Flagrancia. El proceso de flagrancia se incorpora a la normativa bonaerense en el año 2008 (Ley 13.811, Ley de flagrancia). Se aplica cuando el presunto autor de un delito es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después o cuando haya elementos para suponer que participó del mismo. En ese proceso, aplicable sólo a determinados delitos, se minimizan los plazos procesales: en un máximo de 45 días se deberá resolver mediante juicio abreviado o elevando la causa a juicio oral. La implementación de este proceso otorga mayor lugar a las prácticas policiales arbitrarias por la centralidad del acta policial inicial y ha derivado en un debilitamiento de las garantías procesales (especialmente el derecho a defensa). 

En el período 2014-2019 las causas iniciadas por flagrancia representaron el 17% del total de causas ingresadas a juzgados de garantías. A partir de 2015 aumenta de manera sostenida la cantidad de causas iniciadas por flagrancia, en consonancia con la proliferación de fuerzas policiales en los territorios; aumentaron un 10% entre 2014 y 2019. En 2019, la participación sobre el total de IPP disminuye, aunque se sostiene el crecimiento interanual promedio.

A continuación, se presenta información sobre las distintas formas en las que se resuelven las causas iniciadas por el proceso de flagrancia.

Flagrancia: formas de finalización de las causas. El 16% de las causas ingresadas por flagrancia, se resolvieron mediante juicio abreviado entre 2014-2019.

Flagrancia y juicio oral1 de cada 5 causas elevadas a juicio en la provincia de Buenos Aires, ingresaron por procedimiento de flagrancia entre 2014-2019. El siguiente gráfico muestra la incidencia del procedimientos de flagrancia sobre el total de juicios orales.

Prisión preventiva. En la provincia de Buenos Aires se dictan, en promedio, casi 14.000 prisiones preventivas por año. Entre 2012 y 2020 se incrementaron un 61%. En 2020 disminuyeron un 8% en el marco de las medidas adoptadas por la Procuración debido a la pandemia de Covid-19, reducción que estuvo concentrada en los meses de abril y mayo. Según el RUD, las personas pasan en prisión un promedio de 344 días desde que son detenidas hasta la condena en primera instancia.

 

Juicio abreviado. Esta tabla refleja varias dinámicas judiciales. Primero, que el 77% de las sentencias judiciales entre 2013-2020 se efectuaron mediante juicios abreviados. La proporción de abreviados crece año a año de manera ininterrumpida: entre 2013-2019 las sentencias por juicio oral disminuyeron un 4% y las sentencias por juicio abreviado aumentaron un 93% (no se cuenta 2020 por la anomalía de los datos debido a la pandemia). Segundo, que el incremento global de sentencias judiciales (de 15.000 en 2013 a casi 25.000 en 2019) se explica exclusivamente por la proliferación de condenas abreviadas. Tercero, que en los juicios orales se registra una mayor proporción de absoluciones (26%) que en los abreviados (3%), lo cual evidencia las deficiencias de la defensa en estos últimos y, por lo tanto, que dicho instituto afecta garantías procesales. Para observar este dato desagregado por departamento judicial, ver acá.

Condenas por juicio abreviado. El juicio abreviado disminuye el tiempo entre la aprehensión y la condena, y afecta las garantías del debido proceso al constituirse en un acuerdo extorsivo tendiente a llegar a una rápida condena en detrimento de un juicio oral y público. En el período 2013-2020 el 82% de las condenas se dictaron mediante juicios abreviados. Esta proporción ha crecido año a año de manera ininterrumpida: entre 2013-2019 las condenas por juicio oral se mantuvieron estables y las condenas por juicio abreviado aumentaron un 97%. En 2020, debido a las medidas tomadas en el marco de la pandemia, disminuyó en general la realización de juicios, aunque proporcionalmente fue menor el descenso de condenas abreviadas, las cuales alcanzaron el 95% del total de condenas en el año.

Progresividad de la pena. En el período 2017-2020, el 78% de las resoluciones dictadas por juzgados de ejecución fueron negativas. Esto significa que de cada 10 resoluciones, 2 fueron concesiones y 8 denegatorias. Se trata de resoluciones sobre libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, prisión domiciliaria y pase a régimen abierto, solicitadas por personas condenadas.

Flujo de detenides en el SPB. Entre 2015-2019, cada año ingresaron 18.000 personas y egresaron casi 15.000, dejando un saldo positivo mayor a 3.000 (datos promedio). El lento crecimiento de los egresos se vincula mayormente con las resoluciones de los juzgados de ejecución (como se puede ver acá). En 2020 hubo un saldo negativo a causa de una disminución del 27% en los ingresos, pese a que también se redujo la cantidad de egresos (3%) respecto al año anterior.

Ingresos al SPB con prisión preventiva. Las prisiones preventivas otorgadas explican el 84% de los ingresos al SPB entre 2015-2020. Sólo el 16% ingresa a la cárcel con condena. Luego este porcentaje se va elevando a medida que se resuelven los juicios, que la gran mayoría de las personas esperan encerradas (como se muestra acá).

Aclaración: esta tabla relaciona dos datos que las fuentes informan por separado, debido a lo cual resulta un valor aproximado.

 

Alcance del encarcelamiento. Si a la cantidad de ingresos al SPB durante un determinado año, se le suman las personas que estaban detenidas al finalizar el año anterior, surge la cantidad de personas que estuvieron detenidas en el SPB en algún momento del año. Ese es el verdadero alcance del encarcelamiento, medido en términos dinámicos: por ejemplo, al finalizar 2019 había 45.000 personas detenidas en cárceles y alcaidías, pero durante el año fueron 63.000 las que pasaron por ellas.