IPP iniciadas y finalizadas. Cada año se inician más investigaciones penales de las que el poder judicial llega a resolver. En promedio, queda un saldo positivo de casi 90.000 IPP por año.

Los tiempos de las investigaciones penales. Una IPP tarda en finalizar, en promedio, 254 días.

Días promedio en finalizar una IPP, Provincia de Buenos Aires, 2017-2020
Año Días
2017 275
2018 291
2019 254
2020 295

Fuente: CPM en base a Informes de Gestión de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

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Tiempos según tipo de finalización

Días promedio en finalizar una IPP, según modo de finalización, Provincia de Buenos Aires, 2017-2020
Modo de finalización 2017 2018 2019 2020
Acuerdo concilatorio 226 224 185 202
Mediación (art. 20 Ley 13.433) 296 303 301 370
Archivo (art. 268 CPP) 276 306 261 309
Principio de Oportunidad (art. 56 bis CPP) 143 153 137 150
Desestimación de denuncia (art. 290 CPP) 269 267 223 258
Elevación a juicio 309 300 273 256
Juicio abreviado 139 137 119 138
Sobresimiento 663 657 586 652
Suspensión de juicio a prueba 155 156 147 182
Extinción de la acción, incompetencia y prescripción Sin dato 602 501 435

Fuente: CPM en base a Informes de Gestión de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
Nota: el informe 2017 no incluyó la categoría “Extinción de la acción, incompetencia y prescripción”.

Los tiempos del poder judicial. El poder judicial demora casi dos años en resolver una causa judicial.

Días promedio desde el inicio de la IPP hasta la finalización del juicio, Provincia de Buenos Aires, 2017-2020
Año Días
2017 657
2018 663
2019 634
2020 631

Fuente: CPM en base a Informes de Gestión de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

IPP por fiscal y defensor/a público/a. En promedio, cada fiscal y cada defensor/a tienen asignadas 1.500 nuevas IPP por año.

Causas archivadas y desestimadas. En 2020, el 55% de las causas fueron archivadas y el 13% fueron desestimadas. Es decir, que en el 67% de las investigaciones no se lograron probar los delitos y/o sus autores. La proporción de archivos y desestimaciones sobre el total de finalizaciones, varía según el delito imputado: es muy alta en delitos contra la propiedad, aunque también presenta valores altos en delitos contra las personas y contra la administración pública.