Aportes a la justicia

El Archivo de la DIPPBA es el primer fondo documental desclasificado, abierto a la consulta pública y puesto a disposición de la justicia. Desde la reapertura de los juicios contra los responsables por crímenes de lesa humanidad, el material aportado ha sido fundamental en el juzgamiento y esclarecimiento de los hechos vinculados a violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

El material que se aportó a los juicios está integrado por diferentes tipos documentales: informes elaborados por la DIPPBA u otras agencias de la llamada comunidad informativa (SIDE, SIN, policía federal), antecedentes de personas, pedidos de captura, hallazgos de cadáveres, habeas corpus,  prontuarios, fotografías. Pero el fondo también está integrado por documentos que fueron secuestrados a las propias organizaciones y personas perseguidas: cartas, fotos familiares, volantes, panfletos. Ese material, definido por los perpetradores como “secreto y confidencial”, da cuenta del espionaje y la persecución política e ideológica sobre hombres, mujeres e instituciones durante medio siglo, y contiene huellas de la planificación y la coordinación represiva, de las estructuras y las cadenas de mando, de la eliminación de personas y de la sordidez burocrática.

 

A partir de 2006, la cantidad de causas abiertas o reabiertas en distintas provincias aumentó sostenidamente, y en toda esta década el total de juicios realizados asciende a 180 (13 de ellos continuaban en curso en su etapa oral al cierre de estas páginas). En el 60% de los juicios con sentencia el programa recibió requisitorias judiciales de documentación y respondió entregando documentos de la DIPPBA así como del fondo de Prefectura Naval Argentina Zona del Atlántico Norte y han resultado reveladores para juicios de Mar del Plata y Bahía Blanca.

De un total de 180 juicios se aportó información en 108 (60%). En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, los aportes documentales de la CPM con relación a los juicios finalizados alcanzan al 91%. Además de los aportes documentales cuantificados para juicios que ya finalizaron, la CPM ha realizado un cuantioso aporte documentación  en respuesta a lo requerido por la justicia en causas que todavía se encuentran en etapa de instrucción en todo el país.

 

AUTOMOTORES ORLETTI

Carátula: “Guillamondegui, Néstor Horacio y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado”.

Hechos investigados: Funcionamiento del Centro Clandestino de Detención conocido como “Automotores Orletti”. Estructura del organismo que lo controló (SIDE). Secuestro, torturas y desaparición forzada ejercida sobre 62 víctimas.

Estado: con sentencia / 2011 – Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 – Jueces: Dres. Jorge H. Gettas, Oscar Ricardo Amirante y Adrián Federico Grünberg.

Sentencia: condenados: Eduardo Ruffo, Raúl Antonio Guglielminetti, Eduardo Rodolfo Cabanillas; Honorio Carlos Martínez Ruiz.

El Centro Clandestino de Detención (CCD) Automotores Orletti dependió en particular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), aunque muchos testimonios aseguran que también operaban en él otras fuerzas, como la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal. La característica principal de este CCD fue que coordinaba acciones con Fuerzas Armadas de países limítrofes, en el marco de lo que se conoció como Plan Cóndor.

La CPM aportó a esta causa documentos que sirvieron para reconstruir la estructura orgánica de la SIDE e identificar responsables. Algunos legajos de la DIPPBA dan cuenta de operativos llevados adelante por agentes de la SIDE o muestran acciones de inteligencia en las que es posible vincular a imputados. Otros contienen referencias a “legajos SIDE” —con numeración propia— que corresponden a víctimas vistas en Automotores Orletti. El material demostró también la persecución realizada sobre ciudadanos extranjeros.

CAUSA FLORIAL AVELLANEDA

Carátula: “Riveros, Santiago Omar y otros… Caso 145”

Estado: con sentencia / 2009 / TOF 1 de San Martín. Jueces: Dres. Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti

Hechos investigados: secuestro, tortura y asesinato de Floreal Avellaneda, de 15 años, y secuestro y torturas a su madre, Iris Pereyra de Avellaneda, en 1976.

Sentencia: Condenados: Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen, Osvaldo Jorge García, Alberto Ángel Aneto, Raúl Horacio Harsich, César Amadeo Fragni.

El archivo aportó a esta causa valiosos documentos DIPPBA sobre la Zona Militar 4 y la centralidad el Comando de Institutos Militares en la desaparición forzada de personas. A partir de este material, la perito Claudia Bellingeri prestó testimonio en una audiencia oral y pública en el marco del juicio.

Estos aportes, luego ponderados en los fundamentos de la sentencia, demostraron que desde 1975 las comisarías y las áreas militares actuaban de manera coordinada para realizar tareas operativas. Este circuito de informaciones, instrucciones y acciones pudo ser reconstruido a partir del cruce entre documentos. Con documentos hallados en el fondo documental de la DIPPBA también se probó que el Comando de Institutos Militares contenía un organismo de inteligencia e información desde 1975 y que existía un grupo de tareas comandado por el “COT”, y se contribuyó a reconstruir el contexto para la condena al policía bonaerense Alberto Ángel Aneto, que participó del allanamiento y del secuestro de Floreal Avellaneda.

Además, la documentación aportada respalda el testimonio de Iris Pereyra —madre de Floreal Avellaneda— sobre su secuestro, su detención clandestina y su paso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El cruce entre su testimonio y los documentos de la DIPPBA sugiere que Iris y Floreal estuvieron detenidos clandestinamente (en la comisaría de Villa Martelli y en el Comando de Institutos Militares) antes de que ella pasara a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

En mayo de 1976, el Primer Cuerpo del Ejército responde, en el marco de un recurso de habeas corpus presentado ante el juez penal de San Martín Dr. Guitard, que posee información acerca de Iris Pereyra de Avellaneda pero no acerca de Floreal. Esta respuesta es incomprensible, pues ambos fueron secuestrados el 15 de abril de 1976, en un mismo hecho, por disposición del Ejército, como surge de la documentación DIPPBA.

Otro aporte significativo fue un listado de agentes policiales que desarrollaron actividades en Vicente López entre 1976 y 1983.

CORRIENTES CAUSA CLUB HÍPICO DE GOYA

Carátula: “Panetta, Ángel Vicente F/ denuncia”

Hechos investigados: crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en perjuicio de 25 víctimas en centros clandestinos de detención que operaron en la ciudad correntina de Goya, como el que funcionó en el llamado Club o Campo Hípico de esa ciudad.

Estado: con sentencia / 2011/ TOF de Corrientes. Jueces: Dres.: Víctor Antonio Alonso, Lucrecia M. Rojas de Badaró, Fermín Amado Ceroleni.

Sentencia: Condenados: Juan Antonio Obregón, Romualdo Baigorria;  Juan Ramón Alcoverro, Alberto Silveira Ezcamendi, Leopoldo Cao y Luis Leónidas Lemos.

Síntesis de los aportes hechos por la CPM:

La documentación aportada a la Justicia Federal de Corrientes contribuye, en especial, a demostrar la vigilancia focalizada que los servicios de inteligencia ejercieron sobre grupos de personas que buscaban organizarse en el ámbito rural del nordeste argentino (jurisdicción del segundo cuerpo del Ejército).

La DIPPBA y otros servicios de inteligencia pusieron en marcha investigaciones especiales (que después se tradujeron en “relevamientos” y “procedimientos”) dirigidas a perseguir a organizaciones de trabajadores rurales, cooperativas de producción agrícola o ligas agrarias apoyadas por religiosos y laicos del movimiento tercermundista. En algunos documentos es muy explícito el interés de la “comunidad informativa” en investigar y controlar a estos movimientos agrarios reunidos para luchar por mejores condiciones de trabajo y comercialización.

Legajo DIPPBA Nº  19254, de “Antecedentes de la Comisión Asesora de Antecedentes”

Que muchas víctimas del terrorismo de Estado cuyos casos se investigaron en esta causa hayan sido fichadas por un organismo de inteligencia bonaerense aun cuando su ámbito de residencia, trabajo o militancia era la provincia de Corrientes expresa el proceder coordinado y colaborativo entre distintos servicios de inteligencia (la DIPPBA, el Batallón de Inteligencia 601, el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, el Servicio de Inteligencia Naval, el servicio de inteligencia de la Policía de Corrientes).

CAUSA PATTI

Carátula: “RIVEROS, Santiago O. y otros s/inf. Arts. 151 y otros del CP (casos 226, 246 y 290)”

Hechos investigados: Secuestros, tormentos y asesinato. Accionar de la comisaría de Escobar y de la Unidad Regional Tigre. Coordinación de las acciones represivas entre el Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Persecución política a víctimas.

Estado: con sentencia / 2011. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín. Jueces: Dres. Lucila E. Larrandart, Héctor O. Sagretti y María Lucía Cassain.

Sentencia: Condenados: Santiago Omar Riveros, Reynaldo  Benito Antonio Bignone, Luis Abelardo Patti, Juan Fernando Meneghini y Martí Rodriguez

La investigación del equipo de trabajo se desarrolló a partir de los siguientes ejes:

  • análisis de la organización represiva planificada desde el Acantonamiento de Campo de Mayo en mayo de 1975; (carátula del legajo N° 2981 de la Mesa Ds, Varios, aportado en la causa Patti (1))
  • estudio de la estructura orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1974 y 1977; (2 y 3)
  • reconstrucción de la estructura orgánica y jerárquica de la Unidad Regional XII (con cabecera en Tigre); (4)
  • selección de legajos referentes a los denominados “hallazgos de cadáveres”;
  • análisis de otra documentación referida a víctimas e imputados de esta causa.

La documentación del archivo aportada al tribunal y valorada por este en los fundamentos de su sentencia permite advertir la actividad y la organización represiva del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo en 1975.

CAUSA RAGONE SANDRA

Carátula: “Herrera Rubén Nelson y otros…”

Hechos investigados: secuestro y desaparición forzada del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, homicidio de Santiago Catalino Arredes y lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal en Salta, jurisdicción del tercer cuerpo del Ejército.

Estado: con sentencia / 2011 / TOF de Salta. Jueces: Dres.: Marta Liliana Snopek, José C. Quiroga Uriburu y Carlos Jiménez Montilla.

Sentencia. Condenados: Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, Joaquín Guil; y Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera (dos años de prisión en ejecución condicional). Absueltos: Andrés del Valle Socaire y Jorge Héctor Zanetto

La documentación aportada al TOF de Salta en el marco de este juicio muestra cómo para los servicios de inteligencia el gobernador Miguel Ragone constituyó un foco de atención significativo en la zona norte del país desde 1973. Lo mismo ocurrió con sus familiares, sus funcionarios y su entorno en general  (personas ligadas a él en el ámbito de la Universidad Nacional de Salta y en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, por ejemplo). Así, “la cuestión Ragone” se tradujo en una temprana elaboración de fichas policiales e “informes ideológicos” construidos con datos proporcionados por la SIDE, la Superintendencia de Seguridad Federal, el Batallón de Inteligencia 601, el Destacamento de Inteligencia 143, la “DIP” Salta, entre otros servicios de inteligencia.

Ragone estaba incluido en un pedido de captura emanado de autoridades argentinas en función de “sus actividades subversivas”. En su alegato, la fiscalía planteó: “Ese pedido, Operación Cóndor mediante, fue distribuido en 1976 a todas las dependencias militares y policiales del Brasil. Listas como éstas son las mismas que aparecen en el informe de la Comisión Provincial de la Memoria como emanadas del Destacamento de Inteligencia nº 143. (…). Lo relevante es que desde la propia estructura estatal encargada de la lucha contra la subversión se había caracterizado a Ragone y a muchos de sus seguidores, como enemigos, dignos de ser capturados”.

La lectura de los documentos DIPPBA aportados, donde los sujetos vigilados son retratados como lo “peligroso”, lo “marxista”, lo “subversivo” en el norte del país, permite también reconstruir el funcionamiento de la “comunidad informativa” local, en la que se destaca el rol del Destacamento de Inteligencia del Ejército 143 (Salta) y de la Delegación Salta de la Policía Federal. De algunos legajos aportados se desprende que en las dependencias de ésta (a cargo del fallecido comisario Ernesto Livy, denunciado ante la Conadep por torturas) se realizaban “interrogatorios”.