Investigaciones penales. Las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) son el inicio de una causa judicial en la cual se investiga la presunta comisión de un delito con el objetivo de determinar la responsabilidad de su autor. La apertura de una IPP se inicia a partir de una intervención policial, una denuncia particular o de oficio por parte de cualquier órgano judicial. Se debe tener en cuenta que el inicio de una IPP no implica necesariamente la privación de libertad de las personas incriminadas: el/la juez/a interviniente define si las personas incriminadas deben esperar el proceso de investigación en libertad o detenidas.
Entre 2009 y 2022 se han abierto, en promedio, más de 2 mil investigaciones por día, con un crecimiento interanual promedio de 3%. Se mantiene una tendencia ascendente entre 2010 y 2022, pasando la tasa de 5.614 a 7.229 investigaciones penales cada 100.000 habitantes. Como puede verse en el siguiente gráfico, las variaciones interanuales más elevadas se registran en los años comprendidos entre 2017-2022, a excepción de 2020 por el contexto de restricción de la movilidad en el marco del ASPO. Para observar este dato desagregado por departamento judicial, ver acá
Aprehensiones policiales. En este apartado se presentan los datos informados por el Ministerio de Seguridad de la provincia sobre aprehensiones policiales. Se entiende por “Aprehensión policial” las retenciones que realizan las fuerzas policiales y de seguridad sin orden judicial, que derivan en el alojamiento de las personas en dependencias policiales y en una eventual IPP.
En este periodo la tasa de aprehensiones promedio fue de 1.942 cada 100.000 habitantes mayores de 18 años. La cantidad de aprehensiones registrada en 2020 resulta excepcional debido al contexto de pandemia, ya que el aumento se concentra en los primeros cuatro meses del ASPO . Sin contabilizar este dato excepcional de 2020, la policía bonaerense efectuó, en promedio, casi 700 aprehensiones por día.
Para información sobre la relación entre aprehensiones y privaciones de libertad, ver acá.
Privaciones de libertad. A continuación se presentan datos sobre las diferentes formas de privación de libertad de personas mayores de 18 años dispuestas por el órgano judicial interviniente en el marco de una IPP . Se diferencian las privaciones de libertad según la forma de inicio, diferenciando entre:
- Aprehensiones policiales: aquellas que realizan las fuerzas policiales y de seguridad sin orden judicial y que derivan en el alojamiento de las personas en dependencias policiales;
- Detenciones con orden judicial: cuando se priva de la libertad a una persona mediando una orden judicial.
Se debe tener en cuenta que a lo largo de esta sección se presentan datos sobre la categoría “Aprehensiones policiales” proveniente de dos fuentes de información diferentes. Por un lado, las informadas por el Ministerio de Seguridad, que refieren a todas las aprehensiones policiales independientemente que deriven o no en una IPP; y por otro lado, las que se presentan a continuación, informadas por la Procuración General, que incluyen sólo las que derivaron en una detención.
Entre 2012-2022 sólo el 11% del total de privaciones de libertad dictadas por la justicia fueron producto de una orden judicial previa, mientras que el 89% restante se dictaron después de que se produjeran las aprehensiones policiales. En esos años, las primeras aumentaron un 16% y las segundas un 29%.
Para observar este dato desagregado por departamento judicial, ver acá.
Control policial. La policía bonaerense utiliza la aprehensión como técnica de gobierno de determinados territorios y poblaciones, independientemente del control del delito. Esto se refleja en que una mínima porción de las aprehensiones policiales derivan en una investigación judicial: en promedio el 15% entre 2019 y 2022. Mucho menor es el porcentaje que deriva en encierro carcelario: sólo el 7% derivaron en el encierro carcelario para el mismo periodo.
Fuente: CPM en base a datos del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
A continuación se analizan las IPP iniciadas en la provincia de Buenos Aires, según la carátula de la investigación judicial, para los años 2009-2022. De acuerdo con lo especificado por la fuente de información, en los casos de concurso de delitos se consideró el primer delito ingresado en el sistema informático. Se presentan los datos del agrupamiento “Delitos contra la propiedad”, por ser el que mayor participación tiene sobre el total de IPP iniciadas; “Delitos de drogas” que incluye todas las infracciones a la Ley 23.737, por la relevancia pública que ha adquirido la temática en los últimos años. Sobre este agrupamiento se presenta información desagregada sobre los delitos de: “Comercio de estupefacientes”, “Tenencia para el consumo”, “Tenencia simple” y “Otros”. Por último, se presentan los datos sobre “Resistencia a la autoridad”: se trata de un presunto delito que la policía utiliza como pretexto para demorar personas en comisarías y/o para encubrir malos tratos, y que generalmente es convalidado por el poder judicial.
Para el año 2022, se registró una tasa de 2.647 IPP por delitos contra la propiedad y 607 IPP por delitos de drogas cada 100.000 habitantes adultos en la provincia de Buenos Aires. Para 2021, una tasa de 90 IPP por resistencia a la autoridad.
Delitos contra la propiedad. Entre 2009-2022 se iniciaron casi 4 millones de investigaciones penales por presuntos delitos contra la propiedad, en promedio 824 por día. Esto representa 37% del total de investigaciones iniciadas en la provincia de Buenos Aires. Entre los extremos del período aumentaron un 38%, registrándose las más altas variaciones interanuales en los años 2018 (ascendente), 2019 (ascendente) y 2020 (descendente).
Delitos de drogas. En el período comprendido entre 2009 y 2022 se iniciaron más de 670.000 investigaciones por presuntas infracciones a la ley 23.737 de estupefacientes, un promedio de 142 causas abiertas por día. Esto representa el 6% del total de investigaciones penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires en dicho período. Entre 2009-2022 aumentaron 211%, con los más altos incrementos en los años 2018 y 2019.
Comercio y tenencia de drogas. La política de “guerra contra el narcotráfico” siempre implica el predominio de recursos estatales para la represión de la oferta de drogas por sobre aquellos destinados a disuasión o tratamiento de los consumos. Y en relación a los oferentes, la captación está centrada en pequeños comercializadores y consumidores. En la provincia de Buenos Aires persiste un alto nivel de persecución por tenencia de estupefacientes para consumo personal, que en 2021 representó el 35% de las investigaciones penales abiertas por infracción a la ley 23.737. En ese año la marihuana representó el 93% de las sustancias incautadas. Se destaca que, con respecto a 2020, cayó la participación de las causas caratuladas como “Comercialización” (pasó de 61% a 56%) y aumentó la participación de “Tenencia para el consumo” (25% a 35%).
Resistencia a la autoridad. Esta carátula se venía expandiendo de manera ininterrumpida desde 2012 hasta 2020, con un aumento promedio de 5% interanual. Se trata de un presunto delito que la policía utiliza como pretexto para demorar a las personas en comisarías y/o para encubrir malos tratos, y que generalmente es convalidado por el poder judicial. En el año 2022 se registró un descenso interanual de 7,8%. Pese a ello, en la Provincia se abren por día 29 causas contra personas adultas por presunta resistencia o atentado a la autoridad.