Políticas penitenciarias

En 2025 se realizaron 51.776 entrevistas a personas detenidas en cárceles y alcaidías bonaerenses y en el 76% de esas comunicaciones se relevaron 87.614 torturas u otras violaciones de derechos humanos padecidas por 14.632 personas. Casi el 45% de las víctimas tenía entre 18 y 29 años. Los principales hechos de torturas o violaciones de derechos registrados fueron la falta o deficiente asistencia de salud, con el 24,8%, seguido por el impedimento de vinculación familiar y social, con casi el 21%. La falta o deficiente acceso a la justicia, como consecuencia de los obstáculos que enfrentan las víctimas para comunicarse y obtener audiencias con sus juzgados y defensorías, el desconocimiento de la situación procesal, el armado o fraguado de causas.

La tortura es una práctica sistemática y generalizada en el encierro, en ese sentido en el informe se examinan no solo las características de cada tipo de tortura o violencia sino también la coocurrencia de dos o más categorías sobre la misma o las mismas víctimas.

Sobre la falta de acceso a la salud, el hecho de tortura más denunciado, cabe destacar que 9 de cada 10 muertes dentro del SPB se producen por cuestiones de salud no asistidas, consecuencia de las restricciones para acceder al área de Sanidad o a la atención médica en hospitales, falta o deficiente provisión de medicamentos o dieta especial, falta de estudios o tratamientos, falta de abordaje de la salud mental. A modo de ejemplo sobre la gravedad de esta forma de tortura, se expone lo registrado en la UP 52 de Azul durante 2025.

La población de mujeres y personas trans encarceladas creció en mayor medida que la población de varones durante el último año y se registraron 11.484 hechos de tortura y otras violaciones de derechos humanos padecidos por mujeres y personas trans. De ese total, hubo 129 casos de agresiones físicas, que implica un tipo de tortura intensiva y direccionada. A estas vejaciones y vulneración de derechos se suman los impedimentos para la vinculación familiar, el aislamiento y las requisas vejatorias, entre otras categorías que se examinan minuciosamente en este informe.

Con respecto a las muertes de personas bajo custodia del SPB, en 2025 se produjo un leve descenso del total respecto al año anterior: se registraron 224 muertes, una tasa de 3,9 muertes cada 1.000 personas detenidas, lo que implica una baja del 2,2% respecto al 2024. El descenso se explica casi exclusivamente a raíz de la baja de fallecimientos en la modalidad de detención de monitoreo electrónico.

Sin embargo es importante examinar, entre otros factores, la evolución histórica, la incidencia del sistema de salud en el encierro, las causales de muerte y la intervención judicial. Entre 2008 y 2025 se produjeron 2.756 muertes en cárceles y alcaidías bonaerenses, lo que equivale a un promedio de 156 muertes por año y 13 por mes. En los últimos 5 años se registraron valores superiores al promedio –que asciende a 4,2 muertes cada 1.000 personas detenidas-.

En esa serie histórica que contempla 17 años, la principal causa de muerte informada fue por problemas de salud, con el 74,9% del total (2.065 casos). La segunda causa fue por homicidio, con el 11,1% (307 casos), seguido de suicidio (9,4%, 260 casos) y accidente (1,1%, 31 casos). Se destaca la tendencia descendente de los homicidios que inicia en 2016 y se sostiene hasta la actualidad -al inicio de la serie representaban una de cada 4 muertes (28,6%)-, y el descenso de los suicidios en 2025 que pasaron de 21 a 13, el valor más bajo de todo el período.

De las 224 muertes registradas en 2025, 203 fueron por problemas de salud -el 90% de los casos-, 13 por suicidios, 4 por homicidios y 4 por accidentes. Es de destacar la muerte de personas por enfermedades como tuberculosis o por complicaciones evitables en casos de personas con diabetes que se agravan por condiciones propias del encierro, con 48 muertes por enfermedades respiratorias y 28 por tuberculosis. Respecto a los suicidios, la tasa actual de 2,3 casos cada 10.000 personas detenidas continúa siendo muy superior a la tasa provincial de 0,5 cada 10.000 personas.