Política criminal

Política criminal

Convertida en en un mecanismo estatal de gobierno y control de las poblaciones más pobres y vulneradas, la política criminal en la provincia ha sostenido durante los últimos 30 años un esquema de control y regulación ilegal del delito con la policía en los territorios y la convalidación de estas prácticas violentas y de captación selectiva a través del accionar judicial. Se sostiene la “mano dura”, se exacerban discurso de odio y se profundizan las políticas segregativas desde los municipios con la creación de sus guardias y patrullas policiales. Esta política criminal se traduce en más casos de torturas, malos tratos y muertes y un aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento.

La selectividad de esta político de control y gestión de las poblaciones más vulneradas se ve en los números: el 39% de las personas detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el 47% de las detenidas en comisarías son jóvenes de entre 18 y 30 años y se los acusa de presuntos delitos contra la propiedad. Durante 2025 el Ministerio Público Fiscal inició más de un millón de investigaciones penales (IPP) y la justicia convalidó 44.203 privaciones de libertad, 121 por día. Los datos sobre policiales aprehensiones en 2024 y 2025 no fueron informados por el Ministerio de Seguridad, pero tomando los de 2023 cuatro de cada cinco aprehensiones no fueron convalidadas judicialmente y 9 de cada 10 no derivaron en ingresos a la cárcel. Entre 2012 y 2025 sólo una de cada 10 privaciones de libertad surgió por una orden judicial de detención.

La prisión preventiva y el juicio abreviado son las herramientas jurídicas principales en el sostenimiento de la política de encierro. A diciembre de 2025 sólo el 53% de las personas detenidas a cargo del SPB tenía condena firme. En el período 2012-2025 los juzgados de garantías dictaron 25 prisiones preventivas por cada una denegada y una opción alternativa otorgada.

El juicio abreviado termina siendo un acuerdo extorsivo entre fiscal y defensor tendiente a una rápida condena en detrimento del juicio oral y público en el marco es un sistema judicial que destina más del doble de personas para acusar (581 agentes fiscales) que para defender (253 defensoras/es). Entre 2013 y 2025 las condenas a través de este instituto aumentaron un 165%.

Se acelera el ingreso y se retrasa el egreso. Una vez dentro del sistema la prisión domiciliaria es poco utilizada, el 83% de las resoluciones sobre esta posibilidad fueron denegadas entre 2017 y 2025. También fueron negativas 8 de cada 10 resoluciones de libertad condicional, 7,5 cada 10 resoluciones de libertad asistida y 8 cada 10 de salidas transitorias.

Como resultado, entre 2014 y 2025 la cantidad de personas adultas detenidas en la Provincia creció a un promedio interanual del 5%, culminando con casi 64.000 en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico. Es la tasa más alta de la historia: 367 detenidos cada 100.000 habitantes.

Este aumento sostenido del encarcelamiento se manifiesta en el hacinamiento que se sufre en los lugares de encierro. En diciembre de 2025 la sobrepoblación considerando los 74 establecimientos de la Provincia era del 116%. Al mismo tiempo, continuó descendiendo la población detenida en comisarías: después del 2020 la sobrepoblación en comisarias tuvo una disminución significativa que llegó en diciembre de 2025 al 20%, a partir del trabajo interinstitucional realizado en el marco del Tribunal de Casación provincial, la Autoridad de Implementación y seguimiento del Programa de Cumplimiento de Sentencia creado por la SCJBA. A pesar de este sostenido descenso de la cantidad de personajes detenidas en comisarías, se siguen relevando gravísimas condiciones de detención, falta de acceso a la salud, muertes y alojamiento de personas enfermas.

En la actualidad existen muy pocas instancias legislativas para discutir estos problemas, y los proyectos que se presentan alimentan el punitivismo sin aportar datos, estadísticas o información que permitan un análisis riguroso y serio para abordarlos.