Comité

El Comité contra la tortura fue creado en el año 2002, con el objetivo de monitorear lugares de detención y prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Su accionar, por ser un área de la Comisión Provincial por la Memoria, se inscribe en los principios de autonomía funcional y financiera establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas para el control de lugares de encierro. Conforme este tratado internacional, se constituyó en un mecanismo local o provincial preexistente de prevención de la tortura en el territorio bonaerense.

Desde su creación, inspecciona periódicamente cárceles, comisarías, institutos de menores y alcaidías. La experiencia acumulada en años de control de lugares de encierro ha permitido que se entienda y atienda la multidimensionalidad de los hechos de tortura, y no sólo se registren casos judicializados (denunciados) sino también aquellos comunicados (no denunciados judicialmente).

A su vez, esta información es sistematizada en un Informe Anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires que constituye una fuerte interpelación a los poderes del Estado y a la sociedad argentina.

A partir de este trabajo, el Comité contra la tortura pretende coordinar acciones tendientes a difundir esta problemática e incidir en las políticas públicas vinculadas al sistema penal, penitenciarias, de seguridad, de salud mental y de niñez y adolescencia, promoviendo su adecuación a los estándares constitucionales e internacionales.

Por este trabajo sistemático realizado durante años, en 2019 la CPM fue designada mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos degradantes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, según lo establecido por la ley nacional 26.827 en su art. 22 inciso h y el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas. El nombramiento fue realizado por el Consejo Federal de Mecanismos Locales de la República Argentina, a propuesta del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Se trata de un reconocimiento que pone en valor la experiencia acumulada en este tiempo y, además, reivindica la autonomía del organismo respecto de los poderes políticos de turno como un rasgo fundamental para el desarrollo y la consolidación de las tareas de monitoreo, control y  denuncia de la tortura.