Justicia por delitos de lesa humanidad

El programa Justicia por delitos de lesa humanidad desarrolla investigaciones a partir del peritaje realizado sobre la documentación perteneciente a los fondos documentales de la ex DIPPBA, Prefectura Naval Argentina Zona Atlántico Norte y Unidades Penitenciarias. Los informes producidos junto con la documentación probatoria, son remitidos a las distintas causas judiciales radicadas en juzgados federales, tribunales orales y en las investigaciones realizados por las fiscalías federales de todo el país.

Durante la última dictadura cívico-militar, la ex DIPPBA desarrolló una actividad represiva conjunta con otras fuerzas de seguridad y de inteligencia, como el Batallón de Inteligencia 601, la ex SIDE, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) o el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), entre otros. Estas agencias conformaron la denominada «comunidad informativa».  Su archivo, junto a los otros fondos documentales que alberga el Centro de documentación y Archivo de la CPM, son fuente para el esclarecimiento de los hechos, y permite a jueces, fiscales y querellantes reconstruir acontecimientos y dar fundamento a los procesamientos, elevaciones a juicio y sentencias, a partir de la documentación producida por los propios perpetradores. Asimismo, los legajos desclasificados de la ex DIPPBA permiten identificar el rol de los imputados y colaborar en la investigación sobre el funcionamiento de los circuitos represivos que actuaron en la provincia de Buenos Aires o en otros lugares del país.

Los tipos documentales analizados incluyen fichas personales y legajos que constituyen dos grandes bloques de información:

• La elaborada por el personal de las agencias de inteligencia.
• La expropiada a las víctimas.

De los documentos que integran el fondo de la DIPPBA los más usuales son:

• Fichas personales, de eventos o de instituciones.
• Órdenes de capturas emitidas por los mandos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
• Espionaje y persecución sobre activistas políticos, sociales y gremiales, así como también sobre sus organizaciones.
• Informes elaborados por distintos organismos de inteligencia y compartidos entre los miembros de la “comunidad informativa”
• Los denominados “antecedentes políticos-ideológicos” producidos por las fuerzas represivas.
• Hallazgo de cadáveres NN.
• Recursos de hábeas corpus y solicitudes de paradero producidas por las fuerzas armadas y de seguridad.
• Denuncias de secuestros.

El material se aporta a los tribunales acompañado de informes que interpretan y contextualizan los documentos. Esto permite reconstruir, en algunos casos, el rompecabezas de los hechos ocultados por el Estado y probar sus crímenes.