales según la gravedad de cada caso. Se remiten habeas corpus individuales y colectivos, denuncias penales, denuncias administrativas, oficios a funcionarios del poder judicial u otras instituciones.

Por otra parte, a partir de la información oficial recibida del poder judicial provincial con motivo de diferentes acordadas o resoluciones emitidas por la Suprema Corte Provincial y el Ministerio Público, se han diseñado diferentes bases de datos que permiten construir una mirada sobre el funcionamiento del sistema penal, los hechos de violencia en lugares de detención, las muertes y casos de torturas acontecidos, la cantidad de delitos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad y su resolución.

PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El programa de Producción y análisis de la información recolecta y produce datos sobre las agencias del sistema penal y la situación de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, para fortalecer los diagnósticos e informes que presenta periódicamente la CPM. Se trabaja con fuentes primarias y secundarias para generar información fiable, rigurosa y actualizada acerca de la evolución del encarcelamiento, las condiciones de encierro, la tortura sistemática, la violencia policial, las muertes bajo custodia estatal, entre otras. Las herramientas metodológicas y los aportes teóricos de las ciencias sociales son insumos indispensables para analizar los datos y conceptualizar la violencia del Estado.

El programa lleva adelante en territorio bonaerense el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT). 

Más información en el sitio de Datos Abiertos.

INTERVENCIONES COMPLEJAS Y COLECTIVAS

El programa realiza el seguimiento de casos particulares con problemas graves de salud, por considerarse que está en riesgo la vida de las personas y/o por tratarse de situaciones donde se intervino previamente desde otros programas de la CPM y los resultados no han alcanzado para garantizar los derechos. Con un equipo interdisciplinario, el programa garantiza una intervención diferencial en términos de acompañamiento a detenidos/as y sus familiares.

También se interviene, para incidir tanto en el ámbito judicial como ejecutivo, en el agravamiento de las condiciones de detención de profundo impacto en la vida cotidiana de las personas privadas de libertad alojadas en los lugares de encierro.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

PROGRAMA DE MONITOREO TERRITORIAL DE LA VIOLENCIA POLICIAL

Desde el año 2009, la CPM promueve una línea de trabajo en clave de seguridad democrática: interviene en materia de seguridad pública y justicia con una perspectiva en derechos humanos que disputa con las políticas que proponen combatir el delito y las violencias con aumentos de penas, limitación de las excarcelaciones, saturación policial del territorio y límites a los derechos y garantías constitucionales.

Seguridad democrática significa cuestionar los postulados que orientan la intervención estatal hacia la acción represiva y el empoderamiento de las agencias policiales, e impulsar reformas democráticas en el sistema judicial y de seguridad conjugando el respeto irrestricto por los derechos humanos con iniciativas eficaces para abordar el fenómeno delictivo.

Estas propuestas se sustentan en diálogo con diferentes fuerzas políticas, organizaciones sociales y expertos en la materia, y surgen a partir de insumos estadísticos y diagnósticos realizados en función de los análisis y experiencias de los diferentes actores. La importancia de generar estos insumos radica en que la producción de información oficial sobre delito y violencia en la provincia de Buenos Aires es una debilidad institucional (y estructural) que impide evaluar el impacto de las distintas políticas, analizar la relación entre la violencia y otras variables y tomar decisiones basadas en diagnósticos certeros.

Por eso, en 2011 se creó el Observatorio de políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires junto a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, para aportar argumentos y propuestas desde la investigación y la discusión pública.

Además desde el programa la CPM recibe, registra e interviene en casos de violencia policial asistiendo a víctimas y familiares.

LITIGIO ESTRATÉGICO

A través del programa Litigio estratégico, la CPM representa judicialmente a víctimas de violaciones a derechos humanos y realiza veedurías de procesos judiciales como modo de luchar contra la impunidad y promover el real acceso a la justicia de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Se interviene en conflictos jurídicos con el objetivo de sistematizar el trabajo en un espacio estratégico para generar, a través del litigio, la discusión en el ámbito jurídico e incidir en los ámbitos legislativo y ejecutivo. Con este fin, la CPM vehiculiza presentaciones judiciales ante diferentes organismos nacionales e internacionales, intenta generar jurisprudencia que reconozca los derechos humanos y difundir ciertos conflictos. Además, de registrar las múltiples violencias de los operadores judiciales.

SALUD MENTAL

El programa de  Salud Mental interviene en hospitales neuropsiquiátricos y otros lugares de alojamiento de personas con padecimiento mental para el efectivo cumplimiento de las leyes en la materia, la sanción de los responsables que incumplen con los protocolos establecidos y la implementación de políticas públicas que mejoren las condiciones de internación.

Al mismo tiempo, junto con otras instituciones, la CPM forma parte del órgano de revisión local de implementación de la ley de salud mental, desde donde se evalúan políticas de intervención que respalden y promuevan los derechos de personas con padecimiento mental.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

El programa de Promoción y protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes tiene el propósito de profundizar una línea de intervención institucional en clave de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Realizamos inspecciones en hogares, casas de abrigo, paradores, comunidades terapéuticas y centros cerrados, de recepción o contención. A partir de ese monitoreo, presentamos acciones individuales y colectivas para mejorar las condiciones de encierro.

Al mismo tiempo, se vincula con organizaciones de la sociedad civil y el universo académico, con el fin de trabajar en la efectiva implementación de la Convención sobre los derechos del niño y la Ley de promoción y protección integral de los derechos de los niños (13.298), de las que el Estado es el garante de su cumplimiento.

CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y LA INTELIGENCIA ILEGAL

A partir de las inspecciones y denuncias hechas por personas detenidas o sus familiares, el programa releva e interviene en actos de corrupción e irregularidades cometidas por funcionarios penitenciarios, policiales y judiciales, como parte estructural de los esquemas de gobierno de los lugares de encierro y la gestión de los mercados ilegales en el territorio.
Asimismo, el programa hace un seguimiento de los servicios esenciales y de primera necesidad brindados en las cárceles por empresas privadas mediante contrataciones o licitaciones.
Desde el programa también se impulsa el seguimiento y promoción de la democratización del sistema de inteligencia y de los subsistemas de inteligencia criminal y provincial. E interviene como querellante, amicus curiae o como auxiliar de la justicia en causas de inteligencia ilegal.