Aprehensiones policiales. La policía bonaerense efectuó 32 aprehensiones por hora en 2019 y 47 en 2020, en su gran mayoría de varones. La tasa de aprehensiones cada 100.000 habitantes adultes, pasó de 2.268 a 3.284. Entre ambos años hubo un incremento del 47%, concentrado en los primeros cuatro meses del ASPO. Este aumento se explica por las aprehensiones categorizadas como “Otros”, categoría que no aparece desagregada en la fuente y representa nada menos que el 83%. Al contrario, disminuyeron las aprehensiones por presuntos delitos de drogas y contra la propiedad. Para información sobre la relación entre aprehensiones y privaciones de libertad, ver acá.

Privaciones de libertad. La justicia penal se concentra en tramitar sumarios confeccionados por la policía. Entre 2012-2020 sólo el 11% del total de privaciones de libertad fueron producto de una orden judicial previa, el resto fueron aprehensiones policiales luego convalidadas por fiscales y jueces. De 2012 a 2019 aumentaron un 72% y en 2020 disminuyeron un 21% en el marco del ASPO, aunque mantuvieron las mismas proporciones en el modo de inicio. Para observar este dato desagregado por departamento judicial, ver acá.

Investigaciones penales. Los datos muestran un crecimiento interanual promedio del 4% en la apertura de causas. En estos 12 años se han abierto, en promedio, 2 mil investigaciones por día y 84 por hora. Entre 2010 y 2019 la tasa de investigaciones penales cada 100.000 habitantes, pasó de 5.614 a 7.526. En 2020 disminuyó en un contexto de retracción de los delitos provocada por el aislamiento social. Aclaración: se trata de investigaciones judiciales, no implican necesariamente la detención de personas. Para observar este dato desagregado por departamento judicial, ver acá

Control policial. La policía bonaerense no utiliza la aprehensión como forma de prevención y represión del delito sino como técnica de gobierno de determinados territorios y poblaciones. En 2019 el 83% de las aprehensiones policiales no fueron convalidadas por la justicia penal y el 93% no derivaron en el encierro carcelario. En 2020 sólo el 9% de las aprehensiones policiales fueron convalidadas por la justicia penal y sólo el 4% derivaron en el encierro carcelario.

Fuente: CPM en base a datos del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

Delitos contra la propiedad. Entre 2009-2020 más de 3 millones de investigaciones penales por presuntos delitos contra la propiedad representaron el 37% del total de investigaciones penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires. Hasta 2019 aumentaron un 53% y en 2020 disminuyeron un 22% en el marco del aislamiento social por la pandemia. El mayor incremento se dio entre 2018-2019. Se abren 744 causas por día.

Delitos de drogas. Entre 2009-2020 las investigaciones por presuntas infracciones a la ley 23.737 representaron el 6% del total de investigaciones penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires. Hasta 2019 aumentaron un 258% y en 2020 disminuyeron un 23% en el marco del aislamiento social por la pandemia. El mayor incremento se dio entre los años 2016-2019. Se abren 119 causas por día. Del total de personas privadas de libertad a disposición de la justicia provincial a fines de 2020, el 13% lo estaba por presuntos delitos de drogas.

Comercio y tenencia de drogas. La política de “guerra contra el narcotráfico” siempre implica el predominio de recursos estatales para la represión de la oferta de drogas por sobre aquellos destinados a disuasión o tratamiento de los consumos. Y en relación a los oferentes, la captación está centrada en pequeños comercializadores y consumidores. En la provincia de Buenos Aires persiste un alto nivel de persecución por tenencia de estupefacientes para consumo personal, que en 2020 representó el 25% de las investigaciones penales abiertas por infracción a la ley 23.737. En ese año la marihuana representó el 91% de las sustancias incautadas.

Resistencia a la autoridad. Esta carátula se viene expandiendo de manera ininterrumpida desde 2012, con un aumento promedio de 5% interanual. Se trata de un presunto delito que la policía utiliza como pretexto para demorar personas en comisarías y/o para encubrir malos tratos, y que generalmente es convalidado por el poder judicial. En la Provincia se abren por día 25 causas contra personas adultas por presunta resistencia o atentado a la autoridad.