IPP iniciadas y finalizadas. Cada año se inician más investigaciones penales de las que el poder judicial llega a resolver. En promedio, queda un saldo positivo de casi 90.000 IPP por año.

Los tiempos de las investigaciones penales. Una IPP tarda en finalizar, en promedio, 283 días.

Días promedio en finalizar una IPP, Provincia de Buenos Aires, 2017-2022
Año Días
2017 275
2018 291
2019 254
2020 295
2021 290
2022 290

Fuente: CPM en base a Informes de Gestión de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

Tiempos según tipo de finalización

Días promedio en finalizar una IPP, según modo de finalización, Provincia de Buenos Aires, 2017-2022
Modo de finalización 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Acuerdo concilatorio 226 224 185 202 224 254
Mediación (art. 20 Ley 13.433) 296 303 301 370 404 393
Archivo (art. 268 CPP) 276 306 261 309 296 292
Principio de Oportunidad (art. 56 bis CPP) 143 153 137 150 150 179
Desestimación de denuncia (art. 290 CPP) 269 267 223 258 267 279
Elevación a juicio 309 300 273 256 280 302
Juicio abreviado 139 137 119 138 134 134
Sobresimiento 663 657 586 652 694 669
Suspensión de juicio a prueba 155 156 147 182 209 161
Extinción de la acción, incompetencia y prescripción Sin dato 602 501 435 577 463

Fuente: CPM en base a Informes de Gestión de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
Nota: el informe 2017 no incluyó la categoría “Extinción de la acción, incompetencia y prescripción”.

Los tiempos del poder judicial. El poder judicial demora dos años en resolver una causa judicial.

Días promedio desde el inicio de la IPP hasta la finalización del juicio, Provincia de Buenos Aires, 2017-2022
Año Días
2017 657
2018 663
2019 634
2020 631
2021 695
2022 737

Fuente: CPM en base a Informes de Gestión de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

IPP por fiscal y defensor/a público/a. En promedio, cada fiscal y cada defensor/a tienen asignadas 1.500 nuevas IPP por año.

Causas archivadas y desestimadas. En 2022, el 73% de las causas fueron archivadas y el 19% fueron desestimadas. Es decir, que en el 92% de las investigaciones no se lograron probar los delitos y/o sus autores. La proporción de archivos y desestimaciones sobre el total de finalizaciones, varía según el delito imputado: es muy alta en delitos contra la propiedad, aunque también presenta valores altos en delitos contra las personas y contra la administración pública.